La tensa crisis política, social e institucional que enfrenta el Gobierno de Dina Boluarte en Perú desde la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado, ha generado diferentes reacciones en los países de la región, que revelan la ‘grieta’ sobre el conflicto.
La criticada administración de Boluarte ahora no solo enfrenta el descontento de la población peruana que exige su renuncia, la disolución del Congreso que vacó a Castillo y elecciones generales; sino que suma nuevas controversias diplomáticas con cinco países: Bolivia, Chile, Honduras, México y Colombia.
En la VII Cumbre Presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada la semana pasada en Argentina, varios jefes de Estado expresaron su preocupación por los hechos en Perú, que tras casi dos meses de manifestaciones antigubernamentales que han puesto en riesgo la actividad económica del país, acumulan al menos 58 fallecidos, unas 1.200 personas heridas y millonarios daños materiales.
Por otro lado, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia señalada por varios gobiernos latinoamerianos de actuar con «servilismo» a los intereses de EE.UU., convocó a Boluarte, vía teleconferencia desde Lima, para hablar de la crisis y darle un espaldarazo, expresándole su «pleno apoyo» a pesar de las protestas, reseña RT.
Chile pide «un cambio de rumbo»
Las quejas de los mandatarios en la Celac se enfocaron en pedidos de liberación de Castillo —acusado de rebelión y conspiración—, adelanto de elecciones y denuncias contra las masacres y la represión por parte de la Policía y el Ejército.
Una de las voces fue la del presidente de Chile, Gabriel Boric. «No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quienes debieran defenderlas», dijo.
Boric agregó que los asesinatos de más de medio centenar de peruanos «debería escandalizar» a la región y abogó por «la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú». Además, consideró «inaceptable» la represión y la violencia vista en ese país, que a su juicio emula los crímenes cometidos por las dictaduras militares que se instalaron décadas atrás en el Cono Sur.
México dice «No al autoritarismo»
Otras críticas vinieron del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de no asistir personalmente a la cumbre, envió un video en el que pidió a los miembros de la Celac incluir en su documento final la solicitud de libertad para Castillo, al considerar como «una infamia» su destitución y arresto. Además, advirtió que en la región no se pueden tolerar más golpes de Estado, «ni militares, ni técnicos».
«No debemos dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia. No al autoritarismo y libertad para Pedro Castillo, porque está injustamente encarcelado», dijo el jefe de Estado mexicano.
Colombia rechaza los golpes parlamentarios
El mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien habló de la situación política en Perú sin mencionarla expresamente, cuestionó que en la región no se respeta el mandato popular expresado en elecciones y denunció la ejecución de golpes de Estado parlamentarios.
«¿Por qué tiene que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos?», se preguntó Petro, tras instar a la distintas fuerzas políticas de la región a establecer un acuerdo democrático.
«Es hora de que el sistema interamericano, puesto al orden del siglo XXI, permita que aquí haya un pacto democrático en donde las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante físicamente», dijo, y añadió que en América Latina «no tiene que haber un solo preso político«.
Honduras reconoce a Castillo como «presidente legítimo»
La jefa de Estado de Honduras, Xiomara Castro, también condenó «el golpe de Estado en Perú» y la «agresión a la que está sometido el pueblo peruano». Además, expresó su «solidaridad» con Castillo –al que aún considera «presidente legítimo y electo»–, por lo que demandó su «inmediata liberación».
Para Castro, «frente al fracaso de la OEA [Organización de Estados Americanos]», hoy la Celac «es más necesaria que nunca» y que solo la unión podrá blindar a todos los países para enfrentar «los ataques feroces del neofascismo».
Tensiones con Bolivia
La crisis peruana también ha provocado serias tensiones entre Lima y La Paz, por las acusaciones de Boluarte de supuesta injerencia de Bolivia.
La controversia comenzó luego que el presidente de boliviano, Luis Arce, destacara «la lucha del pueblo» peruano por «recuperar la democracia», lo que generó una «enérgica protesta» por parte de la administración de Boluarte.
En respuesta, la cancillería boliviana aclaró que respetaba «el derecho internacional y el principio de no intervención». Sin embargo, Boluarte atizó a la polémica tras señalar –citando una «información extraoficial»– que desde Bolivia estarían enviando a Perú balas ‘dum dum’, municiones que no utiliza la policía y que se fragmentan al impactar en los cuerpos, lo que presuntamente habría matado a varios manifestantes.
Los reclamos de Boluarte apuntan contra «los Ponchos Rojos», grupo militante indígena que apoya las políticas del expresidente Evo Morales, a quien las autoridades peruanas le prohibieron entrar al país. Además, el Congreso de Perú ha declarado persona no grata al exmandatario.
La acusación de Perú fue refutada por la cancillería de Bolivia, que indicó que la denuncia de la mandataria «no tiene sustento técnico–científico». Además, el Ministerio de Exteriores recalcó que no existe ningún reporte migratorio que evidencie el ingreso de armas o municiones desde el territorio boliviano al peruano.
