Bachelet y Villalobos se abrazan bajo el Huracán

Aunque al interior del oficialismo existían voces que declaraban insostenible la continuidad del general director de Carabineros Bruno Villalobos, la orientación del timón fue clara en La Moneda: mantener incólume a un oficial que, en medio de una de las mayores crisis de credibilidad y pugna sin precedentes con la Fiscalía, optó por abandonar el barco para ausentarse durante un mes en el Caribe.

Señalada como un «descriterio» por todo el espectro político, la ausencia del uniformado podía generar no solo un clima de ingobernabilidad al interior de Carabineros. También habría entorpecido la supervisión reglamentaria que la autoridad debía ejercer como dictaminador del sumario a cargo del general Julio Pineda, de forma tal de garantizar un rápido esclarecimiento de los hechos relacionados con la denominada «Operación Huracán».

También generó molestia y sospecha que Villalobos tomara un avión el mismo día en que la institución se negó a acatar una orden de allanamiento a las dependencias de la unidad de inteligencia de Temuco, y luego que el director de la Dipolcar, Gonzalo Blu, acusara a la Fiscalía de amparar la violencia en el sur, lo que fue ampliamente criticado por jueces y fiscales.

Faltó que el gobierno golpeara la mesa en público y exigiera responsabilidades por un hecho que, en voz de algunos parlamentarios, ameritaba la presentación de una acusación constitucional contra Blu. Esto fue algo que el propio ministro del Interior, Mario Fernández, se encargó de barrer al desestimar la existencia de «insubordinados» en Carabineros, aclarando que nunca había estado en carpeta la renuncia de Villalobos.

Aun así, la tensión reinó ayer en el Palacio de Gobierno. A puerta cerrada, Bachelet habría respaldado explícitamente al director de Carabineros, dando «la instrucción interna de no cuestionarlo ni en privado», consignó El Mostrador. Habría sido esa la razón por la cual el Ministerio del Interior, en su calidad de querellante, anunció que se opondrá a la decisión de no perseverar de la Fiscalía en el caso de la Operación Huracán, agregó el medio electrónico.

La Moneda juega todas sus cartas en ello. Si no prospera la indagatoria, prácticamente toda la justificación del viaje realizado por el subsecretario Mahmud Aleuy a Argentina perdería sustento, dado que la hipótesis de un supuesto tráfico de armas en La Araucanía se habría basado únicamente en las pericias policiales que hoy están siendo cuestionadas.

LA VERDAD CON APELLIDO

Mientras avanza la causa penal sobre manipulación de pruebas, Villalobos no solo arriesga perder a dos de sus generales más cercanos: el mandamás de la Dipolcar, Gonzalo Blu, y el jefe de la macrozona de inteligencia de La Araucanía, Marcelo Teuber, quienes ya habrían declarado como imputados ante el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

Poco acento se ha hecho a la cercanía existente entre Villalobos y el mayor Patricio Marín Lazo, ex jefe de inteligencia de Cautín.

En diciembre de 2016, luego de verse involucrado en la infiltración del movimiento mapuche a través del civil Raúl Castro Antipán, quien admitió haber participado en atentados como agente de la Dipolcar, Marín fue reintegrado a Carabineros por decisión del mando. El oficial es uno de los principales sospechosos del «Huracanazo», tanto así que la Fiscalía incautó su celular.

Ayer, Villalobos y el ministro Fernández llamaron a esperar la «verdad judicial». Con similar tono, de visita en el sur, la presidenta Michelle Bachelet llamó a no apresurarse «en sacar conclusiones antes de agotar las investigaciones», separándose de la postura expuesta por el propio fiscal nacional Jorge Abbott al indicar que deben solicitarse análisis «independientes».

Abbott ha indicado que los dos peritajes realizados por el Ministerio Público son suficientes para determinar la falsedad de las pruebas de WhatsApp proporcionadas por Carabineros, mientras que la institución policial ha dicho que pedirá ayuda al FBI.

Este jueves, la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, descartó que esté en mente incorporar a organismos extranjeros en la causa. «Nosotros no tenemos conocimiento de esas pericias. Lo que tenemos claro es que hay una investigación que es la que se origina en base a la denominada Operación Huracán, que está cerrada y si está cerrada, significa que ya no se pueden realizar diligencias en esa investigación», afirmó.

