El pasado domingo -16 de febrero- fueron suspendidas las elecciones municipales en República Dominicana mientras se realizaba el proceso en plena votación. La decisión se adoptó debido a un fallo técnico en el sistema de voto automatizado que se utilizaba por primera vez en el país, con el visto bueno de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Esta situación ha generado acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición; al punto de poner a tambalear el orden democrático del país caribeño.
La votación fue suspendida a las 11:11 de la mañana, cuatro horas después de que se abrieran los colegios electorales. Justo en ese momento había largas filas ante los centros de votación en Santo Domingo y en otras 17 ciudades en las que se trataba de implementar el sistema.
La suspensión es inédita en un país que ha gozado de cierta estabilidad política en las últimas décadas, a pesar de la cruenta desigualdad social y la pobreza extrema reinante en los sectores populares; y las habituales denuncias de fraude cada vez que se realizan elecciones desde 1966.
La falla técnica provocó que no aparecieran todos los partidos o candidatos en la pantalla de las máquinas de votación. Este escenario generó airadas críticas de las fuerzas políticas afectadas en las primeras horas del día.
Estos problemas técnicos habían sido constatados por las autoridades electorales en la noche del sábado, fueron comunicados a los partidos políticos y a los observadores internacionales y aún así decidieron hacer el proceso.
A pesar de conocer los errores, la Junta Central Electoral (JCE) no decidió interrumpir el proceso hasta que se constató que los fallos se produjeron de forma generalizada en aquellas circunscripciones en donde se usaba el voto automatizado.
Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE, afirmó que la nueva fecha de las elecciones municipales se decidirá en acuerdo con el liderazgo nacional. Sin embargo, los electores consideran que la suspensión obedece a un truco del Gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) -que según las encuestas perdería por amplia ventaja- para tratar de no perder el control del poder y dar chance a ejecutar algo que les permita mantenerse.
De acuerdo con la Ley Electoral Dominicana, existe un plazo de 30 días para convocar las elecciones después de que se confirme la anulación del proceso. No obstante, algunos sectores políticos no descartan que se hagan coincidir con las presidenciales y legislativas del próximo 17 de mayo.
Mientras tanto, las calles de Dominicana han sido tomadas por los ciudadanos, quienes se manifiestan en contra del régimen de Medina y denuncian el fraude que se pretende ejecutar.
Críticas al ente electoral y acusaciones
La suspensión de las votaciones causó un torrente de acusaciones cruzadas entre los principales partidos políticos, así como un aluvión aún mayor de críticas hacia la autoridad electoral.
La suspensión de los comicios es un grave atropello a los derechos democráticos de los ciudadanos, que desemboca en una grave crisis institucional. Así lo afirmó el líder opositor Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Por su parte el PLD, formación del presidente Danilo Medina, aseveró que se produjo un sabotaje en las máquinas de votación y acusó de participar en él a sectores internos del organismo electoral.
Aunque no acusó abiertamente a la oposición de ser responsable del presunto sabotaje, el presidente del PLD, Temístocles Montás, sí sostuvo que -según él- los opositores son los principales beneficiarios del mismo.
Del mismo modo, arremetió contra Abinader por presionar a la Junta para que suspendiera las elecciones y acusó a la oposición de haber desacreditado el sistema de voto automatizado desde que se puso en prueba.
El voto automatizado permite elegir el candidato en una pantalla y después imprime la papeleta, que luego se debe introducir en la urna. Su gran ventaja es que permite acelerar el recuento.
Las máquinas de votación se usaron por vez primera, con gran polémica, en las primarias del pasado 6 de octubre, que celebraron el PLD y el PRM, los dos mayores partidos del país.
El ex presidente Leonel Fernández -antiguo miembro del PLD- y fundador del Fuerza del Pueblo- lidera todas las encuestas para la presidencia y se opone al voto automatizado porque no cuenta con todas las garantías de seguridad y verificación necesarias para su aplicación.
Por esta razón, Fernández ha desacreditado constantemente el sistema que, según su propia experiencia, fue clave para cometer un fraude en su contra y favorecer en las primarias a Gonzalo Castillo, ahijado político del actual Mandatario y ahora aspirante presidencial.
Debido a estas polémicas, la autoridad electoral decidió acotar el uso del voto automatizado en las municipales a 1.772 recintos, 11 % del total, pero que representan cerca del 60 % del electorado.
En el resto de las circunscripciones, en su mayoría en zonas rurales, los electores estaban marcando su voto a mano en las boletas de papel, como se hizo siempre.
