Viste una polera impresa con la frase que Víctor Jara hizo canción. El derecho de vivir en paz, acompañada por la imagen de un mapuche y el diagrama del meli wixan mapu, la división en 4 puntos cardinales de su cosmovisión. Pasan las décadas y el mensaje es imperecedero. Opera como razón y guía. No es casual que Rubén Collío lo lleve consigo.
La historia ha sido contada. Él y su mujer, Macarena Valdés Muñoz, llegaron hace 2 años al sector de Tranguil (también llamado Tranquil), a pocos kilómetros de la localidad de Liquiñe, donde la cordillera es el límite de la comuna de Panguipulli. En un sitio prestado, se instalaron junto a 3 de sus 4 hijos. Venían desde Santiago con planes. Vivir como mapuche. Pese a que sus ancestros pertenecen a la zona de Boroa, Collío había nacido y crecido en la gran warria (ciudad) chilena. Vivir rodeado de selvas verticales y ríos dispersos en la tierra oscura, era lo que habían bosquejado tantas veces. Aquí se concebiría y nacería su hijo menor.
Por desgracia, la narración también tiene otros hitos. La presencia, desde 2012, de la empresa RP Global, de capitales austríacos, especialista en generar electricidad. Si la búsqueda de los Collío-Valdés era vivir de acuerdo a la espiritualidad mapuche, la empresa veía, como tantas otras, al territorio como un negocio. Como su proyecto no sobrepasaba los 3 megawatts de generación no ingresó al Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) sino que sólo realizó una declaración de pertinencia. En 2012, no bastó la oposición a nivel administrativo de la directora regional de Turismo, que le recordó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) regional que Panguipulli estaba definida como Zona de Interés Turístico (ZOIT), para que el emprendimiento de RP Global fuera aprobado. En 2015, la empresa amarraba acuerdos con organizaciones locales y comenzaba obras. Lo anunciaban en su web, en la pestaña “Comunidad”. En otras palabras, les entregaron dinero al comité de agua potable, a un grupo de tejedoras, a una asociación de pequeños agricultores y un club de adulto mayor. Como en el cercano lago Neltume, cuando la llegada de Endesa-Enel, en 2008, los habitantes, fueran mapuche y chilenos, quedaron divididos en 2 bandos: A favor y en contra de la minihidro.
Collío, llegado de Santiago, comenzó a proveer información a los miembros de la comunidad Quillempan que resistían a RP Global. Donde estaba considerada la consulta indígena, determinada por el Convenio 169, por ejemplo, si el territorio pertenecía a una comunidad mapuche. La empresa, en sus faenas, arrasó un cementerio tradicional, un eltun. Crearon una organización, Newen Tranguil, que cortó la ruta CH 201, a inicios de agosto, reclamando por lo que veían como un nuevo capítulo de la invasión hidroeléctrica a tierras mapuche, y un saqueo a los recursos de todos los habitantes de esta tierra. Los derechos de agua del río Tranguil estaban en manos de privados hace lustros. Los informes señalan a Pedro Ermer Jaque Araneda, que se los vendió a RP Global y sus razones sociales. Por otro lado, la Dirección General de Aguas (DGA) apuntaba 135 derechos concedidos para fines hidroeléctricos. Ese era (y es) el panorama.
La movilización consiguió que la Gobernación Provincial de Valdivia y los servicios estatales pertinentes iniciaran un diálogo con la empresa y las comunidades aledañas. Que se fiscalizaran las obras. “Lo que buscamos es que entiendan que tenemos una propuesta económica propia. No queremos mantener un enfrentamiento constante con las centrales pero sí que se respete nuestra propuesta. Panguipulli, y la zona de Liquiñe, es una zona turística que ha desarrollado una propuesta; eso no se ve en otros lados, donde sólo hay oposición”, cuenta Collío. “Desde distintas organizaciones se ha enfocado el küme mongen (buen vivir), y parte importante de eso es tener una buena relación con nuestro entorno”.
