En Colombia, un ataque con explosivos, en el que resultaron muertos dos policías y una civil en el municipio de Tibú (Norte de Santander), zona donde operan disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), apunta a dos vertientes: un recrudecimiento de la violencia y una reconsideración de los mecanismos de búsqueda de paz por parte del Gobierno.
Hasta el momento, ninguna de las dos guerrillas se ha atribuido el atentado contra una patrulla policial, que dejó 12 heridos (cuatro policías y ocho civiles). A pesar de que la acción fue dirigida contra los cuerpos de seguridad, nuevamente la población civil resultó afectada, reseña RT.
Como responsables de esta nueva agresión, que será investigada por un grupo especial de inteligencia policial y militar junto a la Fiscalía, podrían estar el Frente 33 de las extintas FARC, que pertenece al Estado Mayor Central (EMC), o el ELN, según el subdirector general de la Policía Nacional, Tito Yesid Castellanos Tuay.
Este atentado ocurre en un momento de suspensión del cese al fuego, anunciado por el presidente al finalizar 2022, con ambos grupos guerrilleros, por distintas razones. Sin embargo, también plantea dos posibilidades que el Gobierno tendrá que atender para seguir adelante con su propuesta de diálogo.
En el caso del ELN —con quien mantiene un diálogo de paz desde noviembre, en medio de algunos desencuentros que han sido solventados sobre la marcha—, afloran las dudas sobre el verdadero compromiso con la paz de esa guerrilla, justamente cuando en La Habana se desarrollan las conversaciones con la delegación gubernamental.
Por otro lado, con las disidencias de las FARC la situación es de mayor complejidad. Ambas partes no terminan de sentarse a la mesa de negociaciones y esta semana Petro anunció el levantamiento del cese al fuego con ese grupo, tras el ajusticiamiento —por parte del Frente Primero Carolina Ramírez, perteneciente al EMC— de cuatro menores de edad indígenas del Putumayo que pertenecían a sus filas, según lo admitieron en un comunicado.
Las reacciones tras el atentado
En su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano expresó su rechazo a la «acción terrorista» y lanzó una dura advertencia: «Este acto criminal no quedará en la impunidad».
Por su parte, el Alto Comisionado de Paz publicó un comunicado donde se aseveró que ese hecho «genera un ambiente de miedo y zozobra contrario a la construcción de la paz que se está adelantando en el territorio del Catatumbo».
«Los colombianos que le apostamos al camino del diálogo lamentamos la muerte violenta de cualquier ser humano y seguimos asumiendo el reto de construir un país en el que nunca más la violencia se imponga sobre la vida», dice el texto.
Aunque aún no se sabe quien habría perpetrado el atentado, a finales de marzo pasado diez militares murieron y ocho resultaron heridos en otro ataque con explosivos perpetrado en el municipio El Carmen, de esa subregión colombiana del noreste del Norte de Santander y fronteriza con Venezuela.
Esa acción violenta se la atribuyó el frente de guerra nororiental Comandante en Jefe Manuel Pérez Martínez, del ELN, «en respuesta a la militarización en la región».
Tan solo en agosto pasado, en el Catatumbo fue atacada con explosivos una caravana militar, horas antes de que el presidente visitara esa subregión para liderar un consejo de seguridad.
Más violencia y menos paz en el Catatumbo
En los últimos años, la violencia se ha disparado en el Catatumbo producto de las acciones de los grupos armados y organizaciones criminales por el control de las economías ilegales, en especial por la producción, procesamiento y distribución de la pasta de coca, según la Fundación Paz y Reconciliación.
Y es que según el informe de 2021 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), 84 % de la coca que se produce en 20 departamentos colombianos se concentra en el Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca y Antioquia.
Hace dos años, la subregión del Catatumbo poseía una extensión de 40.116 hectáreas de coca, lo que la ubicaba como la segunda con más siembra de ese tipo después de la Pacífica, que poseía 50.701 hectáreas.
Una posible escalada contra la paz
La muerte de cuatro adolescentes a manos de uno de los frentes del EMC de las extintas FARC causó conmoción en Colombia, porque volvió a poner sobre la mesa temas como la afectación a los civiles y el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados.
Debido a que el cese al fuego se levantó en los departamentos del Meta, en el centro del país, y en el Caquetá, Guaviare y Putumayo, ubicados en la región de la Amazonía, los cuerpos de seguridad se preparan para posibles arremetidas de las disidencias de las FARC.
El comandante de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, envió una comunicación a altos mandos militares para que se mantengan alertas ante una escalada de ataques contra unidades, recoge Caracol Radio.
Asimismo, les pidió mantener el control con «acciones militares contundentes» y la reactivación de las acciones ofensivas contra los cabecillas del grupo armado en esa región del país, en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Esta decisión también busca la judicialización de los integrantes del Estado Mayor Central de las FARC y dar cumplimiento a las órdenes de captura vigentes.
En febrero pasado, el presidente Petro pidió que más que un cese al fuego, se considerara un ‘cese de hostilidades’ para proteger a la población, que es la más afectada por los enfrentamientos entre las guerrillas y las organizaciones criminales.
Las acusaciones de las guerrillas
En los atentados contra uniformados que se han atribuido el ELN y la disidencias de las FARC, los alegatos de los grupos armados se basan en que esas acciones son una reacción a las supuestas agresiones contra ellos y las comunidades, por parte de los cuerpos de seguridad y las organizaciones armadas rivales.
En abril pasado, el frente de guerra nororiental Comandante en Jefe Manuel Pérez Martínez, del ELN, dijo en un comunicado difundido por los medios que la acción que acabó con la vida de 10 militares se hizo en «respuesta a la militarización en la región, los atropellos de la fuerza pública contra la población civil, asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos».
Aunque aún no se ha pactado un cese al fuego, sí hay conversaciones que se han desarrollado desde hace seis meses. El grupo guerrillero ha dicho que sigue «en pie de lucha, combatiendo militarmente a la fuerza estatal«.
Por otro lado, tras atribuirse la autoría de ajusticiamiento de los menores indígenas, el EMC afirmó que «el enemigo busca aprovecharse de la vulnerabilidad de los pueblos originarios», y que por ello, hacía «infiltración» de los campamentos guerrilleros para «desmoralizar», «cooptar militantes» y «violar» sus estatutos.
En otro texto emitido días atrás, donde advertía sobre el letargo en el inicio de las conversaciones con el Gobierno, el liderazgo de esa fracción acusaba a la fuerza pública de realizar «múltiples incumplimientos» del cese al fuego «en todas las regiones» donde el grupo disidente tiene unidades, abriendo la posibilidad de ponerle fin, lo que finalmente ocurrió por una decisión presidencial.
En este panorama de acusaciones mutuas de propiciar la violencia y de incumplir con lo acordado en los diálogos adelantados, el Gobierno colombiano no cesa en sus intentos por propiciar los acercamientos con los grupos armados, a pesar de las pausas y replanteamientos que ha tenido que hacer para cumplir con su promesa de ponerle fin al conflicto armado, que se extiende por más de cinco décadas en el país suramericano.
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