La pandemia causada por la COVID-19 no sólo ha afectado directamente la salud de más de siete millones de personas a escala global, sino que ha expuesto las costuras de cada una de las desigualdades y vulnerabilidades de los sectores históricamente marginados por la humanidad, entre ellos, las comunidades indígenas.
La situación en Latinoamérica, un reservorio de estas comunidades ancestrales que forman parte del patrimonio viviente de la humanidad, ya mostraba una situación caótica antes de aparecer la pandemia.
Al indagar puntualmente sobre las comunidades más afectadas, aparece un estudio realizado por Emilia Cárdenas, Pablo Montoya y Ana Judith Blanco, sobre la grave situación de los indígenas en Colombia y cómo ellos mismos han advertido al mundo que están en riesgo de un genocidio por el nuevo coronavirus.
Cárdenas es antropóloga y fotógrafa de la Universidad de los Andes, asesora técnica de Sinergias – Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social; Montoya es director general de Sinergias y médico de la Universidad Nacional con maestría en salud pública de la Universidad de Washington; y Blanco es bacterióloga de la Universidad Industrial de Santander (UIS) con maestría en salud pública de la Universidad de Washington, investigadora y asesora técnica de Sinergias.
A principios de junio, las comunidades indígenas colombianas anunciaron estar en riesgo de un genocidio. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 178 zonas de los 775 resguardos del país —que suman 85.000 familias— están en riesgo debido a la pandemia.
La situación es especialmente preocupante en la región amazónica, que alberga a 64 pueblos y 1.015 comunidades indígenas.
Hasta el 29 de mayo, el departamento de Amazonas contaba con 1.799 casos y el departamento de Vaupés con 11, según el Instituto Nacional de Salud (INS). La capital amazónica, Leticia, tiene 68 veces más casos de coronavirus y mortalidad por esta causa (por cada 100.000 habitantes) que el resto del país.
En el Amazonas, más del 70 % de las personas viven del comercio informal, lo cual implica una gran fragilidad económica, que ahora se traduce en crecientes niveles de pobreza y vulnerabilidad alimentaria.
Los problemas de salud mental también parecen estar agravándose. La tasa de suicidios en el Vaupés, por ejemplo, ha aumentado de forma alarmante en los últimos meses, especialmente entre las mujeres.
Precaria infraestructura para atender a indígenas
La región amazónica tiene una de las mayores dispersiones poblacionales en Colombia, indica el mencionado estudio. El difícil acceso a las distintas zonas del territorio ha sido, por mucho tiempo, una de las excusas para la ausencia estatal y la precaria prestación de servicios sociales como la salud.
«Ahora, en medio de la pandemia, estas limitaciones históricas están teniendo un costo terriblemente alto, a pesar de los esfuerzos mencionados. Una de las consecuencias de la negligencia prolongada es la precaria infraestructura hospitalaria, sobre la cual recae toda la atención médica de la región», añade.
En el departamento de Amazonas hay dos hospitales —el San Rafael en Leticia y el del municipio de Puerto Nariño—, los cuales tienen 111 camas, una cama de cuidados intensivos creada recientemente y cinco respiradores. El departamento de Vaupés cuenta con un sólo hospital en Mitú, con 24 camas de hospitalización y una Unidad de Cuidados Intensivos.
Estos escenarios no cuentan con protocolos de bioseguridad adecuados y no tienen elementos de protección personal para los trabajadores. Esto ha llevado, entre otras, a la renuncia masiva de personal de salud que se dio el 20 de abril en el hospital de Leticia, como forma de protesta.
El estudio advierte que un segundo reto es el difícil acceso a los ya escasos servicios de salud. La mayoría de los habitantes de los resguardos indígenas se ven obligados a realizar travesías de varios días para recibir atención médica.
Por ejemplo, una persona del resguardo San Juan de Atacuary, Amazonas —que contaba con 41 casos hasta el 26 mayo—, tiene que viajar en lancha hasta Puerto Nariño para llegar al puesto de salud más cercano. Si necesita cuidados intensivos tendrá que desplazarse a Leticia y de ahí es posible que lo envíen a otra ciudad debido a la poca capacidad.
Otro de los obstáculos latentes es la falta de control en las fronteras. Los habitantes de Leticia, por ejemplo, conviven con territorios vecinos con altas tasas de contaminación, como Santa Rosa de Yavarí o Iquitos, en Perú, y Tabatinga y Manaos, en Brasil. La falta de políticas adecuadas de migración en el río Amazonas y en la frontera con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela es sinónimo de una alta exposición al virus y de un contagio casi inevitable.
Travesías para recibir atención médica
La respuesta del Gobierno colombiano ha sido decretar el cierre total de fronteras en el departamento de Amazonas y militarizar la frontera. Sin embargo, esta nunca ha sido una estrategia efectiva para el control migratorio, mucho menos para el control de la emergencia sanitaria. Las únicas respuestas eficientes serán aquellas realistas, que comprendan la interculturalidad y los movimientos cotidianos de la región.
El Estado también ha diseñado lineamientos y protocolos para orientar los planes de atención médica y epidemiológica. Sin embargo, la mayoría de estos están destinados al sistema de salud; no se ha creado una red de comunicación efectiva que divulgue los mensajes claves y culturalmente adecuados sobre protección y prevención del virus entre los habitantes de la región.
