Alcaldesa lo sobreseyó: Contraloría investiga a abogado de la Municipalidad de Río Bueno (UDI) por recibir doble sueldo

El 19 de enero del 2023, el exadministrador municipal de Río Bueno, Helmuth Palma, interpuso una denuncia ante Contraloría con el objetivo de que se investigarán de que se investigarán posibles irregularidades por el doble sueldo del abogado Alejandro López Caba. Mientras que el 10 de octubre de ese mismo año, Palma interpuso una querella criminal por posibles hechos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, cohecho, soborno y fraude a las subvenciones estatales ocurridas entre los años 2015 y 2023. Además de malos manejos administrativos al interior del municipio de la comuna, la que actualmente es liderada por la alcaldesa Carolina Silva (UDI).

Es en este contexto, que surgió un nuevo antecedente, y corresponde a la contratación de Alejandro López Caba, asesor jurídico de la Municipalidad de Río Bueno, y quien estaría recibiendo doble sueldo.

posibles hechos de malversación
de caudales públicos, fraude al Fisco, y malos manejos administrativos al interior del municipio de la comuna, la que actualmente es liderada por la alcaldesa Carolina Silva (UDI). Es en este contexto, que surgió un nuevo antecedente, y corresponde a la contratación de Alejandro López Caba, asesor jurídico de la Municipalidad de Río Bueno, y quien estaría recibiendo doble sueldo.

«Se indica que el señor López Caba se encontraría contratado en el municipio en calidad de contrata, grado 6 media jornada y también vinculado a honorarios en el DAEM (Departamento Administrativo
de Educación Municipal, pudiendo existir una doble retribución por el trabajo que realiza, sin que exista claridad en las funciones que presta dicho profesional. Se menciona que existiría un alza sistemática de los honorarios pactados, lo que podría no estar justificado, evidenciándose, además que, en el mes de noviembre de 2022, se informa a través del portal de Transparencia Activa de ese municipio un pago duplicado a ese servidor», se lee en los antecedentes recopilados por Contraloría -de enero de 2024-.

Respecto a lo anterior, en el documento también se afirma que la contratación a honorarios no se encontraría contemplada en el Plan Anual de Educación Municipal (PADEM) del año 2022, lo que no se ajustaría a las normas que regulan dicha materia. Incluso, se menciona que la alcaldesa de Río Bueno estaría haciendo uso de recursos públicos para establecer querellas contra quienes realizan comentarios o critican su gestión a través de redes sociales.

Según los documentos a los que El Ciudadano tuvo acceso, desde enero de 2022 a diciembre del 2022, el abogado López Caba mantenía un contrato con la Municipalidad de Río Bueno con un grado 6 de media jornada, es decir, solo con asistencia laboral durante los días lunes, miércoles y viernes, acumulando una remuneración total de $22.790.103. Paralelamente, López Caba estaba contratado en la modalidad de honorarios desde la DAEM -desde noviembre de 2021 a diciembre de 2022-, es decir mismo periodo que mantenía un contrato con la misma Municipalidad. El monto pagado en honorarios durante el periodo revisado por la Contraloría fue de $22.469.859. Por lo tanto, la cifra total pagada a López Caba entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022 asciende a $45.259.962.

«La falta de detalle de las labores contratadas en los convenios suscritos; la ausencia de especificaciones en los informes de actividades mensuales entregados por el señor López Caba; la carencia de detalles en los certificados suscritos por la jefatura directa y la inexistencia de documentos como los informes de asesoría jurídica, títulos de dominio, elaboración de convenios de comodatos, o cualquier otro medio de prueba que demuestre el cumplimiento de las tareas encomendadas, no se avienen con los principios de
eficiencia, eficacia y control», se lee en la resolución de Contraloría.

Por lo tanto, la Contraloría Regional de Los Ríos instruirá un sumario administrativo en la Municipalidad de Río Bueno para determinar las eventuales responsabilidades funcionarias.

El Ciudadano conversó con Helmuth Palma, quien afirmó que las necesidades de la comuna son muchas y en educación siempre los recursos son escasos, por lo que con estos «importantes dineros» se podrían haber financiado proyectos -o cosas- en directo beneficio de los niños y niñas, pero al contrario, estos recursos públicos fueron destinados para pagar los elevados honorarios del abogado de la Municipalidad, quien además ya recibía una alta remuneración desde el municipio.

-Esto es impresentable y por algo este tema también es parte de la querella que presentamos contra quienes resulten responsables de los delitos de Malversación de Caudales Públicos, Fraude al Fisco, Cohecho, Soborno y Fraude a las Subvenciones Estatales, donde esperamos que el Ministerio Público agilice las diligencias de la investigación. Aquí hay graves responsabilidades y deben ser asumidas por quienes corresponda-, comentó Palma.

Además, esta no es la primera vez que se instruye un sumario que involucra al abogado López Caba, ya que, en el año 2023, Contraloría advirtió una situación similar, en la que López fue parte de una causa litigiosa que comprometía los intereses pecuniarios de la Municipalidad de La Unión, por lo que se ordenó a la Municipalidad de Río Bueno, instruyera un sumario administrativo con el propósito de determinar las eventuales responsabilidades funcionarias derivadas de esos hechos.

No obstante, la administración de Carolina Silva sobreseyó a López Caba, justificándose en que «no presenta agravantes ni hay perjuicios, sino que al contrario y su actuarse ajusta a la Ley N° 18.834, art. 61, letra g) sobre Estatuto Administrativo”.

Recordemos que este municipio ya ha sido foco de noticia, puesto que, tras la realización de dos auditorías externas, se confirmó el pago excesivo a proveedores, la existencia de dos cuentas corrientes del Banco Santander, y la pérdida de $1.100 millones. Además, dicha Municipalidad también firmó contrato con la cuestionada empresa Gestión Global Spa, la que mantiene en prisión preventiva al alcalde de San Ignacio, César Figueroa, al ex concejal de Chillán, Rodrigo Sandoval, y al dueño de la empresa “Gestión Global Spa”, por los delitos de cohecho, malversación de fondos, entre otros.