Casi 80 millones de dólares perdidos
La suspensión de las elecciones ha tenido un alto costo en un país que cuenta con 10 millones de habitantes. Para estos comicios, la JCE adquirió 55.000 máquinas de votación, que podrían no volver a utilizarse, a un costo de 19 millones de dólares desembolsados a la empresa Digiworld, ganadora de la licitación.
A este dinero se suma el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda para la organización de las elecciones, que ascendía a 3.182,9 millones de pesos, unos 60 millones de dólares.
A parte de los presupuestos oficiales, la suspensión también tuvo repercusión en el bolsillo de algunos ciudadanos.
Por ejemplo, una electora identificada como Beatriz Díaz dijo a la agencia EFE -en un colegio electoral- que su hija se había desplazado desde Estados Unidos por las elecciones y se tuvo que marchar sin poder votar.
“Lo lógico es tener confianza en este sistema, ha sido auditado y revisado”. Estas palabras, dichas públicamente cuatro días antes de las elecciones, pueden haberle pesado al jefe de la misión de observación electoral de la OEA, el expresidente Eduardo Frey.
Sin embargo, los comicios fueron suspendidos, tras verificarse un “fallo técnico” en el sistema automatizado de votación.
Hasta el martes, las teorías parecen sobrar en Santo Domingo entre los actores políticos. Desde un sabotaje a los servidores de la Junta Central Electoral, hasta una falla generalizada por manejos apresurados al sistema automatizado, son parte de las hipótesis difundidas, mientras en las calles la gente protesta, denuncia un eventual fraude electoral y exige la renuncia de los magistrados que dirigen la JCE.
Luego -en el medio- está la OEA, cuya influencia ha estado rondando los predios del organismo comicial desde 2019, al punto de compartir la responsabilidad entre quienes certificaron el sistema de votación automatizada que por segunda vez se utilizaría en el país.
La OEA y EE. UU. detrás de la crisis
La periodista venezolana Taynem Hernández escribió un artículo de opinión titulado «¿Qué está haciendo la OEA en República Dominicana?«, en el que describe lo relacionado con la suspensión de las elecciones.
En el texto, Hernández comenta que en noviembre de 2019, el presidente de la JCE viajó a Washington para firmar con la OEA el convenio de observación electoral para las elecciones del pasado domingo.
Allí recibió “recomendaciones de funcionarios” del organismo para solicitar a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) “su apoyo para gestionar ante la Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos (EAC, por su sigla en inglés) una colaboración técnica para auditar el software y el sistema de votación automatizado”.
«Así se hizo. En esos mismos días se hizo la solicitud al IFES, fundación dedicada a temas electorales, patrocinada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, entre otros; y que coordinó que la auditoría fuera pagada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), ampliamente conocida en Venezuela por encargarse de buena parte de la distribución de los recursos financieros para las operaciones que ayuden a derrocar al presidente Nicolás Maduro», explica Hernández.
Asimismo, agrega que, de acuerdo con el acta 43-2019 de la sesión de la JCE del 17 de diciembre, en la que se aprobó hacer pública esta solicitud, se describe que la auditoría incluía un análisis de los códigos fuente (instrucciones que debe seguir el equipo de computación para ejecutar un programa); la integridad y seguridad de la data, la transparencia del sistema y “cualquier otro elemento que arroje tranquilidad tanto a los actores políticos como a la sociedad civil, que participará en la contienda electoral”.
La auditoría al sistema automatizado de votación pagado por Washington se realizó en la última semana de enero. Según el informe presentado el 7 de febrero, “el equipo de evaluación no identificó ninguna deficiencia importante en el sistema de votación automatizado que se utilizará en las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020”.
Hernández también comenta que cuando el informe fue fechado ya se conocían los resultados. Incluso, lo sabía el presidente de la JCE, quien se reunió con los representantes del IFES y de USAID, la tarde del 24 de enero “para discutir los resultados de la evaluación prelectoral”.
«Horas antes, en un hotel de Santo Domingo, también fueron informados los miembros de un equipo técnico de la OEA que había sido enviado para esa tarea. En el resumen de reuniones, incluido en el informe de IFES, se lee: “Reunión, 24 de enero de 2020, mañana (Hotel El Embajador).
El propósito de la reunión fue compartir los hallazgos preliminares del equipo de evaluación con la OEA y discutir posibles problemas que podrían surgir con el sistema de votación automatizado. A la reunión asistieron representantes de la embajada norteamericana, la Usaid, la IFES, la OEA y evaluadores de Pro V&V”.
