Calderón Berti: el ‘embajador’ incapaz de tapar los escándalos de Guaidó en Colombia

En Venezuela, durante el periodo conocido como «la Cuarta República» (1958-1998), Humberto Calderón Berti estuvo involucrado en dos de los Gobiernos que llevaron al país a dejar de ser la nación más rica y pujante de la región, para entrar en una espiral y abrupta caída de su economía que llevó a la población a vivir resignada -desde finales de los ’80 a finales de los ’90- en niveles extremos de pobreza y miseria generalizada, que dieron paso a una implosión social sin precedentes y el surgimiento de la Revolución Bolivariana.

Conocido entre sus socios, amigos cercanos y eruditos de la oposición venezolana como un gran «experto petrolero», Calderón Berti parecía llenar las credenciales para ser el hombre que representaralos intereses de Estados Unidos como «embajador» de Juan Guaidó en Colombia. De hecho, ya tenía una amplia trayectoria en ese país, tras huir de Venezuela luego de participar en el golpe de Estado contra Hugo Chávez y el paro y sabotaje contra Petróleos de Venezuela, ejecutados entre los años 2002 y 2003.

La «trayectoria» de Calderón Berti viene desde la llamada Cuarta República, siendo ministro de Energía y Minas del presidente Luis Herrera Campins, entre 1979 y 1983, gobierno responsable del llamado «viernes negro» -la primera devaluación de la moneda local, el bolívar- que llevó a Venezuela a una debacle económica originada en gran parte por la corrupción.

Calderon Berti también agrega a su carrera política haber sido uno de los cancilleres del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), quien fue sacado de su cargo debido a decenas de escándalos de corrupción, la permisividad con la banca privada, el robo a los ahorristas y el caos generalizado por la pobreza masiva y la desigualdad que reinaba.

Pero, específicamente sus antecedentes oficiales con PDVSA vienen desde 1983, cuando Calderón Berti asumió la presidencia de la estatal, donde ejercería una red de influencias que años más tarde terminaría en la llamada «meritocracia» de la empresa petrolera, que era un selecto grupo de personas y empresarios autocatalogados como los únicos que podían administrar la industria, controlar sus recursos y hacer lo que quisieran con ellos.

Fue justamente la misma «meritocracia petrolera» la que ejecutó el sabotaje a PDVSA que produjo al país pérdidas milmillonarias, cuyas estimaciones sobrepasan los 50.000 millones de dólares perdidos para Venezuela.

En ese contexto, comienzan a revelarse los intensos vínculos y negocios de Berti en Colombia, quien junto a excompañeros y socios de la «meritocracia petrolera» que también huyeron hacia Colombia, España y Estados Unidos, fundaron -en 2003- su propia petrolera privada en territorio neogranadino: la empresa Vetra Energía, que con recursos robados de PDVSA se convirtió en una de los principales productoras independientes de crudo y gas en ese país.

Los nexos de Berti con Colombia vienen desde el golpe y sabotaje petrolero ejecutados por la entonces alianza opositora y la «meritocracia petrolera, ambos planes articulados por el Gobierno de Estados Unidos y que fracasaron. Luego de ello, Chávez decidió profundizar las políticas sociales que pretendían erradicar los sectores golpistas.

Tras fracasar, Calderón Berti se refugió en España y luego en Colombia, mismo destino que tomó el otrora autoproclamado «Presidente de Venezuela» y golpista, Pedro Carmona Estanga, quien antes de huir presidía la asociación de empresarios Fedecámaras, una de los principales promotores y financistas del Golpe y del sabotaje petrolero.

¿Qué fue lo que hizo mal Calderón Berti para que Guaidó lo botara?

Calderón Berti estuvo involucrado en varios crímenes que se hicieron públicos mientras fungió como representante de Guaidó en Colombia, un «cargo» que desempeñó ensombrecido por los múltiples escándalos relacionados al grupo sedicioso Voluntad Popular, inmerso en el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en 2018, la fracasada invasión a Venezuela con grupos irregulares colombianos desde Cúcuta, la malversación de fondos de entes privados, el robo de recursos para ayuda humanitaria, enriquecimiento ilícito, compra de bienes con dinero sucio, prostitución, drogas, narcotráfico y paramilitarismo.

Desde inicios de 2019, Calderón Berti hacía las veces de «embajador» de Guaidó ante el régimen uribista de Iván Duque, quien decidió reconocer al «presidente interino», una calificación inventada por Washington para intentar crear un Estado paralelo en Venezuela que les permitiera usurpar el Poder Ejecutivo y derrocar a Maduro.

