La masacre de Ayotzinapa ocurrió en México el 26 de septiembre de 2014 y cumple el próximo sábado seis años. Aún los familiares y padres de los 43 estudiantes normalistas asesinados ese día siguen clamando justicia y, sobre todo, quieren conocer la verdad.
Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa denuncian que el Poder Judicial aún sigue tomado por la corrupción. Por ello, asumen que ese el motivo por el cual el caso de la desaparición de sus hijos, que se presume fueron asesinados e incinerados, sigue abierto.
En vista de la impunidad y la falta de resolución, los padres emitieron este domingo un mensaje claro para pedir por la exigencia de verdad y justicia.
El portavoz Felipe de la Cruz dijo que las familias reconocen que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene «voluntad para conocer la verdad”. Pero, a pesar de esto, “todavía encontramos células de corrupción en el poder judicial”.
Este domingo, los padres y estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocuparon la caseta de cobro de la autopistas de paga México-Acapulco. Lo hicieron para demandar al Poder Judicial que revise el trabajo de los jueces y “que no puedan seguir siendo sobornados”
“Sabemos de antemano, y se hizo público, del soborno que recibió la juez que liberó al Mochomo (alias de José Ángel Casarrubias Salgado, uno de los acusados), después de ser detenido. Entonces, eso nos da la certeza de que todavía estamos contaminados y es momento de hacer una limpieza” puntualizó.
Por los estudiantes de Ayotzinapa
El movimiento de los 43 anunció manifestaciones a partir de este lunes -21 de septiembre- en Iguala, lugar donde desaparecieron sus hijos. El objetivo es reclamar que se hagan públicos algunos videos señalados en la indagatoria.
“En estos videos se observa que a varios jóvenes se los llevaron policías a Huitzuco, estado de Guerrero. Hasta hoy seguimos exigiendo que los entreguen por la información que tienen”, denunció el vocero.
Este martes protestaron frente al congreso de Guerrero para exigir a los diputados que cumplan su promesa y creen un comisión que apoye la investigación. “Hasta hoy quedó en el discurso y en la promesa, como siempre”.
Los padres viajarán a Ciudad de México para protestar este miércoles ante la sede de la Suprema Corte de Justicia, en demanda de respeto y justicia para las víctimas.
Al día siguiente, en la Fiscalía General, manifestarán para pedir todo el apoyo que sea necesario al encargado del caso, Omar Gómez Trejo.
El sábado, cientos de personas marcharán para comemorar el sexto aniversario de la desaparición. La ruta serpa desde el Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
Para cerrar la semana, el domingo 27, realizarán una ofrenda a los caídos en Iguala. Allí también se exigirá justicia para los estudiantes asesinados.
Vínculos del Ejército con carteles de la droga
Los padres también pidieron al Gobierno investigar los vínculos que hubo entre el Ejército de aquella época y miembros del cartel Guerreros Unidos.
Los familiares argumentan que hay elementos para investigar respecto a la participación del Ejército, antes, durante y después de los hechos. Aseguran que la complicidad es por indicios de la colusión de personas, no de la institución, con el grupo mafioso.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, señala que luego que el pasado 12 de agosto, los padres de los estudiantes entregaran al presidente López Obrador una carta con las directrices a seguir en la investigación.
En el documento piden detener y someter a proceso a los elementos del 27 Batallón de Infantería, quienes mintieron en sus primeras declaraciones. Los señalados también incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos, debido a sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
En ese sentido, nombran al capitán José Martínez Crespo, al teniente Joel Gálvez y al soldado Eduardo Mota. Sostienen que sobre ellos hay serias evidencias de culpabilidad, según la versión del procurador Jesús Murillo Karam.
La investigación a los militares ha sido una de las exigencias de los padres de los normalistas desde hace seis años. Pero, hasta ahora no veían voluntad del Gobierno de hacer indagatorias serias al respecto.
«Tenemos en curso acciones penales contra militares y policías federales», dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres.
La detención de Mario Casarrubias, uno de los líderes de Guerreros Unidos, derivó en el señalamiento de un activo del Ejército que le proporcionaba armamento y respondía al apodo de ‘El Satánico’, agregó Rosales.
El Gobierno busca la extradición del exsecretario de Seguridad Tomás Zenón, refugiado en Israel y autor de la denominada «verdad histórica». Esa es una especie de ficción creada para ocultar los hechos y proteger a sus responsables en el Gobierno de Enrique Peña Nieto,
Piden a AMLO acelerar búsqueda de desaparecidos
Entre tanto, los familiares, padres y amigos de las víctimas de la masacre, también piden al AMLO ayudar a acelerar las investigaciones de búsqueda de los desaparecidos, que no sólo incluyen el caso Ayotzinapa sino otros perpetrados en todo el territorio mexicano.
La petición se realizó el pasado sábado, en el acto de inauguración del Paso Inferior Vehicular Ocotoxco, en El Rosario Yauhquemehcan. Allí, decenas de personas con pancartas en mano solicitaron la intervención del Ejecutivo para localizar a Daniela Muñoz Muñoz, originaria de Apizaco, vista por última vez el 13 de septiembre en su lugar de origen.
Se trata de una docente que labora en Puebla, quien hace unos días salió de paseo con un amigo y no regresó a su hogar. Por ello, temen que esté en peligro, pues la persona con la que estaba tampoco aparece.
“Somos docentes de Puebla y Tlaxcala que estamos demandando ayuda a las autoridades, tenemos miedo de que sea alguna situación de violencia hacia las mujeres”, dijo una de sus manifestantes.
Por su parte, otro grupo de personas pidió la ayuda de López Obrador para localizar a Severo Mártir. Tampoco saben nada de él, aunque ya se interpuso una denuncia ante las autoridades competentes.
Según datos revelados en enero de 2020 por las autoridades, en México hay más de 61.600 personas desaparecidas, una cifra que ha crecido en más de 20.000 casos, luego de los 40.000 reportados hasta 2018.
México vive los embates del narcotráfico, el paramilitarismo y redes criminales que se han extendido a lo largo y ancho del país. Además de ser un productor de drogas, es uno de los principales puentes de distribución para Centro y Norteamérica. Incluso, posee vínculos con las mafias de Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá.
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