«En el marco de los principios de la Carta de Naciones Unidas, Bolivia es respetuosa del derecho internacional y no nos metemos en asuntos internos de los países. Obviamente respetamos la soberanía, pero dada las circunstancias, en la Celac, muchos presidentes han manifestado su preocupación con relación a los derechos humanos y ha sido de conocimiento público», manifestó por su lado el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani.
En tanto, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, dijo que la declaración de Boluarte «falta a la verdad» y la calificó como «una cortina de humo» para no hablar de lo que sucede en Perú, inmersa en represión, muertes y protestas diarias que se registran en todo el país.
OEA y EE.UU. apoyan a Boluarte
Tras la sesión que hizo el Consejo Permanente de la OEA la semana pasada para escuchar a Boluarte, quien prometió velar por elecciones «libres, democráticas y con todas las garantías, con la observación de la OEA», el organismo se plegó al discurso gubernamental, al rechazar el «vandalismo» y la «violencia» atribuida a los manifestantes, y convocó a una sesión extraordinaria para este lunes en Washington, que tratará de considerar «los acontecimientos recientes en la República del Perú».
Boluarte, quien considera que «la única salida posible a la crisis que a la vez es pacífica, constitucional y consistente con la tradición de la OEA», consiguió el respaldo de la representación de EE.UU., que a través de su embajador, Francisco Mora, expresó que su país está «comprometido en apoyar al Gobierno peruano».
Por su parte, la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, desarrollará su agenda en Washington para iniciar «una visita de trabajo», que según el Ministerio de Exteriores, «permitirá afianzar la relación bilateral» con EE.UU. «y la promoción de inversiones».
Gervasi sostendrá reuniones «con altos representantes del Gobierno estadounidense», del Senado, Cámara baja, organizaciones de la sociedad civil, sector privado de EE.UU. y empresarios peruanos residentes en ese país.
A mediados de enero, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó que el organismo puede «coadyuvar» a solucionar la «preocupante crisis» que vive Perú y a resolver los problemas que aumentan «la violencia y la intolerancia».
Castillo pide rechazar «la dictadura militar» de Boluarte
Desde la prisión de Barbadillo, donde está privado de libertad desde el 7 de diciembre de 2022, el expresidente Castillo solicitó a los países de la Celac rechazar «la dictadura militar» de Boluarte e impedir que el bloque comparta espacio con un régimen «antidemocrático» que «usurpa el poder».
«Ruego que alcen su voz en todos los foros internacionales, y no permitan que un espacio genuino y de integración latinoamericana cohabite con el actual régimen político antidemocrático que hoy usurpa el poder en el Perú», dijo el exmandatario, quien denunció que se encuentra en un «cautiverio arbitrario, sometido por la dictadura de Dina Boluarte, mediante un proceso judicial viciado de legalidad».
El exmandatario también agradeció «la solidaridad» de los jefes de Estado que se pronunciaron en la Celac, asi como la de Evo Morales, a quien considera un «perseguido político de la dictadura de Boluarte», por denunciar los hechos en Perú.
Boluarte se niega a renunciar
Por su parte, Boluarte, que ha militarizado el país para tratar de erradicar las protestas, insiste en que su país saldrá adelante frente a los ataques de «grupos autoritarios que quieren imponer salidas» y que, según ella, no forman parte del orden constitucional y «de la tradición democrática» en Perú.
En su declaración ante la OEA, Boluarte anunció que pese a las protestas no se va a rendir. Además, culpó a Castillo de propiciar la crisis política y la desestabilización, para intentar generar un «golpe de Estado» cuando el exmandatario intentó disolver el Congreso vía decreto presidencial.
La mandataria también reaccionó a los pronunciamientos de los líderes de la Celac, cumbre a la que no acudió. En esa línea, Boluarte preguntó: «¿Qué salida están planteando ante la crisis en el Perú? ¿La salida de la violencia o la salida de la paz y la democracia?».
Boluarte, que hasta hace poco aseguraba que no podía atender las demandas de los manifestantes y alegaba que ella ya había cumplido con la solicitud de adelanto de elecciones para abril de 2024, cambió radicalmente su discurso el domingo, cuando anunció que enviará dos proyectos urgentes al Congreso para adelantar las elecciones a octubre de 2023.
El anuncio de la mandataria se dio luego que el pasado viernes la mayoría del parlamento rechazó el proyecto de ley que pretendía adelantar las elecciones a la Presidencia de la República y el Congreso para 2023. Sin embargo, aún falta que la iniciativa sea discutida nuevamente en plenaria.
Mientras tanto, las protestas en Perú continúan y los reclamos de los manifestantes son claros: renuncia de la mandataria, cierre del Parlamento, adelanto de elecciones generales, liberación de Castillo, convocatoria a una asamblea constituyente y justicia por los caídos por la represión de las fuerzas de seguridad.
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