De esa manera, Calderón -usando la fachada de Guaidó- promovia acciones injerencistas contra Venezuela desde Colombia, al protagonizar distintas reuniones en la embajada de EE. UU. en Bogotá, desde donde se articulan «estrategias» junto al Comando Sur y otros representantes del Gobierno de Donald Trump.

En ese sentido, el ahora exembajador de Guaidó fue uno de los principales promotores del intento de invasión ejecutado el pasado 23 de febrero desde Cúcuta, que orquestaron Duque, el Comando Sur, la policía y el ejército colombianos y grupos paramilitares de ese país, utilizando la falsa bandera de «ayuda humanitaria» para intentar ingresar a Venezuela toneladas de elementos para generar violencia.

Desde entonces, el plan fallido en Cúcuta dio origen a que se descubrieran una serie de irregularidades y actos delictivos del grupo liderado por Guaidó y protegidos por Calderón Berti, como el robo de millones de dólares que entidades privadas donaron a Venezuela como verdadera «ayuda humanitaria», que terminaron en manos de las personas más cercanas a Guaidó.

Estas mismas personas que robaron los recursos donados a Venezuela, usaron el dinero mal habido para comprar bienes en Colombia como apartamentos, vehículos, artículos de lujo, ropa, calzados, entre otros productos de consumo personal, hospedajes en hoteles cinco estrellas y despilfarro de dinero en fiestas y lujuria.

Un ejemplo de la malversación y los excesos del equipo de confianza de Guaidó lo protagonizaron Freddy Superlano y Carlos Salinas -dos de los miembros de Voluntad Popular-, quienes mientras estuvieron en Cúcuta se convirtieron en titulares de medios colombianos por contratar a dos prostitutas, que según las autoridades de ese país los envenenaron.

Sexo, drogas y corrupción

La noche del 23 de febrero, tras fracasar el intento de invasión, Superlano y Salinas contrataron a dos «prepagos» para salir de fiesta y acostarse con ellas. Pero aquella noche terminó mal para ambos. Salinas fue hallado muerto y Superlano -aún con vida- envenenado.

Las autoridades colombianas confirmaron que en la habitación de Superlano y Salinas habían restos de consumo de drogas ilícitas. Posteriormente se encontró un video que revela a ambos con las prostitutas en una fiesta, y otro video en el que aparecen las dos mujeres mientras salen del hotel la mañana siguiente, tras compartir habitación con ellos.

Superlano logró sobrevivir tras ser llevado a un centro hospitalario, pero de acuerdo con el informe policial, las mujeres le robaron joyas y 250.000 dólares que tenía en efectivo.

Semanas después del escándalo, se conoció que Calderon Berti había sido el encargado de coordinar «la logística» del grupo de Guaidó en Cúcuta.

Otro caso que no pudo esconder fue el robo de al menos tres millones de dólares de los recursos recogidos en el llamado concierto «Venezuela Live Aid», realizado el 22 de febrero en Cúcuta, y que se hizo para -supuestamente- recoger fondos para dar «ayuda humanitaria» a los venezolanos.

Las investigaciones también revelaron que un día antes del intento de violar la frontera venezolana -el 22 de febrero-, el grupo de Guaidó gastó unos 800.000 dólares en el alquiler de avionetas para el traslado de diversos dirigentes a Cúcuta.

Un total de 15 aviones fueron los utilizados por el grupo de Guaidó para viajar a Cúcuta y fueron identificados por el Gobierno venezolano con las siguientes siglas: N600TB Citation II; N27FL Hawker 800; N999CM LR60; N126KL LR55; N450MB G4; N125GR ASTRA; N179JA G200; VP-CNI MD87; N1900A Astra; N352BH G4; N113WJ G4; N600CK G4; N843GS Challenger 601; N125GR Astra; HK4758 Hawker 900.

Tras saberse toda la corrupción y el mal proceder del equipo cercano de Guaidó en Colombia, Calderón Berti no tuvo otra opción que declarar que estaba investigando todo lo relacionado al caso, el cual se masificó en una publicación del diario estadounidense PanamPost, con sede en Miami, Florida, y de marcada tendencia editorial antiVenezuela.

Esta acción pudo hacer sido la que comenzó a desatar la costura que mantenía unidos a Calderón Berti y Guaidó.