Una paleteada entre amigos
Quizás sin proponérselo, Collío y su mujer, Macarena Valdés, protagonizaron la resistencia. Él como werken (vocero) de la organización. Mientras avanzaba la construcción de la hidroeléctrica (a pocos kms de su casa), se negaron a la instalación de los cables de alta tensión que pasaban por fuera de su predio. En esas semanas de agosto, comenzaron las amenazas contra la pareja. Esta historia consigna que el 21 de agosto, Mónica Paillamilla, a quien pertenece el terreno donde vivía el dirigente y su familia, recibió en su casa, en las cercanías de Villarrica, la visita de 2 hombres, Juan Luengo y Osvaldo Jaramillo, que le señalaron que había gente de la comunidad que quería golpear a Collío y que lo sacara de allí. La mujer constató que ambos se movilizaban en una camioneta que lucía el logo de RP Global. No fue todo, eran parte del comité de agua potable y reconocieron trabajar para la empresa. Se retiraron tras dejar ese mensaje amenazante.
La tarde del lunes 22 de agosto Macarena Valdés fue encontrada colgando sin vida, desde una viga en el interior de una de los cuartos de su casa. El hallazgo lo hizo un hijo, que había regresado desde la escuela. Rubén Collío, que había salido horas antes para un trabajo en una vivienda aledaña, fue alertado por un vecino. Carabineros llegaría poco después. Su actuación genera preguntas. El parte policial indica que fue el carabinero Efraín Lienlaf, de la tenencia de Liquiñe, quien realizó el procedimiento. Sin embargo, Collío ha manifestado que el teniente Francisco Sánchez fue quien estuvo a cargo de una labor llena de irregularidades. Por ejemplo, que el carabinero fue visto con la soga en las manos, paseándose por el lugar, así como con el cuchillo con el que el hijo cortó la cuerda desde la viga. “El sitio del suceso fue adulterado. Cuando llega la PDI se encuentran con los objetos cambiados de lugar”, recuerda el dirigente.
Sánchez reaparecería al día siguiente, junto a obreros de la subcontratista CAM GyM, que trabaja para SAESA, la empresa regional de electricidad, pero su rol fue cuidar la instalación del cableado.
El rol policíaco se repetiría en peores términos el 13 de octubre cuando un contingente de FFEE, que incluía vehículos blindados, resguardó la puesta del tendido de alta tensión. Collío intentó resistir el trabajo de los mandados y fue golpeado por los carabineros. El mayor a cargo del operativo fue Richard Gutiérrez Lamilla, el mismo que, según una investigación de Contraloría, empleó, en 2015, un camión institucional y a 15 cadetes de la Escuela de Formación Policial de Carabineros para una mudanza privada.
“Tenemos claro que hay un diálogo frecuente y cercano entre la empresa y Carabineros. Por algo llegan, sin tener mandato de nadie. No hay una orden judicial ni de Gobernación Provincial que mueve a FFEE. Hay más bien, una paleteada así como entre amigos”, enjuicia el werken. “Lo otro es que haya funcionarios corrompidos por el poder económico pero una de las 2 cosas es”.
En aquella oportunidad, la Gobernación Provincial solicitó un informe a Carabineros sobre el procedimiento empleado. A meses de ocurridos los hechos, la institución uniformada aún no envía tal documento.
Por su parte, el INDH regional, que también se reunió en aquellas semanas con Collío, ha indicado que han desarrollado un “acompañamiento a la comunidad y un seguimiento del caso”. Oficiaron a la Gobernación y Carabineros para conocer la naturaleza del procedimiento usado en Tranguil. “Nos llamó la atención la custodia a una empresa privada. Además, por qué se hizo si no era necesario”, señala Constanza de la Fuente, Jefa Regional (suplente) del organismo.
La autopsia cuestionada
El 23 de agosto, tras una autopsia, el Servicio Médico Legal de Valdivia, caratuló la causa de la muerte de Macarena Valdés Muñoz como “asfixia por ahorcamiento” y que su cuerpo no presentaba lesiones atribuibles a terceros. Certificaba que se trataba de un suicidio. El informe era firmado por el médico legista Enrique Roco.
Junto a la abogada Manuela Royo, Rubén Collío presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables de la muerte. Esta fue acogida por la Fiscalía de Panguipulli. Antes, Collío debió bregar con Pablo Silva, el fiscal adjunto (subrogante) quien le señaló que el caso de su mujer “estaba listo”, remitiéndose a la tesis del suicidio. Pese a que la acción legal se encuentra en curso, Silva reafirmó su opinión a los medios regionales, a fines de noviembre. No está claro cuándo Fiscalía realizará las diligencias solicitadas por los querellantes.
