David Rivera, un excongresista de Florida (2008-2012) y amigo cercano del senador Marco Rubio, el gran promotor del bloqueo total contra Venezuela y ficha de la extrema derecha en Estados Unidos, confesó que la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en ese país -llamada PDV USA- y su refinería CITGO- son controladas por el grupo extremista Voluntad Popular y por Donald Trump desde mucho antes de aparecer Juan Guaidó en escena.
La confesión de Rivera surgió luego de que Voluntad Popular y Primero Justicia aseguraran que no tienen nada que ver con la demanda que interpuso PDVSA y el Gobierno de Nicolás Maduro contra el excongresista de Florida por estafa.
«PDVSA presentó la demanda el pasado miércoles en un tribunal de Manhattan, Nueva York, contra el excongresista de Florida David Rivera, dueño de la empresa Interamerican Consulting Incorporated, en relación a un contrato de consultoría firmado entre ambos por un valor de 50 millones de dólares, después de no haber recibido los servicios acordados, según registra la acusación», explica una nota del The New York Times el pasado viernes.
El contrato, según el Times, se firmó en 2017 con el objetivo de mejorar la imagen y reputación de PDVSA en Estados Unidos, atacada duramente por la administración Trump.
De acuerdo con la información Rivera, reconocido por sus recalcitrantes posturas contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, fue contratado por PDV USA y altos funcionarios de CITGO que actualmente están arrestados en Venezuela y que al parecer eran controlados por Leopoldo López, un prófugo de la justicia venezolana, actualmente protegido por el Reino de España en su embajada en Caracas y quien ha participado de forma reiterada en distintas acciones sediciosas contra los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
¿Qué dice la demanda?
«La demanda de PDVSA alega que estaba al borde de la quiebra en 2017 y necesitaba alguien que les ayudara a mejorar su reputación y sus relaciones con la clase política estadounidense», cita The New York Times.
El rotativo estadounidense agrega que la empresa de Rivera, Interamerican Consulting, funcionaba desde su propio condominio y su única empleada era una hermana del entonces legislador.
En la demanda, PDVSA sostiene que a Rivera se le entregaron 15 millones de dólares a través de una subsidiaria en Estados Unidos, PDV USA. A cambio, el exsenador entregó dos reportes con un total de cinco páginas con información vaga que no representa lo que se esperaba por 50 millones de dólares.
La compañía de Rivera “no realizó ningún servicio significativo bajo el acuerdo, y definitivamente no llevó a cabo el nivel de servicios que podría razonablemente esperarse por un pago de 17 millones al mes”, durante tres meses, afirma la demanda.
La demanda puntualiza que Interamerican Consulting Incorporated se comprometió en 2017 a ofrecer servicios estratégicos de consultoría para formular un plan que mejorara la reputación de PDVSA. El objetivo era ganarse la confianza de políticos, líderes de opinión, cargos públicos y accionistas de Estados Unidos.
Los demandantes apuntan que la empresa de Rivera sólo entregó dos informes de cinco hojas, razón por la que PDVSA suspendió el pago de los 35 millones de dólares restantes.
La plata la controlaba Leopoldo López
Rivera aseguró que él nunca acordaría trabajar para Maduro y que cuando decidió hacer el acuerdo con PDV USA lo hizo con gente de la oposición controlada por Leopoldo López.
Cuando le preguntaron sobre el contrato y la demanda, Rivera respondió en un mensaje de texto: “pregúntenle a los 6 de Citgo”, refiriéndose a cinco ciudadanos estadounidenses y un residente legal que han estado arrestados en Venezuela desde noviembre de 2017 por delitos de corrupción.
Rivera recalcó que en 2017, cuando se firmó el contrato, trabajaba con la oposición venezolana. “Ellos manejaron todo ese esfuerzo, incluyendo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana, incluyendo a Leopoldo López”, dijo Rivera, quien añadió que la administración Trump tenía conocimiento del asunto.
Tras la confesión de Rivera, el grupo de Leopoldo López y Guaidó, que mantienen secuestrada a PDV USA y CITGO, trataron de desvincularse del excongresista y afirmaron que ellos también ejecutarían una demanda por el mismo caso.
Los $ 15 millones de CITGO sirvieron para la violencia
Rivera además asegura que él no cobró los 15 millones de dólares sino que “fueron a parar a la oposición para financiar las protestas antiMaduro del verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso”.
En declaraciones al Miami Herald, Rivera también mencionó como soporte a su argumento a “los seis de CITGO”, cinco estadounidenses y un venezolano que formaban parte de la directiva para el 2017 y que fueron detenidos en Caracas a finales de ese año.
“Ellos manejaron toda la operación antiMaduro. Incluyó la distribución de dinero, en coordinación con Leopoldo López”, agregó. “Yo les advertí que no fueran a Venezuela. Les dije que sonaba como una trampa de parte de Maduro. Que así fue”.
Durante su legislatura en el congreso, Rivera fue uno de los más grandes promotores del bloqueo a Venezuela, apoyó la expulsión del consul de Venezuela en Miami, y mantiene una estrecha relación con su amigo Marco Rubio, el mismo republicano que impulsó el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Trump contra Venezuela y que les permitieron apoderarse de CITGO.
En 2012, la asociación civil Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington calificó a Rivera como «uno de los miembros más corruptos del Congreso».
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