No le bastó con romper el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia, entonces encabezado por Juan Manuel Santos, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Para el actual régimen del uribista Iván Duque, masacrar, asesinar, perseguir, torturar y desaparecer a todo líder y adversario político parece ser la orden del día.
Desde que Duque comenzó en la presidencia, el 7 de agosto de 2018, han sido asesinados más de 600 hombres y mujeres que fungían como líderes de sus comunidades, la gran mayoría de ellos campesinos e indígenas -más de 200- que comenzaron a ser ajusticiados al ser identificados como supuestos «combatientes guerrilleros», para traer nuevamente a la sociedad colombiana el fantasma de los «falsos positivos» de Álvaro Uribe.
Durante la gestión de Uribe, tutor de Duque, se ejecutaron centenares de colombianos con el falso argumento de ser «guerrilleros», sólo para conseguir inflar cifras sobre la lucha «contra el terrorismo», que finalmente se convirtió en terrorismo de Estado evidenciado en masacres y crímenes de lesa humanidad.
La jornada del pasado jueves -21 de noviembre- había sido ampliamente anunciada por los detractores de Duque, como un día en el que los colombianos alzarían la voz contra su gestión, sus políticas y su manera de llevar al país.
En ese sentido, el alicaído Gobierno de Duque, carente de popularidad y envuelto en decenas de escándalos a lo interno y fuera del país, sabía que la jornada representaba un hito y una fecha que ponía en riesgo la continuidad de su mandato liberal.
El miedo de Duque provenía también de la implosión social originada en países con modelos de gobierno parecidos, como en Haití, Chile y Ecuador, donde las protestas masivas exigen la renuncia de los jefes de Estado, por los índices de pobreza y desigualdad, disminución de la calidad de vida y otros males pactados con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por esa razón, Duque ordenó a militarizar Colombia entera.
Militarización de Duque
Los soldados estaban en todos los rincones dispuestos a controlar las protestas desde un día antes. De hecho, Duque ordenó cerrar las fronteras, así como la captura y expulsión de cualquier migrante extranjero que no cuente con documentos de residencia.
Llegó la jornada, y así como desde un día antes habían militares esperando reprimir a los manifestantes, el clan uribista que actualmente gobierna Colombia, intentaba desprestigiar la protesta, al calificarla previamente de violenta, anárquica y con fines destructivos.
Los grandes medios poco contaron la represión que se vivió en las calles de Colombia, muy al contrario como ocurre cuando ese tipo de violencia se ejecuta en Venezuela, Nicaragua o cualquier otro país con un gobierno que no sea sumiso a Estados Unidos.
Sin embargo, en redes sociales se evidenció la brutal represión de las Fuerzas Armadas, el centenar de capturas irregulares, violaciones de derechos humanos y, lamentablemente, el asesinato de tres manifestantes que exigían la disimión de Duque.
La información de los tres asesinados la tuvo que confirmar el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al día siguiente de las protestas. Desde la Casa de Nariño, dijo que además de los tres asesinados fueron privadas de libertad 98 personas, mientras otras 207 fueron conducidas a estaciones de Policía «para su protección».
En la lista de detenidos también hay ocho menores de edad; mientras que «por órdenes de la Fiscalía» se realizaron 53 allanamientos. Según Trujillo, dos de las muertes se produjeron «en Buenaventura en medio de disturbios y la otra en Candelaria, ambos municipios del Valle».
El ministro -en el cargo tras la salida de Guillermo Botero, quien mintió y ocultó la masacre perpetrada en Caquetá por el Ejército que bombardeó una zona y asesinó a 15 niños y luego ajusticiaron a otros tres– quiso justificar los asesinatos al alegar que se produjeron en «intentos de saqueo» y entre «enfrentamientos» con la fuerza pública.
¿De dónde surgieron las marchas contra Duque?
El diario colombiano El Universal reseña que la marcha del 21 de noviembre nació por una convocatoria tradicional de las centrales obreras a hacer un paro nacional, pero creció como espuma a otros movimientos sociales.
También se sumaron personas que no suelen ser activistas e incluso a primimarchantes, personas que nunca habían asistido a una marcha pero que decidieron intentarlo con ésta ya sea por moda, por el rechazo a Duque o porque era una convocatoria tan amplia que casi cualquiera podía encontrar una razón para salir.
«Eso la llevó a no ser la usual marcha de los movimientos sociales (…) Participaron decenas de ciudades grandes e intermedias como San Gil, con marchas que probablemente no tengan precedentes en tamaño en algunas como Valledupar o Sincelejo», cita El Universal.
La diferencia con esas marchas más usuales también se notó en las demandas múltiples que presentaban los mismos manifestantes.
También fue distinta la relación que inicialmente hubo con la Policía: poca vigilancia y cero choques. Por ejemplo, El Universal destaca que en Medellín los dos mil uniformados no estaban alrededor de los manifestantes, sino más bien cuidando las estaciones del Metro y parados en las calles aledañas”.
Lo mismo pasó en Neiva, Barranquilla, Popayán y Bogotá, donde Duque estuvo primero en un congreso de la Corporación Excelencia en la Justicia, y luego en el Puesto Unificado de Mando para coordinar el manejo de las marchas.
Por eso, era una marcha como la que pedían muchas voces de lado y lado, que aunque por su caudal le ponía presión a un Presidente con baja popularidad, sin un discurso que tenga una bandera fácilmente identificable ni que emocione a la gente, liderando un gobierno con choques intestinos, criticado por aliados políticos y con una incierta agenda legislativa; no le traía dolores de cabeza por violencia y problemas de orden público.
Eso se mantuvo hasta el final en algunos lugares, como Barranquilla. Pero, a medida que pasaba el día fue cambiando para dar lugar a situaciones de violencia en muchas ciudades, que dejan un ambiente más caldeado e incluso una sensación de más falta de gobierno. Una sensación que afecta a todo el país y que podría poner a Duque contra las cuerdas si no logra interpretar adecuadamente el momento.
El cierre de la jornada -además de los asesinatos- sumó saqueos, incendios e incluso disparos en Cali, un cacerolazo armado por redes sociales y que se extendió velozmente por Bogotá y se replicó en otras ciudades como Medellín, Bucaramanga o Barranquilla
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