Agresiones, maltratos, acoso, terrorismo laboral y una cifra histórica de juicios laborales deja Laura Marcela Carcaño Ruiz en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), tras concluir este 5 de enero su periodo como comisionada en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Puebla (Itaipue)
Carcaño, considerada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) como ejemplo de los peores perfiles para conformar parte del Itaipue, tuvo enfrentamientos con sujetos obligados que lamentaron su paso por el órgano garante. Rodrigo Santisteban Maza, coordinador General de Transparencia del Ayuntamiento de Puebla, interpuso al menos cuatro amparos contra sus resoluciones, que a la fecha siguen sin ser dirimidas en los juzgados.
En su gestión como presidenta del Itaipue, Marcela Carcaño frenó la sentencia de un juez que ordenó transparentar la información contenida en el contrato firmado entre el consorcio Concesiones Integrales y el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, en el que se privatizó el servicio del agua potable en Puebla, y defendió de manera feroz la reserva del documento.
Terror laboral
Marcela Carcaño fue Electa como comisionada propietaria por el Congreso local para un periodo de cinco años que comenzó el 6 de enero de 2017 y termina el 5 de enero de 2022. Apenas tomó el cargo como Comisionada Presidenta, al menos 11 personas que laboraban en el órgano garante firmaron algún tipo de renuncia o baja voluntaria.
Así lo sostiene el Itaipue en respuesta a la solicitud de información con el folio 00680520 en la que se desglosó la relación de las bajas laborales: “1 Hombre: 7 de enero de 2019; tres Mujeres: 7 de enero de 2019; 1 Mujer: 31 de enero de 2019;1 Mujer: 28 de febrero de 2019; 1 Hombre: 31 de agosto de 2019; 1 Hombre: 3 de diciembre de 2019; 1 Hombre: 29 de febrero de 2020; 1 Mujer: 29 de febrero de 2020.”
Cuestionada en su momento, Carcaño negó cualquier despido. Sin embargo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) reconoció que de su periodo existían cuatro demandas laborales por despido injustificado en el Itaipue, de acuerdo con el folio de respuesta 00041720.
Estas demandas laborales son un número sin precedente en el órgano garante, superando la gestión de otro comisionado en la historia laboral de la CAIP o el Itaipue.
Según la respuesta y de acuerdo con el reporte que dio la Junta Especial No. 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje, en el entonces órgano conocido como Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CAIP) se registraron 0 demandas laborales.
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No así en el Itaipue del que se tienen cuatro. Al desglosar la información de la JLCA se revela que tres despidos injustificados corresponden al periodo de Carcaño, mientras que una, aunque ocurrió en la gestión de Gabriela Sierra, también es atribuida a Carcaño.
“Estás muy gorda para representarme”
Chasquidos de dedos, actitud burlona, prepotente, persecutoria e intolerante fueron reportados desde que Marcela Carcaño entró al Itaipue, pero los acosos y el terrorismo laboral se intensificaron cuando la comisionada ocupó el cargo de presidenta.
La asistente personal de la comisionada Carcaño, Gabriela Méndez, interpuso la primera demanda laboral en la JLCA por despido injustificado. Aunque el despido fue a finales de la gestión como presidenta de la comisionada Gabriela Sierra, se atribuyó la separación de su cargo a Laura Carcaño.
Gabriela Méndez comenzó a laborar en el órgano garante en febrero de 2011. Su primer puesto fue como analista y con el tiempo fue ascendida al cargo de asistente de los comisionados. Así acompañó las gestiones de Samuel Rangel, Norma Estela Pimentel y Federico Magaña; cumplió ocho años en el órgano y fue parte del personal que vivió el tránsito de CAIP a Itaipue.
Entrevistada a principios de 2020, Gabriela calificó su experiencia laboral de asistente personal de Laura Carcaño como “los peores dos años de toda mi vida” y “dos años de infierno”. Narró que sus obligaciones fueron más allá de las tareas relacionadas con el Itaipue.
Su principal deber era preparar y servir el desayuno a la comisionada. Por primera vez, Gabriela cumplió tareas hasta entonces ajenas al cargo, como llevar la lonchera a los hijos de Carcaño al Colegio Americano, hacer tareas y encargos escolares, ir por antojitos a lugares específicos, a veces, incluso transportada por el chofer del instituto.
Pese a la inusual carga laboral, no registrada con ningún otro comisionado, fue el trato de la comisionada lo que Gabriela acusó como infame y comenzó, a pesar de que llevaba ocho años laborando en el instituto, desde que la presentaron como su asistente: “Si no me gustas, te vas. Estás a prueba”.
“Desde el primer día con ella hasta el día que pidió que me despidieran, fue un infierno. Eran gritos, groserías, pisoteo tras pisoteo, humillaciones. Tuve que vivir situaciones vergonzosas en la calle o en público; hubo alusiones a mi físico y mi sobrepeso; más de una vez me dijo que no me fuera en auto, porque ‘buena falta me hacía caminar’”.
Narró que “yo no quería renunciar, me aguanté pues no podía perder mi trabajo. No entendía por qué me trataba así. El acoso laboral fue subiendo e incluso me levantaron dos actas administrativas por robo y hubo amenaza de una más por filtrar información a los medios sobre los excesos de gastos, sin haber comprobado los hechos”.
El 6 de diciembre de 2018 Gabriela Méndez fue despedida, a unas semanas de que Marcela Carcaño fuera nombrada como comisionada presidenta del Itaipue.
