La precipitada caída que ha tenido Juan Guaidó durante el primer mes de 2020 ya deja ver que su futuro es algo más que oscuro e incierto. Se ratifica que su falsa presidencia «encargada» de Venezuela es una mentira, un mito que se desvanece con el pasar de los días y con el retiro del apoyo internacional que en principio le dieron algunos mandatarios, quienes ahora le sacan el cuerpo y se niegan a recibirlo.
El deterioro de la imagen de Guaidó comenzó en 2019 luego de fracasar continuamente en lo que él llamó «el cese de la usurpación» con planes fallidos como invadir a Venezuela desde Colombia, intentar dar un golpe de Estado al Gobierno que encabeza Nicolás Maduro, llamar a generar violencia en las calles, y estar involucrado en escándalos de corrupción, prostitución, drogas, asesinatos, paramilitarismo, robo de recursos de ayuda humanitaria, entre otros, que le hicieron perder apoyo hasta de sus propias filas.
El mejor ejemplo fue el pasado 5 de enero de 2020, cuando miembros de la propia oposición que antes se prestaron para el show mediático de Guaidó y su intento de crear un Estado fallido, decidieron sacarlo de la directiva de la Asamblea Nacional -organismo que continúa en desacato al orden constitucional venezolano desde el 6 de enero de 2016- para así buscar una solución pacífica, dialogada y constructiva al conflicto político, que en primera instancia requiere el retorno al orden legal de ese parlamento.
De esa manera, Guaidó perdió su cargo como titular del parlamento en desacato, el cual usaba para justificar su autoproclamación como «presidente encargado» de Venezuela, una situación que lo llevó a crear otro parlamento paralelo para autoproclamarse su presidente y así no perder la «legitimidad» que le da Estados Unidos y sus aliados.
Continuas renuncias
Los casos de renuncias a Guaidó tienen varios antecedentes, incluso entre sus más cercanos mentores, como los de Humberto Calderón Berti y de Ricardo Haussman, entre otros nombres que se hacían pasar como «funcionarios» del «gobierno» de Guaidó que prácticamente es ya inexistente.
Otro caso que se sumó recientemente es el de José Ignacio Hernández, un conocido y pupilo de Haussman que vive en Estados Unidos y se mueve dentro del mundo económico opositor referenciado como un «Harvard Boys», un grupo élite perteneciente al lobby de Haussman que está fuertemente vinculados a la llamada «meritocracia petrolera» que ejecutó el paro y sabotaje de esa industria estatal venezolana en 2002.
Esta vez no es diferente a 2002, pues ese mismo grupo está encargado de robar todos los recursos de Venezuela en el exterior, tal y como ocurre con CITGO, la refinería filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos; y Monómeros, filial de PDVSA en Colombia, y que ha sido secuestrada por este lobby que -según ellos- defienden «los intereses de la República» pero terminan depositados en sus cuentas personales y en las de Juan Guaidó.
Pero el caso de José Ignacio Hernández es elocuente, pues era el supuesto «Procurador» de ese para-Estado creado por Washington y que gira en torno a la falsa figura presidencial de Guaidó.
Es decir, Hernández es en última instancia quien suscribe y ‘legaliza’ todos los robos que actualmente ejerce contra la República este grupo que particularmente integran miembros del extremismo de derecha de Primero Justicia y Voluntad Popular.
¿Quién es el ‘Procurador’ de Guaidó?
Hernández guarda fuertes nexos con las empresas Polar, propiedad del multimillonario Lorenzo Mendoza, también con el prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López y el grupo sedicioso Voluntad Popular.
Además, fue el principal ejecutor del fraude perpetrado a la República en 2019, que allanó el camino para que el grupo de Guaidó se apoderara -con apoyo de la administración de Donald Trump- de la refinería CITGO y más de 40.000 millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano.
Este hombre, en Venezuela, es investigado por el Ministerio Público por el delito de «traición a la patria», al estar detrás del caso Crystallex contra Venezuela y el robo de Citgo, que se logra luego que él actuara -presuntamente- ante una corte estadounidense para propiciar que la refinería fuese «embargada».