Pero además, Calderón Berti coordinó el secuestro de Monómeros Colombo-Venezolano, una filial de la empresa Petroquímica de Venezuela (Pequiven) instalada en Colombia. Esto lo logró con la complicidad de Carmen Elisa Hernández de Castro, una persona de su confianza que terminó siendo designada por Guaidó «como presidenta de la junta directiva de Monomeros», todo para controlar sus recursos tal cual como lo hace Estados Unidos con Citgo.

Hernández, según la plataforma de periodismo de datos «La Tabla«, fue una ficha fundamental de Guaidó para organizar la logística de la falsa «entrega de ayuda humanitaria». Es decir, realiza el mismo trabajo que ejecutan David Smolansky, Carlos Vecchio, Julio Borges, entre otros, para asfixiar a Venezuela con el bloqueo total, que además les ha servido para secuestrar -al menos- más de 34.000 millones de dólares en activos, bienes y recursos de PDVSA y su refinería Citgo, con sede en territorio estadounidense.

«Calderón ¡Estás botado!»

El pasado martes 26 de noviembre se conoció que Guaidó decidió prescindir de los servicios de Calderón Berti, una medida criticada por muchos de los opositores que antes lo defendían.

Guaidó, quien tiene claras intenciones de endeudar a Venezuea con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de ‘al menos’ 140.000 millones de dólares, una vez «cese la usurpación», alegó que el despido obedece a «modificaciones» «a fin de lograr los objetivos trazados».

“En conversaciones con el Comisionado Presidencial para las Relaciones Internacionales (Julio Borges) hemos decidido hacer modificaciones en relación a nuestra política exterior a fin de lograr los objetivos trazados por nuestro gobierno legítimo”, dice parte de la misiva enviada a Calderón Berti y en la que se le anuncia su despido.

La relación entre Calderón Berti y Guaidó desmejoró a raíz del escándalo de “Cucutazo”, cuando se comprobó que sus allegados habían utilizado para fines personales dineros de la llamada “ayuda humanitaria”. Eso, Guaidó quiso pasarlo por debajo de la mesa.

En ese momento, Calderón Berti solicitó a la Fiscalía colombiana una investigación a fondo, además, consignó “algunas pruebas una vez que tuvo conocimiento de la situación”.

El dinero terminó -según una denuncia realizada por PanamPost- en manos de Rossana Barrera y Kevin Rojas, quienes por órdenes de Guaidó suplantaron a José Manuel Olivares y Gaby Arellano, tras llevar meses planificando el plan de invasión desde Cúcuta.

Tanto Barrera y Rojas tenían como misión pagar los 25.000 dólares prometidos a cada militar que desertara de la Fuerza Armada venezolana para unirse al plan de Guaidó, y además debían coordinar su estadía en ese país y velar por ellos. Pero los militares desertores, que no pasaron de un centenar, terminaron abandonados a su propia suerte en Colombia y hasta fueron expulsados de un hotel donde se hospedaban, porque los designados de Guaidó nunca pagaron su estadía, tampoco lo hizo Calderón Berti y mucho menos el régimen de Duque.

Otro escándalo de Berti con respecto a su logística en Colombia, fue el error que cometieron al articular el paso ilegal de Guaidó desde Venezuela a Colombia. El «experto petrolero» coordinó junto con la guardia presidencial de Duque, que Guaidó pasara de Venezuela a Colombia a través de una trocha -camino ilegal- controlado por el grupo paramilitar «Los Rastrojos», banda criminal dedicada a la comisión de delitos como secuestros, extorsión, sicariato, narcotráfico, violación, torturas, desapariciones forzozas, trata de blancas, entre otros delitos.

https://www.youtube.com/watch?v=Oc_qMzQMR7w

Comida podrida y los choques de Guaidó con Colombia y Chile

De acuerdo con el reportaje de PanamPost, “Rossana Barrera y Kevin Rojas, además de ser responsables del sustento de los uniformados, también compartían obligación con todos aquellos que se debían encargar del manejo de las toneladas de ayuda humanitaria estacionada en Cúcuta y donada por varios países. Un nombre clave es el de Miguel Sabal, el designado por el Gobierno de Juan Guaidó para manejar todo lo relacionado a Usaid”.

