Los sectores radicales que integran la extrema derecha en Venezuela -Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática- y que promocionan falsamente la instauración de un Estado paralelo que gira en torno a la figura de Juan Guaidó, han ejecutado durante los últimos dos años varios intentos para tomar el poder político a través de la violencia armada.
La primera ocasión que marca hito en los recientes actos sediciosos del ala más radical de la oposición venezolana se produjo el 4 de agosto de 2018, cuando factores extremistas, siempre apoyados, financiados y promovidos por los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, en este caso de Iván Duque y Donald Trump, respectivamente, intentaron ejecutar un magnicidio masivo con el uso de drones.
Ese día, el presidente Nicolás Maduro se encontraba en un acto oficial con motivo del 81 aniversario de Guardia Nacional Bolivariana. En la tarima donde se encontraba el Jefe de Estado -como suele suceder en este tipo de actos protocolares- también estaban presentes los distintos dirigentes de los demás Poderes Públicos del Estado, el Alto Mando Militar, entro otros ministros y representantes del Gobierno.
Ese atentado buscaba generar una masacre y dejar al país sin control político, mediante el uso de dos drones cargados con explosivo C4 que pretendían explotar en la tarima. Finalmente, la operación fracasó.
Para aquel momento se descubrió que Julio Borges fue uno de los principales organizadores del plan, sobre todo por el trabajo que realizó en Colombia, cuando aún no aparecía en los medios el nombre de Juan Guaidó. De hecho, el presentador de televisión peruano residenciado en Miami, Jayme Bayly, confesó que había asistido a una reunión realizada en Florida donde planificaron el atentado.
Aunque Duque no había asumido la Presidencia de Colombia, que tomó oficialmente el 7 de agosto, tres días después del intento de magnicidio contra Maduro, las investigaciones venezolanas apuntan a que siempre estuvo involucrado. De hecho, parte de su campaña electoral se fundamentó en que, si triunfaba, desconocería a Nicolás Maduro y rompería las relaciones con Venezuela.
Desde entonces, las acciones sediciosas contra Venezuela y cada cierto tiempo son ejecutadas operaciones paramilitares con el fin de derrocar a Maduro, todas abiertamente apoyadas y financiadas por Trump y Duque, que presta su territorio para proteger y entrenar a mercenarios que luego son usados en los ataques armados contra el pueblo venezolano.
El Cututazo y el Venezuela Live Aid
Ya con Guaidó en titulares de la prensa internacional, el 24 de febrero de 2019 se da el llamado Cucutazo, un intento de invadir a Venezuela con el uso de grupos paramilitares apoyados y alentados por los Gobiernos de Colombia, Estados Unidos, Chile, Paraguay, Argentina, Perú, entre otros; para hacer ingresar a territorio venezolano armamento de guerra e instrumentos para la generación de violencia callejera que pretendía ser pasado en camiones que supuestamente cargaban «ayuda humanitaria».
Otros actores que estuvieron involucrados en aquel intento de invasión fueron varios empresarios, uno de ellos el británico Richard Branson, magnate multimillonario que financió el concierto «Venezuela Live Aid» previo a la acción sediciosa, evento que se realizó el 23 de febrero en Cúcuta, supuestamente para recaudar fondos millonarios que terminaron robados y en los bolsillos de Guaidó y su entorno.
Para aquel momento, otro empresario también se frotaba las manos, era Jordan Goudreau, jefe de la empresa de mercenarios SilverCorp USA INC, quien ya planeaba instalar una base militar de mercenarios en la frontera con Venezuela bajo la directriz de su jefe principal: Donald Trump, a quien también le cumplía labores de escolta personal.
El siguiente capítulo fue el 30 de abril de 2019, cuando la extrema derecha intentó un alzamiento militar para generar un fallido golpe de Estado. Ese día, un grupo de militares que ya trabajaban coordinadamente para el plan creado por Estados Unidos, sacaron a Leopoldo López, jefe de Voluntad Popular, de su condición de privado de libertad cuando tenía un beneficio de casa por cárcel y se encargaron de llevarlo junto a Guaidó hasta las afueras de la Base Militar La Carlota, en Caracas, para difundir un video que buscaba que otros militares se insubordinaran.
La acción no tuvo incidencia alguna dentro de la Fuerza Armada venezolana y quienes participaron tuvieron que huir o refugiarse en las embajadas de Brasil, España, Chile y Argentina; mientras otros se fugaron a Colombia con el aval de Iván Duque.
Venezuela descubre inicios de la Operación Gedeón
Ese fracaso marcó la vertiginosa caída de la popularidad de Guaidó, quien luego se vio más ensombrecida por los innumerables escándalos de robo de recursos al Estado venezolano, corrupción, robos, narcotráfico, paramilitarismo, prostitución, abuso de drogas, compra de bienes de forma ilícita, entre muchos otros.
En marzo 2020, cuando el propio Gobierno de EE. UU. comienza a promover la salida de Guaidó como falso «presidente interino» para crear un «Gobierno de transición», se descubre un plan que forma parte de las mismas acciones generadas desde 2018 para intentar derrocar a Maduro y su Gobierno.
La policía de transito de Colombia incautó armas de guerra en la frontera con Venezuela, mientras la inteligencia venezolana descubrió un complot con fines sediciosos que vincula a Guaidó con varios prófugos de la justicia, entre ellos militares desertores de la Fuerza Armada Nacional y de cuerpos policiales, quienes integran una red criminal que planifica magnicidios selectivos y generar acciones terroristas.