Entrevistado por El Ciudadano, el abogado Cristian Cruz planteó que «cuando las autoridades le empiezan a poner apellido a la verdad, desconfiamos… Todos sabemos la extrema cercanía que tiene Bachelet respecto al señor Villalobos, y yo creo que aquí hay una confusión».

«El extremo respeto que ellos se pueden tener, de aprecio u otro tema quizás más profundo, aparentemente ha confundido a Presidenta de cuáles son los roles que tiene un general director de Carabineros, que es proteger a la ciudadanía. No enviar a FFEE cuan tropa de matones a impedir un allanamiento ordenado por el órgano responsable del Estado, que es el Ministerio Público», agregó.

Cruz puntualizó que Villalobos «más bien ha destacado porque a él le gusta actuar desde las sombras, porque está bajo la concepción de lo que él siempre ha trabajado, que es el secretismo, la conspiración, y esa no es la policía que requiere un Estado en democracia del siglo 21».

DE PINOCHET AL HYATT

El estrecho vínculo de Bachelet con Villalobos – observado por un ex funcionario de La Moneda como «más que una simple amistad» – se remonta al primer gobierno de la mandataria, cuando el hoy director ejercía como jefe del Departamento de Seguridad Presidencial. Villalobos no pisaba la casa de gobierno por primera vez, ya que también había sido escolta del general Augusto Pinochet. En la misma época, indican fuentes policiales, recibió entrenamiento de la CIA.

En septiembre de 2015, luego del bombazo en Escuela Militar por el cual solo uno de los tres anarquistas imputados fue condenado, Bachelet puso a Villalobos al mando de Carabineros.

Para ese entonces, el oficial era un sobreviviente de las críticas realizadas en 2011 por la comisión parlamentaria de DDHH, la cual solicitó su renuncia por amedrentar al presidente de la instancia, Sergio Ojeda, a través de un llamado telefónico. El entonces mandamás de la Dipolcar había increpado al diputado DC por dar espacio a la denuncia de supuestos pinchazos ilegales de Carabineros a distintas autoridades públicas, la cual se diluyó en la Justicia Militar.

Los lazos entre la gobernante y el general también se dan en el ámbito personal. En marzo de 2017, Bachelet fue invitada a la costosa fiesta de matrimonio del hijo del director de Carabineros, Bruno Villalobos Coz. El evento, que se llevó a cabo en el Hotel Hyatt, contó con la presencia de varios generales del Alto Mando, entre ellos, el jefe de Finanzas Flavio Echeverría, quien días más tarde sería enviado a prisión preventiva por el megafraude que ya alcanza los 27 mil millones de pesos.

Poco después de asumir, Villalobos admitía que una de sus principales preocupaciones radicaba en la posibilidad de que la prensa colocara en duda el trabajo desempeñado por su hijo médico en el Hospital de Carabineros, temiendo que lo acusaran de nepotismo.

En ese contexto, vía Ley de Transparencia, El Ciudadano pidió acceso a distintos documentos relacionados con Villalobos Coz, detectando que en octubre de 2014 se le aumentó el sueldo de $901.467 a $1.500.041, y que el contrato le ordenaba cumplir un horario que en la práctica estaba imposibilitado de satisfacer, ya que al mismo tiempo concurría a un programa de especialización brindado por la Universidad de Valparaíso en el Hospital Militar.

En octubre de 2017, el miembro de la comisión investigadora del «Pacogate», Leonardo Soto (PS), pidió a la Contraloría determinar si las remuneraciones del hijo del general Villalobos se ajustaban a derecho, pronunciamiento que aun está pendiente de ser emitido por el ente fiscalizador.

Villalobos también se conecta con Bachelet a través de Javiera Blanco, quien trabajara como estrecha colaboradora de la jefa de Estado en la campaña. El uniformado ha compartido en círculos privados con la ex subsecretaria de Carabineros y su pareja, el senador Pedro Araya. En mayo de 2017, la ex titular de Justicia fue interrogada por el supuesto desvío de gastos reservados de Carabineros, situación que ella negó. En junio, Blanco se excusó de concurrir a la comisión que investigaba el fraude de Intendencia.

Matías Rojas – [email protected]