Los contagios por COVID-19 se incrementan vertiginosamente en el continente americano, epicentro mundial de la enfermedad por tener a los dos países con más casos positivos, Estados Unidos y Brasil, que además son la primera y la tercera nación, respectivamente, con mayor numeros de fallecidos.
Pero, poco se habla en las noticias de las personas que se encuentran privadas de libertad, que durante la ahora llamada «antigua normalidad» vivían en condiciones deplorables y que ahora, en medio de la pandemia se encuentran totalmente expuestas al nuevo coronavirus, además de otras enfermedades preexistentes en los centros penitenciarios, como sarna, tuberculosis, dengue y el hambre.
En ese contexto, y con las bajísimas condiciones de salud preexistentes, miles de presos enfrentan la pandemia y ya la situación comienza a preocupar, sobre todo en los países centroamericanos, región donde las cárceles están abarrotadas.
Centroamérica contabiliza casi un millar de presos contagiados y ya hay un fallecido. El peor escenario pudiera ocurrir, pues la gran mayoría de los presidios de Latinoamérica son espacios hacinados en donde es “imposible” mantener las medidas básicas para el control higiénico y preventivo para evitar las infecciones del nuevo coronavirus.
“Yo sé cómo están las cárceles, cómo se bañan (los reos). ¡Eso no es bañarse por Dios! Es parte del hacinamiento. Las propias estructuras de las cárceles no permiten atender las medidas sanitarias mínimas” que exige el control de una pandemia, declaró a la agencia EFE la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño.
La Comisionada señaló que los problemas de sobrepoblación e insalubridad afectan a las cárceles de todo el continente “salvo muy raras excepciones”.
En el marco de esta pandemia, la CIDH considera que la situación de las prisiones en Panamá “es crítica”, ya que a la población carcelaria “le está impactando de manera desproporcionada” el COVID-19.
Según cifras oficiales, Centroamérica acumula más de 25.000 contagios y al menos 700 muertes por el COVID-19, y Panamá es el país más afectado con 352 fallecidos y 14.095 casos confirmados.
COVID-19 en cárceles panameñas y el Triángulo Norte
En los presidios de Panamá hay 503 infectados, según publica la prensa local en base a fuentes gubernamentales, y la mayoría (333) están en la cárcel de Santiago de Veraguas, que tiene una población de 503 reos.
Las cifras de contagios varían a diario dada “la cantidad de hisopados masivos que se están haciendo” en estos recintos, donde también se ha confirmado el contagio de 26 custodios y funcionarios, reseñó EFE.
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, ha sido detectado en cuatro presidios, incluida una cárcel de mujeres, de los 16 con los que cuenta Panamá y el protocolo que se aplica es el aislamiento de los reos enfermos.
Entre tanto, las autoridades de El Salvador reportan que 142 reos, de cuatro de sus 25 recintos carcelarios, están contagiados con COVID-19, así como al menos cuatro custodios.
Entre los enfermos están 33 reos de un pabellón psiquiátrico, lo que llevó a una corte de vigilancia penitenciaria a pedirle explicaciones a la Dirección General de Centros Penales y al Ministerio de Salud por el contagio de reos con “padecimientos mentales”.
“Estuve en diciembre pasado en El Salvador” y había “privados de libertad en detención provisional con un hacinamiento del 900 %” en un centro. “Ahí no cabía nadie”, comentó Arosemena de Troitiño
Por su parte, en Honduras reportan 30 reos contagiados, 28 de ellos en la Penitenciaría Nacional, la principal del país, y un fallecido, el único reportado oficialmente hasta ahora en los presidios de la región.
Mientras tanto, en Guatemala se contabilizan cuatro privados de libertad con COVID-19, dos mujeres y dos hombres, detectados en tres cárceles del país, que tiene una población carcelaria total de 26.160 reos, 52 % cumpliendo condena y 48 % en prisión preventiva.
Las autoridades han dicho que los presos que se contagien de coronavirus serán trasladados a una prisión en la capital, Ciudad de Guatemala.
Nicaragua, Costa Rica y Belice
Respecto a la situación carcelaria en Nicaragua sobre el COVID-19, no hay información oficial que la confirme o rechace. Simplemente no hay cifras oficiales divulgadas al respecto.
Sin embargo, grupos de familiares de presos han informado de al menos 38 casos positivos, mientras que los reos contabilizan seis fallecidos tras haber adquirido la enfermedad.
En los casos de Costa Rica y Belice, ambos países tomaron estrictas medidas de confinamiento para sus poblaciones carcelarias y así evitar contagios que pondrían en riesgo a miles de personas, no sólo a los privados de libertad sino también a los trabajadores de los recintos penitenciarios.
Las medidas incluyen cercos epidemiológicos sumamente estrictos, sólo ingresan dos tipos de personas: las que trabajan y quienes reciben condena, por medida preventiva o por impago de pensión alimentaria.
Además, las medidas de visitas de familiares están prohibidas para evitar que el virus entre en algún visitante que tenga el patógeno. La única vía de comunicación son los teléfonos públicos de la prisiones.
¿Cómo enfrentar el COVID-19 desde la cárcel?
Un solo preso que caiga enfermo por el nuevo coronavirus generaría un “contagio masivo catastrófico”, advirtieron recientemente dos jueces costarricenses de Ejecución de la Pena de San José, cuando ordenaron al Instituto Nacional de Criminología (INC) sacar de prisión a quienes tengan enfermedades de riesgo ante la pandemia.
Camarotes apiñados, poca ventilación y débiles condiciones de salubridad dificultan seguir las medidas de distanciamiento social en las prisiones.
Ahora “hay una necesidad de que el Sistema Judicial asuma su responsabilidad”, porque una de las causas del hacinamiento es el uso excesivo de la detención preventiva, dijo la comisionada de la CIDH, quien recordó que la gran mayoría de los presos en la región no están aún sentenciados.
“Hay que aplicar lo que el Código permite, eso implica una revisión de la situación de los privados de libertad que puedan ser beneficiados con una medida distinta a la detención”, con ello se estaría “actuando en derecho y atendiendo los estándares interamericanos en materia de derechos humanos”, dijo Arosemena de Troitiño.
La respuesta al drama carcelario, exacerbado en el continente por la pandemia, “no es de corto plazo, pero hay que asumir posiciones de manera inmediata” para comenzar a saldar las “deudas del sistema”, añadió la magistrada interamericana.
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