Hernández, abogado de 44 años de edad, egresado suma cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en 1997. En marzo de 2019, Hernández fue «designado» por Guaidó como «procurador especial»; un falso cargo que «ejercía» desde el exilio.
Este «procurador» está residenciado en Estados Unidos y es el actual director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, donde también tiene labores como profesor de Economía del desarrollo.
Además Hernández trabaja en Harvard con Ricardo Hausmann -quien presume de su venezolanidad- pero desde 2008 es -por voluntad propia- ciudadano colombiano juramentado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez -vinculado a cruentos delitos de lesa humanidad- en un acto realizado el 15 de diciembre de ese año en la presidencial Casa de Nariño.
Perfil de Hernández y caso Crystallex
Hernández recibió en 2001 el diploma de estudios avanzados en la Universidad Complutense de Madrid. Un año después obtuvo el título de doctor en derecho con mención cum laude en esa casa de estudios.
Se ha dedicado a especializarse en varias especialidades del derecho: administrativo, constitucional, libre competencia, regulación económica, de la minería, de hidrocarburos, régimen jurídico del sector eléctrico, de las telecomunicaciones y de protección al comunicador.
Sus primeros pasos los dio como abogado asistente en materia de derecho público en la Corte Primera de los Contencioso Administrativo. Asimismo, formó parte del bufete Grau, García Hernández & Mónaco, que representó a Empresas Polar cuando el gobierno venezolano señaló a la compañía de forjar documentos para tramitar divisas preferenciales y liquidar sus importaciones; lo que le permitió debutar contra el Estado venezolano.
Es profesor titular de las universidades Católica Andrés Bello y Monteávila, es integrante del Centro para el Desarrollo Internacional que dirige Ricardo Haumann en la Universidad de Harvard. En su condición de autor de varios libros, estudios, artículos y monografías sobre derecho público, ha sido profesor invitado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y de la Georgetown University.
Sobre el caso Crystallex explicó que su participación en el proceso «fue como testigo experto independiente de derecho venezolano” y que no tiene responsabilidad alguna, pues según él «es responsabilidad del régimen chavista» por “ejecutar todas las acciones que derivaron en la demanda”.
“Venezuela fue condenada por las expropiaciones socialistas. Ha sido el Gobierno legítimo de Juan Guaidó el que ha logrado poner orden en ese caos”, dijo.
Hernández: «El cargo a la orden pero sin renunciar»
Tal y como lo hizo su mentor, Ricardo Hausmann, en septiempre de 2019 cuando dejó el cargo de ‘representante de Guaidó’ ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Hernández puso a la orden «el cargo» que le «designó» Guaidó, pero eso sí, aclarando primero que es «sin renunciar».
En aquel entonces Hausmann se vio obligado a renunciar luego de que la periodista estadounidense Anya Parampil, de The Grayzone, publicara unas revelaciones sobre las prácticas opacas e hipócritas de este «representante» de Guaidó.
En el caso de Hernández, la puesta a la orden del falso cargo surgió ante la polémica por la aprobación de una «Asamblea Nacional» paralela creada por Guaidó tras salir derrotado y botado de la directiva del verdadero parlamento, todo esto por su vinculación en distintos casos de corrupción y demás escándalos que provocaron la pérdida de credibilidad de Guaidó y su entorno.
Precisamente ese parlamento paralelo creado por Guaidó y otros exparlamentarios decidió aprobar «un fondo de litigio» de 20 millones de dólares para “el pago de honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos de Venezuela en el extranjero”, es decir, recursos para cobrar ellos mismos, los que supuestamente trabajan como «funcionarios» del para-Estado inventado.
El problema para Hernández no es que se aprobara este fondo de litigio y así cobrar los millones de dólares que entregó la USAID y el BID a Guaidó. El fondo de su decisión, de poner el cargo a la orden, es por «si ello contribuye a solventar las diferencias derivadas de la decisión de la Asamblea Nacional (falsa)», pues el grupo referenciado en Primero Justicia decidió salvar el voto, por considerar que debían mejorar detalles en la redacción del documento que ordena la creación del fondo, sobre todo porque pareciera «no estar sometido a controles».
