Desde el pasado domingo, 3 de mayo, Venezuela se mantiene en alerta y sus Fuerzas Armadas activas para enfrentar una operación de invasión ejecutada por mercenarios que estuvieron protegidos en territorio colombiano -bajo el régimen de Iván Duque- por más de un año, donde recibieron entrenamiento, dotación de armas de guerra y equipos para ejecutar asesinatos y labores de asalto.
Este grupo de mercenarios, contratados en octubre de 2019 por Juan Guaidó y su equipo de confianza, que recibe apoyo total del régimen de Donald Trump, ha estado intentando entrar desde Colombia al territorio venezolano con el objetivo de realizar magnicidios contra los jefes de los Poderes Públicos venezolanos, tomar el poder y entregarlo a la Casa Blanca.
A pesar de las pruebas tangibles sobre el accionar de estos grupos irregulares en suelo colombiano y sus propósitos violentos en Venezuela, el régimen uribista de Iván Duque, tras cinco días desde la primera incursión, aún no manifestado ninguna postura sobre el tema, ni siquiera para desvincularse de la operación.
No es la primera vez que Duque se ve involucrado en este tipo de acciones contra el Gobierno de Maduro. Una vez que ganó las elecciones en su país, proceso que cuenta con innumerables denuncias de fraude por casos de sobornos y compra de votos, el titular de la Casa de Nariño ha sido reiterativo en que hará todo lo posible para ayudar a sacar a Maduro del poder e instaurar un régimen servil a Estados Unidos.
La primera vez que Duque se vio frontalmente apoyando los planes sediciosos en Venezuela fue cuando Guaidó se autoproclamó presidente de un falso Gobierno paralelo al de Maduro y buscó ejecutar una invasión con grupos irregulares desde la ciudad fronteriza con Venezuela, Cúcuta, el pasado 24 de febrero de 2019.
Desde entonces, han sido varias ocasiones en las que el régimen de Duque se ha visto vinculado públicamente a la ejecución de planes paramilitares para intentar derrocar a Maduro y tomar por asalto el control político en Venezuela, algo que hasta la fecha no han podido lograr, pues sólo han conseguido acumular fracasos tras fracasos.
Aunque Duque asumió la presidencia el 7 de agosto de 2018, el prontuario de intentos para asesinar y/o derrocar a Maduro se comenzaron ejecutar, incluso, tres días antes de su toma de poder, cuando en la avenida Bolívar de Caracas, se intentó realizar un magnicidio masivo que involucraba el uso de dos drones cargados con explosivos que debían estallar en una tarima donde se encontraba el Jefe de Estado venezolano, los titulares de los distintos Poderes Públicos y el Alto Mando Militar.
Tras casi dos años de distintos procedimientos contra Maduro y su Gobierno, aún la extrema derecha venezolana y extranjera que se suma a los planes sediciosos financiados, promovidos y dirigidos por Washington. Esa avanzada mercenaria contra la Revolución Bolivariana cuenta con un nuevo capítulo, que está dirigido por Trump y con la participación estelar de Duque.
Las confesiones de Aaron Berry y Luke Denman, los dos mercenarios estadounidenses contratados por SilverCorp, también se fundamenta con la confesión hecha por Juan José Rendón -asesor de Guaidó- al canal CNN.
En esa entrevista, Rendón, quien aparece firmando el contrato con SilverCorp, junto a Guaidó, Sergio Vergara, Manuel Retutera y Jordan Goudreau, admite que sí trabajaron en ese plan sedicioso y que el objetivo era «capturar» a funcionarios del Gobierno que estuvieran acusados por Estados Unidos, lo que se vincula a la reciente publicación del Departamento de Justicia, que ofrece recompensas a buena parte de representantes del Gobierno Nacional, entre ellos Maduro, por una suma de 15 millones de dólares.
Entonces, mientras todo apunta a Duque y su Gobierno, inclusive las confesiones de los mercenarios capturados en Venezuela que aseguran haber vivido tranquilamente en territorio colombiano, y el testimonio del propio director ejecutivo de SilverCorp USA INC, Jordan Goudreau, quien dijo que ha estado detrás de este plan por más de un año, ni el púpilo de Uribe ni el resto de su Gobierno dicen algo.
¿Se estará amparando Duque en el dicho popular ‘el que calla otorga’?
Duque protegió a mercenarios mientras preparaban la invasión
A mediados de marzo, justo cuando Washington comenzó promover la salida de Guaidó como falso «presidente interino» para crear un «Gobierno de transición», se descubre un plan que forma parte de las mismas acciones generadas desde 2018 para intentar sacar a Maduro del poder.
La policía de transito colombiana realizó una importante incautación de armas de guerra en la frontera con Venezuela. La inteligencia venezolana comenzó a atar cabos y descubrió un complot con fines sediciosos que vincula a Guaidó con varios prófugos de la justicia, entre ellos militares desertores de la Fuerza Armada y de cuerpos policiales que participan en una red criminal que planea magnicidios selectivos contra los distintos jefes de los Poderes Públicos, así como generar acciones terroristas.
Uno de sus coordinadores es el prófugo Cliver Alcalá Cordones, quien trabaja para la DEA y el régimen de Trump, y quien tenía la responsabilidad de hacer ingresar este lote de armas para entregarlas a mercenarios que ya estaban en territorio venezolano y así perpetrar los asesinatos contra los líderes del Gobierno.
