Gigantes mineros como Vale o Anglo American, financiados por inversores internacionales y nacionales, siguen destruyendo la Amazonía y contribuyendo a violar los derechos de los pueblos originarios. Lo hacen, según un informe publicado este martes, a pesar de comprometerse a abandonar sus intereses en las tierras indígenas protegidas y gracias al «ímpetu» de esta actividad en el Gobierno de Jair Bolsonaro.
El informe ‘Complicidad en la Destrucción IV: Cómo compañías mineras e inversores internacionales contribuyen en la violación de derechos indígenas y amenazan el futuro de la Amazonía’ denuncia la poca validez de los anuncios de estas multinacionales, porque miles de solicitudes para la exploración y explotación minera en tierras indígenas siguen activas en la base de datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
En 2021, por ejemplo, Vale y Anglo American anunciaron que renunciarían a sus solicitudes. Sin embargo, en noviembre de ese año lideraban el número de pedidos activos mineros, explica la periodista Marta Miera en un reportaje para RT.
El estudio, lanzado por Amazon Watch y la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), registró 2.500 pedidos activos «superpuestos» a 261 tierras indígenas de 570 empresas, asociaciones y cooperativas, que cubren un área prácticamente tan grande como Reino Unido (10,1 millones de hectáreas). Casi la mitad es para la prospección de oro.
«El daño de la minería al medio ambiente y a la vida de los pueblos es brutal y ha empeorado mucho con el Gobierno de Bolsonaro. El año pasado, la deforestación vinculada a la minería en la Amazonía aumentó un 62 % en comparación con 2018, año en el que fue elegido», alerta Ana Paula Vargas, directora del programa para Brasil de Amazon Watch.
Uno de los principales instrumentos que impulsan a estos gigantes son proyectos de ley como el 191/2020 o el 490/2004, que liberan la minería –una actividad que avanzó de forma decidida a partir de la dictadura militar (1964-1985)– dentro de las tierras indígenas. Solo el primero podría causar la pérdida de 16 millones de hectáreas y poner en riesgo la vida de decenas de pueblos indígenas y tradicionales.
Además de destruir la selva –13.235 kilómetros cuadrados talados entre agosto de 2020 y julio de 2021–, la minería también contamina los ríos con mercurio y provoca graves problemas de salud en los indígenas.
A pesar de las fuertes críticas, desde el comienzo de su mandato, la expansión de la agroindustria y la minería en el pulmón del planeta ha estado en el centro de la agenda de Bolsonaro. «El garimpo es un vicio, está en la sangre», dijo en una ocasión el mandatario, cuyo padre, Percy Geraldo Bolsonaro, fue ‘garimpeiro (minero)’ en los años 80 en Serra Pelada, en Pará, considerada una de las mayores explotaciones a cielo abierto del mundo.
En su última ofensiva, la semana pasada lanzó un polémico decreto para apoyar la «minería artesanal», que es legal pero insignificante en comparación con estas actividades ilegales intensificadas de manera exponencial con la pandemia, que ya de por sí golpeó fuertemente a las poblaciones originarias, mucho más vulnerables al virus.
«Más que nunca, necesitamos el compromiso, además del Gobierno brasileño, de las empresas del sector, sus inversores y la comunidad internacional para impedir la destrucción de la Amazonía y de los ataques de los derechos de los pueblos indígenas», comenta Vargas.
Grandes mineras en la Amazonía
La investigación analiza los intereses de nueve grandes empresas mineras en tierras indígenas desde 2020: Vale, Anglo American, Belo Sun, Potasio de Brasil, Mineração Taboca/Mamoré Mineração e Metalúrgica, Glencore, AngloGold Ashanti y Rio Tinto. En total, en lo últimos cinco años, recibieron 54.100 millones de dólares en financiación de Brasil y el exterior. En noviembre de 2021, sumaban 225 solicitudes mineras que coinciden en 34 territorios indígenas, un área que corresponde a 572.738 hectáreas.
Vale lidera el número de solicitudes, con 75 activas, seguida por Anglo American, con 65. El estado de Pará es donde se registra la mayor concentración de pedidos, 143, le sigue Amazonas, con 56, y Mato Grosso, con 23.
Los territorios indígenas más afectados sonXikrin do Rio Catete, en Pará, y Waimiri Atroari, en el estado de Amazonas, con 34 pedidos cada uno. Cinco solicitudes están en zonas donde viven indígenas en aislamiento voluntario del pueblo Apiaká.
Financiadores globales
Entre sus principales financiadores están empresas con sede en EE.UU., como Capital Group, BlackRock y Vanguard, que invirtieron 14.800 millones de dólares en compañías mineras con intereses en tierras indígenas, o brasileñas como el fondo de pensiones Previ, que invirtió 7.400 millones de dólares, y el banco Bradesco, la segunda mayor institución privada deBrasil, que aportó 4.400 millones de dólares.
También figuran bancos privados internacionales como Crédit Agricole (Francia), Bank of America y Citigroup (EE.UU.), Commerzbank (Alemania) o SMBC Group (Japón) o el Royal Bank of Canada (Canadá).
La empresa que más inversiones y préstamos recibió fue Vale, con 35.800 millones de dólares. Esto refleja, según el informe, que tragedias humanas y ambientales provocadas por la ruptura de represas en Mariana, en 2015, y tres años después en Brumadinho –ambas de Vale– «no han disminuido el apetito de los inversionistas».
«Es necesario entender de manera general que estas áreas no están disponibles para la exploración minera, ni deben estarlo, tanto por el respeto al derecho constitucional de autodeterminación de los pueblos indígenas sobre sus territorios, como por su importancia para combatir el cambio climático y garantizar la vida en el planeta», asegura Dinaman Tuxá, miembro de la coordinación ejecutiva de Apib.
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