Las carencias históricas de infraestructura tecnológica, junto con las condiciones geográficas de difícil acceso de las comunidades indígenas, dificultan aún más la transmisión de información sobre la pandemia.
Otro de los problemas olvidados en Colombia es la ausencia de modelos de salud diferenciales. Si bien el marco legal los permite desde hace más de tres décadas, nunca ha existido el apoyo necesario para desarrollarlos y llevarlos a la práctica.
«El Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), uno de los clamores de estos pueblos, tiene desarrollos muy dispares. La falta de compromiso estatal ha llevado a la inestabilidad en las fuentes de financiación e inconstancia en los proyectos de largo plazo, impidiendo la construcción de un modelo de salud real», explica el informe.
Además, como pasa en las comunidades más marginales, estos modelos no suelen ser pensados desde adentro. Como consecuencia, raramente tienen en cuenta los recursos y las capacidades que realmente existen en el territorio y tampoco suelen responder a las creencias y prácticas locales sobre la salud y la enfermedad.
Gobierno no toma en cuenta a las autoridades indígenas
En el escenario actual, las organizaciones y autoridades indígenas (AATIs) tampoco han sido involucradas en la respuesta estatal a la pandemia. El estudio añade que en el actual régimen de Iván Duque «hay un gran desconocimiento de estas como autoridades de carácter especial, lo cual es una terrible pérdida de oportunidades para adecuar y ampliar la respuesta».
Otra consecuencia de esta falta de articulación es el desconocimiento de lo que ocurre por buena parte de la población rural dispersa y la falta de información epidemiológica sobre la situación de salubridad en las zonas de más difícil acceso, que son, además, las más vulnerables.
Tres de los seis departamentos amazónicos (Amazonas, Vaupés y Guainía) presentan altas tasas de tamizaje por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, Putumayo, Caquetá y Guaviare presentan tasas supremamente bajas. Según los datos disponibles, los primeros dos tienen algunos casos positivos del virus en varios municipios y Guaviare, hasta el momento, parece ser la única entidad territorial sin reportar casos.
Esta aparente ausencia de casos —especialmente en las comunidades indígenas— es dudosa. En vez de señalar un buen manejo de la situación, es un indicador de la disparidad en la respuesta de vigilancia epidemiológica y de la carencia de atención que se ha dado a los territorios que no son capitales departamentales.
Cambios necesarios para atender su salud
La situación del Sur colombiano muestra la necesidad de cambiar drásticamente las formas de manejar la salud pública y la relación que se tiene con estas regiones del país.
La dispersión poblacional ha permitido conservar gran parte de las cosmovisiones y prácticas culturales de las comunidades, preservando memoria colectiva y sabiduría ancestral sobre los retos que las comunidades indígenas han enfrentado en el pasado. Debemos escucharlos y trabajar en conjunto con sus recursos para lograr una respuesta eficiente.
En el río Apaporis, por ejemplo, las comunidades acostumbran a prohibir el transporte de personas con gripa en los botes, evitando así el esparcimiento de enfermedades ajenas. La migración temporal a las chagras y las partes altas de los ríos también ha sido un mecanismo de protección contra las enfermedades y las prácticas esclavistas durante cientos de años.
«Una última lección que nos dejan estas regiones —y quizás la más relevante en estos tiempos— es el cuidado de la naturaleza y del otro. Por ejemplo, uno de los pilares de la mayoría de las comunidades indígenas son los ancianos, quienes conocen la medicina tradicional y sirven como ejes para ordenar el parentesco, como pilares para proteger y reproducir la cultura, y quienes cargan la memoria colectiva sobre las historias de resiliencia de cada comunidad», indica el estudio.
«Estas son lecciones que poco suelen quedar escritas en las narrativas oficiales sobre las cuales construimos la salud pública y la política. Sin embargo, quizás son estas algunas de las prácticas que más deberíamos escuchar si queremos impedir la muerte masiva de la región amazónica y la desaparición de los pueblos que hace mucho fueron olvidados», añade.
Algunas medidas para enfrentar la crisis sanitaria
Hace unas semanas, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, anunció una inversión de 14.000 millones de pesos (3,8 millones de dólares) para fortalecer el sistema de salud en la región amazónica, los cuales llegarán en junio.
El 15 mayo llegaron al hospital público de Leticia unos 50.000 tapabocas, 9.600 tapabocas tipo N95, 1.700 caretas y 99 kits de sábanas. En la misma ciudad, se ha estado adecuando el Laboratorio de Salud Pública para procesar sus propias pruebas, con apoyo del INS y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI).
En Vaupés, las Secretarías de Salud departamental y municipal, el INS y organizaciones no gubernamentales están comenzando una búsqueda activa de contactos, rastreo y control en las entradas de los puertos.
Además, se ha trabajado con las Asociaciones de Autoridades Indígenas para promover el aislamiento domiciliario de las personas y se está preparando una estrategia para incentivar el confinamiento de grupos familiares en las chagras o cultivos tradicionales selva adentro.
Hasta el 29 de mayo, el departamento de Amazonas contaba con 1.799 casos
En Guainía se ha definido un Plan de Contingencia: las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud, por ejemplo, deberán capacitar a gestores comunitarios y fortalecer la red de telemedicina, mientras que las Administradoras de Riesgos Laborales, deberán garantizar el suministro de elementos de bioseguridad a los trabajadores de la salud.
En este momento, aún, no hay información sobre cuáles de estas acciones y responsabilidades están siendo asumidas efectivamente.
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