¿Cuáles eran los “posibles problemas que podían surgir” que no se describen en el informe? ¿Acaso se discutió con los magistrados de la JCE sobre esos posibles problemas? ¿La auditoría recomendada por la OEA y pagada por Washington detectó alguna vulnerabilidad que prefirió callar?
El caso es que el sábado 15 de febrero en la noche, a horas de iniciarse los comicios, tanto la misión de la OEA como una misión de asistencia técnica del IFES participaron en una reunión en la JCE en la que se les informó la detección de fallas en los equipos de computación y la disposición a arreglar los errores antes de que iniciara la jornada electoral.
A las 11:00 horas del domingo se suspenderon las elecciones. A partir de allí, la actividad de la OEA se aceleró. La misma noche del domingo se reunió con Danilo Medina y después, nuevamente, con las autoridades de la JCE. El lunes 17 la misión se reunió con cada uno de los tres candidatos presidenciales (quienes deben ir a elecciones en mayo próximo).
Los cuatro dirigentes políticos, incluido el Primer Mandatario, aseguraron públicamente que era necesaria la presencia de la OEA. El mismo día, la JCE anunció la fecha de las nuevas elecciones municipales. Más importante que eso, informó la decisión que los comicios se realicen con boleta física y desechar el sistema automatizado. La OEA saludó el voto manual. El IFES también«.
¿Qué dice Leonel Fernández?
Por su parte, Fernández indicó que el voto automatizado quedó enterrado luego del fallo presentado por el sistema en la celebración de los comicios municipales.
El expresidente Fernández (1996-2000; 2004-2012) señaló que para que el sistema de voto automatizado sea óptimo deben tomarse en cuenta varias medidas de seguridad que no fueron acogidas por la JCE.
“En principio todos los partidos aceptaron el voto automatizado, pero para aplicarlo hay que tomar una serie de medidas que tienen que ver con la certificación de los equipos y con la auditoría técnica previa al programa de software, el código fuente», subrayó Fernández el lunes.
También dijo que ante la ausencia de este tipo de medidas protocolares, el sistema fracasaría en República Dominicana o en cualquier parte del mundo.
“Si eso no se hace entonces no hay garantías de seguridad e integridad al sistema electoral. Aquí no se hizo, nosotros lo reclamamos constantemente, evidentemente que en ausencia de esas medidas protocolares, en cualquier lugar del mundo, electrónico o automatizado va a tener que fracasar”, manifestó.
En una alocución presentada el lunes, Fernández dijo que parte de los fallos del sistema fueron la exclusión de candidatos de la pantalla, imágenes de partidos y candidatos truncadas, entre otras irregularidades.
“El único partido que extrañamente no se vio afectado por ninguna de estas circunstancias anómalas, fue el partido de gobierno, cuya actual cúpula dirigencial, desde hace algún tiempo, viene cultivando una inescrupulosa conducta de irrespeto a la Constitución, de desconocimiento de la institucionalidad democrática y de quebrantamiento de la voluntad popular”, indicó Fernández.
¿Colapsó la democracia representativa?
El periodista y politólogo dominicano Juan Carlos Espinal instó a la oposición a denunciar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un «golpe electoral cívico-militar» para sabotear las elecciones, apoyado y planificado por el gobierno de Danilo Medina.
“Si la oposición permite y no le hacen un juicio político al presidente de la Junta Central Electoral, y al mismo tiempo se querella formalmente ante los tribunales de la República, si no se retira de las elecciones en conjunto, hasta tanto hayan garantías constitucionales, entonces de aquí a mayo se repetirá lo que ha hecho el gobierno de Danilo Medina y el Comité Político del PLD, en conjunto con sectores del CONEP, con sectores de FINJUS, con empresarios y la iglesia; en combinación con sectores de la geopolítica internacional, encabezados desde la OEA, y al frente de esto (Luis) Almagro. Si ocurre eso aquí pasar la misma situación del 6 de octubre y del 16 de febrero, en mayo”, precisó Espinal.
Además, la opinión de Espinal quedó plasmada en un artículo publicado el pasado lunes, en el que explica que 32 encuestadoras, tanto locales como internacionales, realizaron investigaciones sobre las preferencias políticas, y colocan a Fernández como principal candidato a ganar.
«El pasado 6 de octubre se realizaron las primarias abiertas del PLD. Danilo Medina se impuso como precandidato presidencial a Gonzalo Castillo. Allí se hizo uso del presupuesto de Obras Publicas y se ejecutó el primer fraude electrónico masivo de la historia electoral del país«, describe Espinal.
En ese sentido, indica que según Participacion Ciudadana, ONG adscrita a Transparencia Internacional, que a su vez posee vínculos con la Usaid, Medina y su Gobierno pusieron en ejecución la compra del 32 % de los electores.