“Según me confirmaron tres fuentes, quienes me pidieron que en todo momento guardara su condición de anonimato por lo delicado de la denuncia, al menos el 60 % de todos los alimentos donados por aliados del Gobierno de Juan Guaidó se dañaron. Me mostraron fotos sin compartírmelas”, agrega el periodista Orlando Avendaño, quien firma el mencionado reportaje.

Al respecto agrega: «La comida está podrida, me dice. ‘Todo lo que envió el presidente Piñera ya no sirve. Está ahí. No saben qué hacer con ello para que no se arme un escándalo. Lo quemarán, imagino'».

En ese sentido, Avendaño también comenta: “El Gobierno de Colombia está molesto. Muy molesto. Esto, junto al hecho de que jamás le notificaron de los diálogos escandinavos y los errores cometidos el 23 de febrero, los ha llevado a preguntarse cuál es el concepto que los venezolanos tienen por «aliado»”.

“Aunado a ello, aunque hace más de treinta días se puso al tanto a (Leopoldo) López y a Guaidó del entramado de corrupción de sus emisarios en Cúcuta, no han recibido ninguna respuesta todavía”, sostiene Avendaño .

Peleas internas del grupo de Guaidó dividieron a Bogotá y Cúcuta

En el artículo de The Panam Post también se pueden ver facturas millonarias pagadas en efectivo que demuestran los excesos de la “mafia de Guaidó”, algunas de ellas firmadas el mismo día, con estilos de escritura idénticos y casi todas sin sello.

Otras irregularidades denunciadas en el texto son facturas de los gastos de abril “por más de 30.000 dólares”, y reportes a Guaidó con cuentas por pagar, que contemplan “cuentas del Hotel Villa Antigua, en manos de ACNUR; y reportan un monto de más de 34.000 dólares. Además proyectan gastos de más de 15.000 dólares e incluyen Hotel Villa Antigua”, cita el trabajo periodístico, acompañado de fotografías con pruebas de la malversación.

Además, el texto agrega que hubo reportes de gastos a Guaidó que superaban los 47.000 dólares, entre los que se incluyen gastos en varios hoteles en Cúcuta como Cinera, Cinema Cúcuta, Hampton, Sterling y Zaraya, y que habrían sigo divididos entre el Gobierno colombiano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El reportaje reseñó además que la embajada de Colombia avisó a Guaidó sobre la situación, es decir, resalta Avendaño en su reporte: “Leopoldo López y Juan Guaidó se enteraron de todo lo que hacían Rossana Barrera y Kevin Rojas”.

De hecho, dice Avendaño, que el equipo de Guaidó siempre “mostraba una defensa a ultranza de ambos (Barrera y Rojas)” e incluso “hubo amenazas y se trató de desviar la responsabilidad hacia la embajada de Calderón Berti”, supuesto “embajador” de Venezuela, nombrado por Guaidó.

Según la publicación, Barrera acudió el 27 de mayo a una reunión “con miembros de la embajada” para someter sus gastos en Cúcuta a una auditoría.

“Un hombre, el diputado Luis Florido, la acompañó para abogar por ella, según comentó un allegado a uno de los que estuvo presente en la reunión. La carpeta que entregó era pequeña. Muy pocas hojas para toda la escandalosa información que manejaba la inteligencia colombiana. Al final, Barrera pudo entregar un soporte, bastante burdo, de 100.000 dólares que había gastado durante su estadía en Cúcuta. Varios montos de los que entregó no se correspondían con la realidad. La cifra es formidable pero, según me dijo el miembro de inteligencia, se queda corta”, escribió Avendaño.

De acuerdo con el reportaje, Barrera es investigada por el Gobierno de Colombia, cuando a mediados de mayo comenzó a organizar una cena benéfica para «recoger fondos para mantener a los uniformados y sus familiares», usando el aval de la embajada de Guaidó en Bogotá, pero tras el rechazo de la propuesta por parte del embajador, lo hicieron a cuenta propia.

Entonces, Barrera «envió invitación a las embajadas en Bogotá a nombre de la representación venezolana encabezada por Calderón Berti, utilizando un correo electrónico falso (…) El evento iba a ser en el muy lujoso restaurante Pajares Salina ubicado en la exclusiva urbanización de Chicó Norte en Bogotá. Al final se tuvo que cancelar debido a que los miembros de la embajada pusieron al tanto a las otras representaciones de que ellos no auspiciaban el evento. Al contactar a la embajada y referirme a la invitación, me confirmaron que ellos nunca estuvieron detrás del intento de realizar una cena benéfica», explicó Avendaño.

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