Tras ser descubierto el plan, Alcalá Cordones ofreció una entrevista al medio colombiano WRadio en la que confirma que sí son responsables de este plan y que Guaidó había firmado un contrato para ejecutar esta maniobra paramilitar, bajo la coordinación de dos agentes del Gobierno estadounidense que calificó como asesores.
En esa misma entrevista, Alcalá habla también de Robert Colina Ibarra, alias «Pantera», un militar desertor que fue escolta del ex ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, y que estaba encargado de uno de los tres campamentos de entrenamientos de mercenarios ubicados en la frontera de Colombia con Venezuela, en la localidad de Riohacha.
Al saberse el escándalo, Washington buscó salir al paso con una lista de «Se Busca», al estilo del lejano Oeste, en el que ponen precio a la cabeza de Maduro -15 millones de dólares- y la de varios de los miembros de su tren Ejecutivo, por 10 millones de dólares cada uno, a los que sumaron varios exfuncionarios que ahora trabajan para ellos y que son utilizados como fuentes para justificar con falsos testimonios, la supuesta existencia de una red narcotraficante, entre ellos Alcalá Cordones.
De hecho, cuando Alcalá Cordones daba la entrevista, la interrumpe abruptamente porque dice que lo está llamando «un asesor» estadounidense y que luego devolvía la llamada, pero no se comunicó más y luego se supo que se había «entregado» a la DEA.
El plan, ahora conocido como «Operación Gedeón», quedaba a medias, y su principal estratega, el estadounidense Jordan Goudreau -comandado por Trump- mantenía los entrenamientos de unos 60 hombres divididos en tres campamentos, 20 mercenarios en cada uno, ubicados en la zona fronteriza de Colombia con Venezuela y bajo el conocimiento de Bogotá, que según declaraciones del propio Goudreau los ampara a través de la activación del TIAR.
Finalmente, Goudreau decide ejecutar la incursión militar y alega que sus hombres decidieron hacerla porque Guaidó los había traicionado al no financiar su estadía en Colombia, donde los tenía pasando hambre y que los utilizaba como pretexto para enriquecerse.
Goudreau muestra el contrato firmado por Guaidó, Juan José Rendón, Sergio Vergara y Manuel Retureta, el cual establece que le pagarán a Silvercup USA INC. la cantidad de 212 millones de dólares para ejecutar «la liberación de Venezuela». Además, el contrato establece que las garantías de pago que les dan a la empresa contratista de mercenarios es el petróleo venezolano, seguramente del mismo dinero robado a CITGO y Monómeros, filiales de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el extranjero, específicamente en Estados Unidos y Colombia.
Agente de la DEA confirmó participación del narcotráfico colombiano
José Alberto Socorro Hernández, alias Pepero, uno de los capturados por las autoridades venezolanas y que es parte de la Operación Gedeón como agente de la DEA infiltrado en Venezuela, confesó que el cartel de La Guajira, de origen colombiano, le iba a pagar dos millones de dólares por participar en el plan sedicioso.
En un video mostrado por el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, ‘Pepero’ confiesa su participación y vincula a varios opositores prófugos de la justicia venezolana en el plan, así como el financiamiento del narcotraficante Elkin Javier López Torres alias «Doble Rueda», familiar de Marta González, esposa de Clíver Alcalá, y quien le iba a pagar dos millones de dólares.
De esta manera, ‘Pepero’ vincula a Doble Rueda como patrocinantes de la de operación del grupo paramilitar encabezado por Harold Lu y Jordan Goudreau en compañía de Joel Palmar y el asesoramiento de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz.
A Pepero le dicen que la operación va a ser un éxito porque está apoyada por el Estado colombiano, pero termina capturado por las fuerzas venezolanas en la Operación Negro Primero realizada en Macuto, estado La Guaira.
Alias Pepero tenía la misión de recibir en territorio venezolano a los mercenarios y entregarles ocho camionetas, de las cuales dos tenían metralletas AFAG en el techo. Tras desembarcar en La Guaira, los mercenarios iban a atacar el Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y el Palacio de Miraflores para raptar a Maduro, llevarlo hasta el aeropuerto de La Carlota y volar hacia Estados Unidos.
Todas las confesiones de los capturados apuntan contra el régimen de Duque y certifican que realizaron entrenamientos paramilitares en Colombia, donde vivieron hospedados y protegidos.
A pesar de todo esto, ni Duque ni su Gobierno han declarado sobre el tema. El miércoles, 6 de mayo, Duque hizo referencia a Venezuela pero en tono de víctima, al pedir más apoyo internacional sobre el supuesto peso que representa para su país la ola migratoria de venezolanos.
Sin embargo, contradictoriamente a lo que dice Duque, lo que sí está sucediendo es que miles de venezolanos residenciados territorio colombiano están decidiendo regresar a su país, pues han quedado completamente expuestos y vulnerables, sin acceder a recursos económicos ni ayuda del Gobierno colombiano, producto de la crisis generada por el COVID-19.
Además, los venezolanos son víctimas de actos xenófobos en su contra, se ven obligados a dormir en las calles al ser echados de los lugares donde vivían alquilados al no poder pagar sus rentas, pues no pueden salir a trabajar por el confinamiento obligatorio, situación que no es reconocida por Duque.
Desde que inició la pandemia y la crisis sanitaria en Colombia, que ha llevado a Duque a decretar la emergencia económica para salvaguardar los intereses de sectores empresariales, se calcula que son más de 28.000 venezolanos los que han salido de Colombia buscando su salvación en Venezuela.
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