De hecho, el opositor Alfonso Marquina publicó en Twitter una carta enviada a Guaidó, en la que expone los motivos para negarse a aprobar el mencionado fondo, con un detalle clave en la redacción del documento, pues se dirigen a Juan Guaidó como «presidente de la Asamblea Nacional» y no como «presidente encargado» de la República.
Por su parte, el ‘procurador’ Hernandez sí está de acuerdo con la aprobación de este dinero y considera que es «legal y está ajustado al estatuto».
«Esa es mi opinión jurídica, puesto que para defender los activos, es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República».
«En todo caso, ratifico que la Asamblea Nacional debe implementar los controles adecuados antes de la ejecución del fondo, con la urgencia que requiere atender más de cincuenta litigios y proteger los activos de Venezuela», agrega ‘el procurador’.
El miércoles -29 de enero de 2020- Hernández dirigió una comunicación a Guaidó donde explica su decisión y alega que el llamado «fondo de litigio» y las razones jurídicas de su creación han sido «ampliamente debatidas» y no deberían negarse a aprobarla. Por eso, le exige a Guaidó “reglas claras de gobernanza” para cumplir su trabajo.
“Lamentablemente esto causó diversas noticias adversas sobre el manejo de los fondos -que como se sabe, ni siquiera ha sido ejecutado”- expuso Hernández en la carta, que según él mismo «fue filtrada de manera fraudulenta e interesada», pues «es una comunicación privada y confidencial».
A pesar de que Hernández sí apoya la aprobación del «fondo», en la carta filtrada le dice a Guaidó que considera “razonable” “no ejecutar ningún pago basado en el citado acuerdo del 28 de enero, pues las dudas arrojadas por estos partidos políticos pudiesen ser empleados para investigaciones relacionadas con el patrimonio público”.
En la misma carta, además de los obstáculos para cumplir con el cargo asignado, Hernández menciona las “inmerecidas sombras de sospechas” sobre su gestión. “Si no se cuenta con el respaldo de un Gobierno, y como es conocido, un Gobierno que no ejecuta gasto -con todos los controles imperativos y bajo el principio de la rendición de cuentas- no es Gobierno”.
Además, argumenta que hasta que no se genere una «decisión política de consenso» no se tramitará «el pago de los honorarios», situación que “eleva considerablemente el riesgo de los activos en el extranjero”.
Lobby de empresarios multimillonarios
Un reportaje escrito por Víctor Hugo Majano, del portal de investigación La Tabla, revela la existencia de un grupo de «consultoría» que, bajo el nombre código «Cocoon 2.0» y conformado por empresarios y asesores privados, es artífice de acciones de ofensiva financiera y políticas, junto a Juan Guaidó y Leopoldo López, que confirma “la conspiración de sectores muy definidos de la burguesía comercial e importadora” en Venezuela.
Majano describe que en una confesión de Roberto Marrero (exasistente de Guaidó) y datos expuestos en un teléfono celular, “un total de 24 hombres y una mujer (…) analizaban la posibilidad de bloquear los pagos con tarjetas de crédito y débito, la confiscación de CITGO y cambios en la fuerza armada”.
“En el grupo interactuaban 15 asesores privados o empresarios y solo 10 políticos “profesionales”, incluidos Leopoldo López (administrador del grupo), Guaidó y el dueño del teléfono y delator, Roberto Marrero. Por la parte empresarial (además de Hausmann) figuran muy activos el joven economista Douglas Barrios (egresado de la corporativa Universidad Metropolitana) y José Ignacio Hernández, quienes forman parte del equipo de Hausmann en el centro para el desarrollo internacional en la escuela de gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard”, explica Majano.
Todos estos nombres son considerados los «ideólogos» de Juan Guaidó, quien en su más reciente gira internacional vio como los mandatarios de los países que visitó se negaron a recibirlo, como Donald Trump, quien lo dejó plantado en Miami al prefirir ver el Super Bowl.
De hecho, durante su llegada a Bruselas, Bélgica, recibió un tortazo en medio de gritos de «libertad» para demostrarle que no era bienvenido.
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