Argentina: La deuda que deja el Congreso sobre la Ley de Humedales

No alcanzaron los discursos ni el entusiasmo expresado por algunos legisladores de Argentina. Tampoco fueron suficientes las innovadoras manifestaciones sociales, que incluyeron desde caravanas de kayaks por ríos, hasta protestas frente al Congreso, con expresiones artísticas de todo tipo.

Definitivamente, el tema se instaló en la agenda pública y mediática de Argentina. Sin embargo, una vez más, el Poder Legislativo no trató la Ley de Humedales, y estos ecosistemas desprotegidos continúan siendo dañados.

En efecto, es la tercera vez consecutiva que un proyecto para cuidar estos espacios naturales pierde su estado parlamentario, al no tratarse en las sesiones extraordinarias. Esta inacción se produce mientras la provincia norteña de Corrientes registra importantes incendios: solo en enero se perdieron 335.000 hectáreas —17 veces la Ciudad de Buenos Aires—, de las cuales el 58 % se corresponde a humedales, «como esteros, bañados, malezales y vegetación de valles aluviales», alertó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

Frente a la indignación causada en los ecologistas, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, expresó que se trabajará en un nuevo proyecto «con perspectiva federal y en diálogo con las ONG y los sectores productivos, científicos y académicos». Sin embargo, la iniciativa que no fue votada por el Legislativo se estuvo elaborando durante al menos diez años, y en esta última oportunidad había obtenido consensos que nucleaban una decena de propuestas diferentes. Por eso, desde la Multisectorial Humedales exclaman que la sanción de la ley «no debe partir de cero ni dilatarse más». 

La quinta parte del territorio de Argentina está en riesgo

El anuncio del Ministerio fue realizado el pasado 2 de febrero, el Día Mundial de los Humedales. Esa misma fecha, Naciones Unidas señaló que estos espacios naturales, basados en la acumulación de agua, son «los grandes olvidados en la crisis del cambio climático».

Las oficinas de Medio Ambiente de la ONU advierten: «Pese a solo cubrir cerca del 6 % de la superficie terrestre, el 40 % de todas las especies vegetales y animales viven o se reproducen en ellos. A su vez, son unos de los hábitats más amenazados de la Tierra. Alrededor del 85 % de los humedales presentes en 1700 se habían perdido en el año 2000″. Gran parte de ese deterioro se produjo desde 1970, con un 35 % de destrucción, expone la Perspectiva Mundial de los Humedales. 

En Argentina, la importancia de estos ecosistemas es superlativa. Según el Inventario Nacional de Humedales, se calcula que hay unos 600.000 kilómetros cuadrados cubiertos por este tipo de espacios, representando el 21,5 % del territorio nacional. «Contribuyen de modo decisivo al bienestar humano», dicen en el Ministerio de Ambiente. «Por ejemplo, son fuentes de agua, mitigan sequías e inundaciones, suministran alimentos, albergan una rica biodiversidad y almacenan carbono». Entonces, ¿por qué no se cuidan? «No hay voluntad política», le dice a este medio Julieta Bernabé, miembro de la Multisectorial.

La necesidad de priorizar «el cuidado por sobre la ganancia»

Argentina forma parte de la Convención de Ramsar (Irán) sobre los humedales, ratificada por el Congreso en 1991. Tras la reforma constitucional de 1994, todos los tratados internacionales firmados por el país sudamericano tienen la misma jerarquía que la propia Constitución. Sin embargo, los ecologistas advierten que esto no es suficiente.

«Da un gran marco general, pero lo que se requiere para la protección, el cuidado y la preservación de los humedales, es una regulación más precisa, que una ley nacional debe definir», le explica a RT Blanca Osuna, diputada del Frente de Todos. «Eso tiene que ver con el relevamiento, la clasificación de los humedales y la regulación entre la preservación y el formato productivo», agrega la legisladora oficialista.

Argentina es un país sojero y ganadero por excelencia, causando una enorme tensión entre ambientalistas y empresarios por el uso y la disposición de tierras. Una de las clásicas prácticas para mejorar el rendimiento de los terrenos es la quema de pastizales, cuya acción puede ocasionar incendios devastadores si se realizan sin el debido control. Frente al avance de las denominadas fronteras agrícolo-ganaderas, Osuna opina que una ley debería controlarlas, aunque esa legislación «no debe ser anti productivista». Igualmente, una normativa ideal tendría que priorizar «el cuidado del humedal por sobre la ganancia en la producción».

La entrevistada fue intendenta de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, entre los años 2011 y 2015. Conoce en primera persona el flagelo de la desprotección ambiental: «Recorrer el delta y ver los incendios, genera dolor, bronca e indignación», lamenta. «La política debe utilizar todas las herramientas para contribuir a que la vida y la preservación estén vinculadas a acciones donde el Estado regule, intervenga y cuide», agrega. Además del fuego y sus impactos en el aire y la salud de las personas, Osuna subraya que «el agua es un factor fundamental para el bienestar, sobre todo de los que menos tienen». Y enfatiza: «No es un tema que nos es indiferente».

A nivel burocrático, la congresista detalla que el cambio depende de «un fuerte compromiso de las provincias», ya que la Constitución estipula que estos bienes naturales son propiedad de las distintas jurisdicciones. Por ello, se requiere una normativa que fomente un convenio entre el Estado nacional y los diversos territorios para desarrollar políticas conjuntas, más allá de la determinación de cada provincia. Para Osuna, es la mejor forma de resolver «posiciones en pugna», en la eterna discusión sobre economía y medio ambiente. 

Así, aunque se hayan producido cambios con la Ley del Manejo del Fuego —prohíbe la venta de tierras incendiadas por al menos 30 años, para evitar especulaciones— y la Ley de Educación Ambiental Integral, la legisladora señala que «la Cámara de Diputados tiene una deuda pendiente en relación a la Ley de Humedales». Al respecto, adelanta que la cartera de Ambiente y diversos congresistas ya están trabajando de manera conjunta para impulsar una nueva propuesta. Y promete: «Tengo muchísima expectativa de que en este año legislativo podamos hacerla». 

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