Argentina tras 20 años del estallido social: las deudas que deja la impunidad

Familiares y amigos de víctimas de la represión policial del 19 y 20 de diciembre del 2001 se manifiestan frente a los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, a casi 20 años del estallido social que motivó la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa, en medio de una crisis que todavía permanece en la memoria de los argentinos. 

La convocatoria se produce para exigirle a la Justicia que efectivice las penas contra los responsables de los crímenes, incluyendo a las autoridades jerárquicas que ordenaron el operativo, ya que ninguno de los condenados fue a la cárcel.

Este caso se corresponde a los homicidios de cinco ciudadanos en la capital, asesinados mientras la Policía intentaba despejar la Plaza de Mayo. A nivel nacional, se calcula que murieron casi 40 personas en el contexto de protestas, mientras regía el estado de sitio, explica el periodista Leandro Lutzky en un reportaje para RT.

Los responsables siguen libres en Argentina

Rodrigo Borda, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que representa a las familias, repasa que tras un largo derrotero judicial, en 2016 concluyó el juicio y se lograron «condenas importantes». En efecto, se habían obtenido penas de entre tres y cuatro años contra funcionarios jerárquicos de las fuerzas de seguridad. Entre ellos, están el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov y el exjefe de la Policía Federal Rubén Jorge Santos. Sin embargo, todavía ninguno fue a prisión porque, en medio de extenuantes dilaciones, la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación continúa revisando las condenas.    

Al respecto, Borda señala que en América Latina no se conocen castigos a responsables políticos por hechos represivos: «La Justicia determinó que ese operativo de represión fue ilegal. Esto parece una obviedad, pero no hay otro antecedente en la región donde se haya determinado ese tipo de responsabilidad». Igualmente, lamenta que la Justicia no siguió subiendo en la escala de responsabilidades: «El expresidente Frenando de la Rúa murió impune. Por eso hoy existe una causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] denunciando al Estado argentino por esa omisión». 

Por otro lado, a dos décadas del estallido, la Justicia todavía no determinó quiénes fueron los homicidas: «Hay muchos responsables de la Policía Federal que participaron tanto de la organización como de la ejecución del operativo. Me refiero a los que apretaron el gatillo y mataron a las víctimas, o hirieron a los manifestantes. Hoy permanecen impunes, y a ciencia cierta, no sabemos los nombres«.  

El traspié en los tribunales se remonta al 2020, cuando la Cámara de Casación ordenó que se dictaran condenas nuevas. Y esto se hizo, con una rebaja de seis meses en los castigos: «Devaluar las penas de los responsables también implica devaluar la gravedad de los hechos», critica Borda. «Ya pasó más que un tiempo razonable para que la Sala se expida al respecto, y lo que pedimos es que se ratifiquen las condenas impuestas originalmente», enfatiza. 

«Algunos perdieron la vida. Otros un ojo, con lesiones que van a padecer por el resto de sus vidas. Esto comunica el valor que tiene para la Justicia el sufrimiento de las víctimas», concluye. 

Disparos con balas de plomo

Junto al escenario está Mario Benítez, sosteniendo una bandera con el rostro de Carlos ‘Petete’ Almirón, su amigo, «uno de los caídos asesinados», le dice a RT. Aquel joven de 23 años «era un militante que atendía barrios populares», y durante las protestas se movilizó con algunos compañeros de la Provincia de Buenos Aires hacia la capital, «en la revuelta para echar a De la Rúa». El lema de aquellos días era «que se vayan todos», en medio del desprecio generalizado hacia la clase política. 

Benítez describe aquel contexto histórico: «Una situación de crisis económica, con saqueos a supermercados en todo el país y mucha gente buscando alimentos». Así, el 20 de diciembre ‘Petete’ llegó a la zona de Plaza de Mayo, donde la situación era un caos: «Entre las 14 y 15, llegó la peor represión», cuenta su compañero. «La Policía anti tumultos empezó a disparar con escopetas 1270, que tienen perdigones de plomo de nueve milímetros», precisa.

El muchacho fue baleado en Avenida de Mayo, a cuatro cuadras de la casa de gobierno y seis del Congreso, mientras las calles se llenaban de heridos. Recibió un disparo a la altura del corazón: «Por la noche lo llevaron al hospital, lo operaron dos veces, y no resistió», lamenta su camarada.

«Ninguno de los oficiales y responsables políticos han cumplido un solo día de condena efectiva por esto», remarca. Y enfatiza: «Tampoco nadie se acordó de los familiares, de saber si necesitan asistencia. Muchos viven en situaciones económicas paupérrimas».

«Cacería»

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, sostiene que el Gobierno está trabajando para acompañar a las víctimas: «El presidente, Alberto Fernández, manifestó su intención de sacar una ley de reparación«, subraya.

Representando al Ejecutivo, el funcionario se pliega a las críticas hacia la Justicia: «Le estamos reclamando al Poder Judicial que haga su trabajo. Paradójicamente, las causas que tienen atrasadas siempre tienen que ver con proteger a genocidas o miembros de las fuerzas».

Para Pietragalla, «en estos hechos hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos, violencia institucional, y una responsabilidad de quien llevó adelante esa cacería con un montón de manifestantes, en todo el país». Y agrega: «Nuestra democracia tiene fallas, que se traducen en el Poder Judicial y la Corte Suprema. Llevan adelante una dilatación de causas importantes. Que 20 años después estemos reclamando justicia, es una vergüenza». 

Por último, alerta que Argentina está siendo notificada por la Comisión Interamericana, «por esta y varias causas que la Corte demora, y que ni siquiera responde a la CIDH». Desde su punto de vista, esto es consecuencia de «los cuatro años de neoliberalismo con el Gobierno de Mauricio Macri y su ‘mesa judicial'».

«Éramos parte de una gesta popular» en Argentina

Sebastián Giannetti fue uno de los atacados en diciembre del 2001: «Me tocó ser reprimido en la rebelión», relata. «Estaba en el lugar indicado en el momento justo, éramos parte de una gesta popular, que venía a decir que el pueblo argentino se sacaba la mochila de la derrota», expresa para este medio.

La bronca social había llegado a su clímax porque la clase media no podía sacar sus ahorros de los bancos, bajo una política apodada como ‘corralito’, pero gran parte del estallido fue motivada por el alto desempleo, resultado de las medidas neoliberales de los 90. «Me acuerdo los balazos de goma que me comí, e ir levantando heridos, ahogados por los gases», cuenta.

Giannetti estuvo en las protestas del 19 de diciembre, y tras la dura respuesta policial, volvió tarde a su casa. El 20 se despertó, prendió la tele, y no podía creer lo que estaba viendo: uniformados reprimiendo a las Madres de Plaza de Mayo, el máximo símbolo en la lucha por los derechos humanos. «Agarré la moto de nuevo y volví, como un disparador. No me podía quedar un segundo más en mi casa».

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