El 20 de octubre de 2019 se produjo un acontecimiento histórico que marcó la salida del entonces presidente historico del PLD, Leonel Fernández.
Según Gustavo Sánchez, miembro comite central PLD, el 40 % de la matrícula del partido renunció y se juramentó en Fuerza del Pueblo, tras la salida de Fernández.
De acuerdo con la encuesta Gallup, el 67 % población rechazó el proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina para un tercer mandato. «Ello provocó la militarización del congreso nacional y 35 días de movilización popular en los 158 municipios y 234 distritos municipales».
Según la encuesta, el rechazo de la población a los miembros jueces de la JCE antes del día 6 de octubre alcanzaba el 55 %. Luego, 90 días después de Leonel Fernández renunciar al PLD y fundar el partido Fuerza del Pueblo, la encuesta Mark and Penn establecía que 19 % de los dominicanos respalda su candidatura presidencial.
Fernández y su equipo legal debieron sortear 29 impugnaciones judiciales a su candidatura presidencial. Esta campaña de judicialización fue financiada y dirigida por Temistocles Montas, titular del PLD.
«Al mismo tiempo, se contrataron a expertos comunicadores para dirigir una atroz campaña mediática impulsada por el Ministro Administrativo de la Presidencia. La idea central era contrarrestar la popularidad de Fernández y tratar de reducir en la opinión pública el impacto de la división en el PLD», agrega Espinal.
64% de la población dominicana quiere fuera al PLD
Espinal destaca en su artículo que según los estudios estadísticos -tanto locales como internacionales- el 64 % de los dominicanos quiere fuera del gobierno al PLD.
La division del PLD trajo como consecuencia la firma de un pacto político entre Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Leonel Fernández. Desde entonces, las encuestas establecen que la oposición ganaría la mayoría de ayuntamientos, diputados y senadores, de los 3.846 cargos electivos en juego.
«Informes de inteligencia sustentados en levantamientos geográficos establecen que Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández obtendrían en las elecciones municipales del pasado 16 de febrero entre 19 % y 24 % de las candidaturas municipales. El PRM obtendría 41 % de las alcaldías y el PLD 26 % de los 158 municipios y 234 distritos.
Entonces, para Espinal, la suspensión de las elecciones municipales fue parte de una «operacion militar del gobierno de Medina, al enviar 64 mil miembros del Ejército a respaldar la Policía Militar».
«El gobierno de Danilo Medina ha cometido un acto de subversión política al crear las condiciones para el inicio de una escalada popular de grandes manifestaciones. Según un informe del Departamento de Estado, publicado a través de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, se alerta a los ciudadanos de ese país a evitar exponerse a potenciales riesgos de violencia compleja».
De acuerdo con informes recibidos por el Observatorio ciudadano REDSOCIALCODI, delegados electorales en al menos 89 municipios coinciden en establecer el uso y abuso de los recursos del Plan Social de la presidencia en la distribución de 20 millones de dólares en electrodomésticos para ser repartidos horas antes de las municipales.
«Según analistas internacionales de diferentes cadenas de noticias y abogados constitucionalistas consultados la operación militar encabezada por el presidente Danilo Medina, se buscó evitar que la mayor cantidad de votantes asistiera a las urnas, para unificar las elecciones municipales y congresionales con las presidenciales y habilitar su candidatura», explica Espinal.
«El golpe militar traerá como consecuencia el repudio al Gobierno dominicano, el rechazo unánime de la comunidad internacional y el inicio de un ciclo de luchas políticas y contradicciones que provocarán la división del PRM y la renuncia de peledeistas hacia Fuerza del Pueblo», añade.
Espinal también agrega en su análisis que la suspensión de las elecciones, la primera vez en la historia contemporanea 1962-2020, tienen otro elemento que pasa por debajo de la mesa pero que tiene mucha influencia en la política, el poder de los carteles de la droga.
«Según la encuestadora Gallup, en el país los carteles de la cocaína tienen mayor influencia que los medios de comunicación, los partidos políticos y las iglesias. De acuerdo con informes de inteligencia, el narcotráfico -en común acuerdo con sectores oficialismo PLD- estarían detrás de la compra de votos en los barrios de República Dominicana».
«Se trata del intento de un golpe de Estado consumado y un acto criminal que debe ser investigado. República Dominicana y los dominicanos no se merecen eso. El PLD y los autores intelectuales y materiales de este crimen contra la democracia y la institucionalidad deben ser llevados a los tribunales de la República», concluyó.
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