A finales de mayo, fue detenido en EEUU Arturo Murillo, exministro de Gobierno de la administración de facto de Jeanine Áñez en Bolivia (noviembre 2019-noviembre 2020). Además de Murillo, entre el 21 y 22 de mayo también fueron arrestados, en Florida y Georgia, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, de 51 años, exjefe de Gabinete de Murillo; así como los estadounidenses Luis Berkman, de 58 años, Bryan Berkman, de 36, y Philip Lichtenfeld, de 48.
En EE.UU., según una nota de prensa del Departamento de Justicia, estos hombres son acusados de participar en un esquema de sobornos entre noviembre de 2019 y abril de 2020. En ese lapso, dice Justicia, los estadounidenses pagaron 602.000 dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, Méndez y otro funcionario boliviano, de quien no precisan su nombre.
Esos sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida, obtuviera y mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares para proporcionar gases lacrimógenos y otros equipos no letales, describe un reportaje de Edgar Romero para RT.
Lo que más recalca el Departamento de Justicia es que los implicados luego utilizarían el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos; por lo que la acusación concreta incluye el cargo de «conspiración para cometer lavado de dinero», delito por el que, en caso de ser declarados culpables, enfrentarían una pena máxima de 20 años de prisión.
Este jueves, 17 de junio, corrió una versión en varios medios bolivianos sobre la presunta liberación bajo fianza de Murillo en EE.UU. Sin embargo, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, aseguró este viernes que el exministro sigue detenido y a la espera de su juicio e indicó que existe la posibilidad de que pueda firmar un acuerdo para convertirse en un «testigo protegido» ante la Justicia estadounidense.
Un «clan mafioso» en Bolivia
Bolivia también lleva adelante su investigación. Además de Murillo y Méndez, incluyen en este caso al exministro de Defensa del régimen de Áñez, Luis Fernando López, quien huyó de territorio boliviano el 5 de noviembre de 2020, tres días antes de que Luis Arce asumiera la Presidencia del país.
«Podemos decir que quienes gobernaron el país el año 2019 (finales) y el año 2020 fueron el ‘clan mafioso del gobierno de Añez'», dijo el actual ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, precisando que ese «clan» estaba encabezado por López y Murillo.
Ampliando ese «clan» estaba Méndez, quien tenía la relación con los Berkman y Lichtenfeld.
Los Berkman son los dueños de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) y Lichtenfeld era el garante de esa compañía con la empresa Cóndor en Brasil.
Las gestiones para adquirir los gases lacrimógenos se hicieron con la empresa brasileña de armas no letales Cóndor, a través de BTS como intermediaria.
«Estos señores, mediante chats, correos y finalmente mediante notas encontraron la manera de eliminar al representante de Cóndor de Bolivia e interponer a Bravo Tactical Solutions como la única empresa que podría comprar gases y armas no letales de la empresa Cóndor para importar al país, para de esta manera lograr realizar el negociado», explicó Del Castillo.
«Fachada legal»
Del Castillo señaló que la «fachada legal» o el respaldo a esta trama se la dieron con la aprobación del Decreto Supremo 4090 del 3 de diciembre de 2019, que autorizó al Ministerio de Defensa a la adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotín, clasificados como materiales relacionados a municiones para la Policía Boliviana.
El documento está firmado no solo por Murillo y López, sino también por Áñez y el resto de sus entonces ministros.
Pero luego vinieron dos decretos más, el 4116, el 12 de diciembre de 2019, que abrogó el 4090 y autorizó al Ministerio de Defensa a realizar la contratación directa en el extranjero para la compra del material bélico; y más adelante el 4168, del 28 de febrero de 2020, que le permitió al Ministerio de Gobierno transferir dinero a la cartera dirigida por López para la adquisición de los productos antidisturbios.
Luego de la emisión de ese decreto, el 17 de diciembre del 2019, precisó Del Castillo, se realizó la orden de compra entre la empresa BTS y Cóndor por 3,3 millones de dólares. No obstante, el contrato que Bravo Tactical Solutions firmó con el Estado boliviano fue de 5,6 millones de dólares, dejando un sobreprecio de más o menos 2,3 millones de dólares, monto que después fue repartido entre los miembros del «clan».
Del Castillo informó más adelante que «gran parte de estos recursos provenientes de la corrupción han sido invertidos en la construcción del World Trade Center (un complejo de edificios) en el departamento de Santa Cruz» y en la inmobiliaria «El Doral», en Cochabamba.
Recientemente, Carlos Fernando Huallpa, exministro de Minería durante el régimen, uno de los firmantes del decreto, dijo que el gabinete de Áñez analizó el requerimiento que presentó el Ministerio de Gobierno para la compra de los gases y firmaron, al parecer ignorando el sobreprecio.
«Lamentablemente, de mala fe ha actuado el exministro de Gobierno Arturo Murillo, donde ha puesto sobreprecios, ha hecho actos de corrupción, ha hecho daño económico al Estado, pero tiene que asumir su responsabilidad por ese daño que ha hecho al Estado», enfatizó.
Sobre este caso, en Bolivia, el procurador Chávez adelantó que su país gestionará ante EE.UU. la extradición de Murillo. En este país sudamericano ya se han realizado algunas detenciones en torno al caso, entre los aprehendidos están Daniel Leonardo Aliss Paredes, cuñado del exministro de facto; los capitanes de la Policía Daniel Bellot e Ivar Víctor Gómez, quienes trabajaron en el Ministerio de Gobierno; Pedro Miguel R. S. y Martín L. G., dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa, presuntamente miembros de la comisión de compra y recepción de los gases lacrimógenos; entre otros.
Un préstamo desde Ecuador
En la investigación que se lleva a cabo en Bolivia saltó una nueva y polémica información, que involucra al Gobierno ecuatoriano que presidió Lenín Moreno (mayo 2017-mayo 2021).
El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó que en las declaraciones que han hecho varios exfuncionarios del régimen de facto, dentro del caso ‘Gases Lacrimógenos’, se ha conocido que la administración ecuatoriana de Moreno hizo un presunto envío de gases lacrimógenos y municiones de alto calibre al régimen de Áñez.
El abogado boliviano Gary Prado Arauz, defensor de los dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa, un militar retirado y un abogado en ejercicio, que están involucrados en el caso ‘Gases Lacrimógenos’, dijo, en entrevista con ATB Digital, que sus patrocinados tuvieron conocimiento de que un vuelo, de un avión Hércules C-130 de Bolivia, había ido a Quito (Ecuador), en los primeros días de la gestión del gobierno de facto y había transportado desde ahí el material.
En otra entrevista, en esta ocasión con el programa Punto Noticias, de Pichincha Comunicaciones, Prado comentó que desconocían la cantidad exacta del material antidisturbios prestado por Ecuador, pero se habla de un monto de 9 millones de bolivianos (1,3 millones de dólares).
El letrado señaló que, luego, parte del material que se adquirió con BTS debía ser enviado a Ecuador, para devolver el préstamo que había hecho ese país, pero no se hizo.
Cabe recordar que, tras el golpe de Estado en noviembre de 2019, que originó la salida de Evo Morales de la Presidencia y la toma de poder por parte de Áñez, hubo fuertes protestas en Bolivia. Durante su gobierno de facto, que se extendió por un año, hubo al menos cuatro masacres: las de Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz.
Recientemente, el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, dijo que su país buscará entablar un proceso judicial internacional contra Moreno y Áñez por delitos de «lesa humanidad». De momento no se precisó ante qué instancia, pero podría ser ante la Corte Interamericana de Justicia o la Corte Internacional de Justicia.
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