Uno de sus coordinadores es el prófugo Cliver Alcalá Cordones, quien trabaja para el régimen de Trump, y cuya responsabilidad era hacer ingresar este lote de armas para entregarlas a mercenarios que ya estaban en territorio venezolano, y perpetrar asesinatos a líderes del Gobierno.
Tras ser descubierto el plan, Alcalá Cordones ofreció una entrevista al medio colombiano WRadio en la que confirma que sí son responsables del plan y que Guaidó había firmado un contrato para ejecutar esta maniobra paramilitar, bajo la coordinación de dos agentes del Gobierno de EE. UU. que calificó como asesores.
En esa misma entrevista, hablaótambién de Robert Colina Ibarra, alias «Pantera», un militar desertor que fue escolta del ex ministro de Comunicación, Andrés Izarra, y que estaba encargado de uno de los tres campamentos de entrenamientos de mercenarios ubicados en la frontera, en la localidad colombiana de Riohacha.
Al saberse el escándalo, Washington busca salir al paso al sacar un listado de «Se Busca» al estilo del lejano Oeste, en el que ponen precio a la cabeza de Maduro de 15 millones de dólares y varios de los miembros de su tren Ejecutivo por 10 millones de dólares cada uno, a los que sumaron varios exfuncionarios que ahora trabajan para ellos y que son utilizados como fuentes para justificar, con falsos testimonios, la supuesta existencia de una red narcotraficante, entre ellos Alcalá Cordones.
De hecho, cuando Alcalá Cordones daba la entrevista, la interrumpe abruptamente porque dice que lo está llamando «un asesor» estadounidense y que luego devolvía la llamada, pero no se comunicó más.
El plan, ahora conocido como «Operación Gedeón», quedaba a medias, y su principal estratega, el estadounidense Jordan Goudreau, quien mantenía los entrenamientos de 60 hombres en la frontera de Colombia con Venezuela, decidió proseguir la orden de Trump de acabar con el Gobierno de Maduro.
Los mercenarios entrenados en Colombia
El domingo 3 de mayo de 2020, efectivos de la Fuerza Armada en cooperación con la Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) descubrieron la incursión de un grupo de mercenarios en las costas de Macuto, estado La Guaira, que pretendía entrar al país para realizar asesinatos selectivos que había develado la inteligencia venezolana.
Luego de que las autoridades venezolanas dan con estos mercenarios, el estadounidense Goudreau ofreció una entrevista desde Colombia, vía videollamada, a la periodista y prófuga de la justicia Patricia Poleo, quien vive en Miami, Estados Unidos.
En esa entrevista, Goudreau asume la incursión militar y alega que sus hombres decidieron hacerla porque Juan Guaidó los había traicionado al no financiar su estadía en Colombia, donde los tenía pasando hambre y que los utilizaba como pretexto para enriquecerse.
De esa forma, Goudreau muestra el contrato firmado por Juan Guaidó, Juan José Rendón, Sergio Vergara y Manuel Retureta, el cual establece que le pagarán a SilverCorp USA INC la cantidad de 212 millones de dólares para ejecutar «la liberación de Venezuela». El mercenario declaró que decidió develar los firmantes del contrato porque lo habían violado, al no cancelar «ni un centavo» de lo acordado.
El contrato establece que las garantías de pago que les dan a la empresa contratista de mercenarios es el petróleo venezolano, seguramente del mismo dinero robado a CITGO y Monómeros, filiales de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el extranjero, específicamente en Estados Unidos y Colombia.
Posteriormente se supo que en ese grupo de asalto paramilitar que incursionó por Macuto estaba «alias Pantera», quien falleció en la operación ejecutada por las autoridades venezolanas.
La segunda incursión fallida fue interceptada el lunes 4 de mayo de 2020, cuando las autoridades y un grupo de pescadores dieron con un grupo de terroristas que pretendía entrar esta vez por las costas de Aragua, específicamente por Chuao.
Las alertas por la operación mercenaria que se sabía en marcha, así como el patrullaje del pueblo y la unión cívico-militar, permitieron la captura de otros 10 mercenarios en dos operaciones adicionales.Todos capturados con vida.
En este grupo se encontraban dos agentes de estadounidenses de SilverCorp, a quienes los demás detenidos identificaron como miembros de la seguridad personal de Trump y que responden a los nombres de Airam Berry y Luke Denman, quienes rindieron confesiones detalladas que incriminan a Trump, Duque y al narcotráfico colombiano.
En ese lote de capturados también estaban dos funcionarios policiales, el hijo del exgeneral Raúl Isaías Baduel, también vinculado a estos planes, y el capitán desertor Antonio Sequea, quien participó en la intentona fallida del 30 de abril de 2019 en La Carlota.
Hasta la fecha, las autoridades han logrado capturar a un total de 46 mercenarios y siguen tras las búsqueda de otros seis que según testimonios de los detenidos se encuentran en el país. De la misma forma son buscados con alerta roja de Interpol los prófugos de la justicia venezolana J.J. Rendón, Sergio Vergara y Jordan Goudreau.
A todos estas acciones hay que sumar la campaña de guerra sucia mediática contra Venezuela, las acciones que ejecutó el Grupo de Lima, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los Gobiernos cómplices y serviles a Trump, para recrudecer el bloqueo total y el sabotaje petrolero, que de la misma forma buscan generar una salida de Maduro de forma abrupta.
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