El Congreso de Argentina sancionó a finales de octubre la Ley de Etiquetado Frontal, que obliga a las empresas a informar de manera visible en los envases de los alimentos cuando estos posean componentes críticos para la salud, como exceso de azúcares y grasas saturadas.
La aprobación en la Cámara de Diputados fue contundente: fueron 200 votos a favor, 22 negativos y 16 abstenciones. La iniciativa fue apoyada por el oficialismo, dirigentes de izquierda y gran parte de la alianza opositora afín al expresidente Mauricio Macri. Sin embargo, semanas atrás el bloque conservador de Juntos por el Cambio se había ausentado del recinto, evitando que se llevara a cabo la sesión, postergando la votación varios días. En su momento, esto causó repudios de organizaciones sociales.
En total, los debates legislativos se extendieron durante dos años, mientras los impulsores del proyecto intentaban visibilizar la problemática. En octubre del año pasado, se había logrado la aprobación en el Senado. Ahora, pese a la resistencia de algunas corporaciones y dirigentes detractores de todo tipo de regulación, finalmente se pondrá en práctica una ley muy esperada por médicos y asociaciones que luchan contra la malnutrición. De hecho, la iniciativa también cuenta con el apoyo de diputados de provincias azucareras por excelencia, como Tucumán.
¿En qué consiste?
Una vez que la ley entre en vigencia, los paquetes de alimentos y bebidas deberán tener un sello negro en forma de octógono, avisando si los productos tienen: exceso en azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
La nueva regla establece que si los productos poseen edulcorantes o cafeína, las empresas deberán avisar que su consumo no se recomienda en niños. Incluso se prohíbe emitir publicidades que tenga a los menores como destinatarios, si es que los artículos poseen etiquetas de advertencia. Asimismo, esta clase de alimentos y bebidas con componentes poco saludables no podrán ir acompañados de dibujos, personajes, figuras públicas o cualquier elemento que llame la atención de los más pequeños.
A partir de ahora, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 90 días para reglamentar la ley. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas tendrán un año para adecuarse, y las firmas grandes seis meses. Asimismo, las firmas que opten por modificar sus nutrientes, gozarán de un margen de dos años de adaptación.
Fundamentos de la Argentina
Esta clase de medidas ya se usaba en otros países de América Latina, como Chile, donde se utiliza el mismo sistema de etiquetas negra octogonales para producir las advertencias.
Particularmente, Argentina presenta índices muy adversos en cuanto a la alimentación de su población. De hecho, en 2019 el Ministerio de Salud realizó su cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, con resultados alarmantes:
- El 66 % de la población tenía exceso de peso
- El 32 % presentaba obesidad
- El 40 % padecía presión arterial elevada
- El 30 % tenía colesterol alto
- Entre los menores, de 5 a 17 años, el 41 % tenía exceso de peso
- En menores de 5 años, el 13,6 % tenía sobrepeso
Los malos índices de nutrición también fueron expuestos en la Cámara de Diputados: «En Argentina se consumen 150 gramos por día de azúcares, el triple de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Somos el primero de la región y el cuarto del mundo», sostuvo Florencia Lampreabe, la oradora final del Frente de Todos [peronismo].
«Nunca en la historia de la humanidad debemos haber estado tan lejos de saber de dónde salen los alimentos que comemos», concluyó la legisladora.
Repercusiones
Esta noticia fue muy celebrada por organismos multilaterales, sobre todo por oficinas dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Para la entidad a cargo de las áreas de Alimentación y Agricultura, más conocida como FAO, «Argentina dio un paso histórico».
En sintonía, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó que la nueva ley «fija pautas para una alimentación saludable y busca reducir el consumo de productos alimenticios ultraprocesados». También sostuvo que esta clase de artículos «contribuye a las crecientes tasas de sobrepeso y obesidad, y a las enfermedades y muertes relacionadas con la mala alimentación».
Días antes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido como Unicef, había pedido que se aprobara la legislación, para «abordar la malnutrición y mala alimentación, y promover la salud integral y la soberanía alimentaria«. Al respecto, subrayó que «ninguno de estos derechos puede ser un privilegio».
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