El werken señala que ha reconstruido, en base a relatos personales, fragmentarios, la dolorosa historia del territorio, tras la represión dictatorial al Complejo Maderero Panguipulli (COFOMAP), en 1973. “En razón de aquello la gente de mi comunidad sabe que lo que pasó en mi casa fue un asesinato. Yo también tengo esa claridad. No por un tema emocional sino porque la historia nos señala que esto ya había pasado. Pero a diferencia de eso, yo me levanto y pataleo por justicia, quizás ilusamente. Hacia allá van encaminados mis esfuerzos”.
Tras la muerte de Macarena Valdés, las amenazas telefónicas continuaron contra comuneros opuestos a la hidroeléctrica.
En las últimas semanas, la autopsia fue cuestionada por Luis Ravanal, médico, Master en medicina forense, en razón a lo escueto de su análisis. El profesional también recordó que Rocco ha sido criticado por irregularidades en anteriores procedimientos. “La autopsia es incompleta, con numerosas omisiones descriptivas e insuficiente recolección de muestras, lo que impide actualmente determinar con certeza si se trata de una acción de tipo suicida u homicida”, señala.
Según se indica en el informe forense, venas yugulares, hueso hioides y tráquea no presentan lesiones. Para Luis Ravanal “es muy extraño que ninguna de las estructuras situadas bajo la zona de compresión del surco (de ahorcamiento), a nivel cervical, no presenten signos de infiltración hemorrágica (signos de vitalidad), especialmente a nivel de los vasos sanguíneos y estructuras que conforman la laringe, al igual que en el hueso hioides, todos indemnes”.
Tras poner en duda la autopsia a Macarena Valdés, a través de una entrevista en la web de Radio Villa Francia, Luis Ravanal fue contactado, por correo electrónico, por la empresa para que realizara un informe. “El Sr. Christian Linsenmeyer, Director Comercial de la empresa RP Global Chile S.A., me contactó el 24 de octubre, por recomendación de un Fiscal de la zona, solicitando una opinión respecto al caso, a lo cual accedí, dado que se trata de una opinión técnica, que es absolutamente independiente de quien contrate los servicios. Sin embargo, luego de un par de contactos, no volvieron a comunicarse, sin concretar ningún acuerdo respecto al análisis, por lo que asumí que declinaron la solicitud”, señala el forense.
Respeto y justicia
Semanas atrás, Fiscalía de Panguipulli emitió una orden de paralizar las faenas, acogiendo una demanda de la comunidad Quillempan por extracción ilegal de ripio por parte la RP Global. “Extrañamente cuando fueron a notificar (en terreno) no había nadie. La faena no se paralizó porque no hubo notificación. Coincidente con eso, la empresa anunció el término de las obras. Pero yo vivo en el camino y todos los días veo camiones que pasan con ripio. En la práctica siguen trabajando”, señala el werken.
Los planes que Rubén Collío, alguna vez, bosquejó con Macarena Valdés, han sido truncados. Lo manifiesta con pesar aunque no desea calificar lo suyo como un caso aislado. Es una situación como pueblo, y quiere que estos penosos hechos no se repitan. “Necesitamos sentar las bases políticas y legislativas para que quede estipulado, claramente, que siendo una zona de interés turístico (ZOIT) no sea posible que entre una central. Eso es lo que le pedimos a los funcionarios (de gobierno): Un compromiso claro porque no queremos entendernos a través de la violencia”, asevera.
A esa demanda se añade otra, de similar profundidad: “Con la poca fuerza que me queda, tengo que mantenerme parado, sostener a mis hijos y buscar justicia. Esa es mi prioridad y que los responsables paguen. Yo puedo seguir viendo a mi familia siempre que el sujeto que mató a mi mujer esté preso. No busco que otra gente agache la mirada cuando me ve y se avergüence. Yo busco justicia”.
Texto y fotos: Felipe Montalva
*Reportaje publicado en la edición 203 de la revista de El Ciudadano. Enero de 2017