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En su denuncia, Gabriela acusó que no le pagaron ni la quincena ni el aguinaldo; el contralor le anunció que por los ocho años laborados le podían ofrecer 19 mil pesos y ella prefirió llevar su caso a los tribunales laborales.
A la fecha su caso no ha prosperado ni recibido su liquidación conforme a ley.
Confundía empleados con servidumbre
Claudia Isabel Andrade Anzures entró a trabajar el 16 de octubre de 2016 al Itaipue como secretaria de presidencia. A unos meses, le bajaron el sueldo exigiendo “solidaridad con el instituto”, pero sus tareas se multiplicaron.
Tras ocupar varios cargos fue destinada a ocupar la vacante que dejó Gabriela Méndez como asistente de Marcela Carcaño. “Yo siempre vi el trato inhumano y vil que la comisionada tenía con la gente cercana. No sabía que sería la próxima. Marcela Carcaño es lo peor que le puede pasar a alguien. Es un personaje maltratador. Es una persona prepotente, le gusta pisotear a la gente. He pensado que lo disfruta”.
“Cuando ocupé ese cargo empezó mi calvario, para mí fue traumático. Me daba miedo ir a trabajar”, señaló Claudia, quien también describió situaciones indignantes, como gritos, insultos, violencia psicológica y situaciones absurdas por las que recibió maltrato.
Como Gabriela, Claudia debía ocuparse principalmente del desayuno de Carcaño: “debía servirle a las 12:00 horas en punto su almuerzo; la primera vez que le llevé su lonchera no sabía que le tenía que abrir el contenedor donde llevaba huevo duro, me exigió que pusiera atención, pero a gritos. A ese nivel”.
Sostiene que el servicio que exigía la comisionada era más parecido a la servidumbre que a tareas secretariales u otros despliegues profesionales, y el trato lo calificó como “humillante”.
Uno de los últimos episodios violentos que recuerda es haber sido amenazada por Carcaño de despido por no haberle recordado la fecha del cumpleaños del contralor del Itaipue.
La violencia hacia el personal fue reconocida por el contralor Egberto Martínez Rubí, quien al informar a Claudia sobre la rescisión de su contrato le refirió que eran órdenes específicas de Carcaño. Al ser cuestionado sobre el motivo del despido refirió “Ya sabes cómo es”.
Claudia Isabel Andrade Anzures fue despedida el 21 de noviembre de 2019.
Como su antecesora, interpuso una demanda laboral contra el Itaipue por el despido injustificado que se dio por instrucciones específicas de Laura Marcela Carcaño Ruiz. Su caso también permanece estancado en la JLCA.
Marcela defendió los secretos del poder
La AMEDI en 2016 se pronunció contra la designación de Laura Marcela Carcaño Ruiz como integrante del Itaipue. Hasta entonces se había desempeñado como Jefe de Departamento en la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado (IEE) y también fue directora de Análisis de Información de la Coordinación General de Delegaciones y Comisarías de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
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“(Carcaño) es ejemplo de que el requisito establecido en el artículo 30 de la Ley de Transparencia de ‘acreditar conocimientos y experiencia en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales’ no fue considerado como un punto fundamental al elegir a los mejores perfiles que se presentaron”, asentó la asociación.
El desempeño de la comisionada en los análisis de los recursos de revisión y sus votaciones en el Pleno del Instituto también han sido cuestionados por sujetos obligados y organizaciones ciudadanas que los han calificado como deleznables.
Su gestión como presidenta del Itaipue será recordada por haber frenado la sentencia de un juez para conocer completo el contrato de la privatización del agua en Puebla.
La reserva del contrato firmado entre el consorcio Concesiones Integrales y el gobierno morenovallista, fue defendido “con uñas y dientes” por la comisionada en 2019. Trató, con todos los recursos del Itaipue, de mantener en secreto la información de la empresa que ganó la licitación del servicio de agua potable y alcantarillado, en una concesión que alcanzó 30 años.
Desde finales de 2013, Concesiones Integrales “ganó” la licitación para administrar el servicio de agua potable y de la cobranza tarifaria a poblanos; desde el primer momento de su operación, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) clasificó cualquier información al respecto por un periodo de siete años.
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La reserva del documento no cambió luego de la homologación de la legislación estatal a la Ley General de Transparencia en 2016, pese a que la nueva legislación refería que toda la información que se encontraba “bajo llave”, antes de esta legislación, fuera evaluada y en lo posible, desclasificada.
El SOAPAP ignoró el periodo que ya había cumplido la información bajo reserva y tomando en cuenta los lineamientos de esta nueva ley inició un nuevo periodo para su clasificación, esta vez hasta el año 2023.
El colectivo Hermanos Serdán interpuso ante el Itaipue un Recurso de Revisión contra el SOAPAP por la indebida clasificación del contrato, pero el órgano garante, con Carcaño a la cabeza, confirmó las causales de reserva.
La organización ciudadana interpuso entonces el amparo 1660/2018 contra la resolución del Itaipue. Jueces fallaron a favor de ciudadanos y en la sentencia los magistrados señalan que la resolución del Itaipue violaba el derecho de acceso a la información pública e incluso califica a la reserva como “dolosa y equívoca”.
“Este juzgado encuentra que la reserva del Título de Concesión es un claro ejemplo de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce como secretos que escapan de la ley pues, el sujeto obligado, SOAPAP e Itaipue, bajo el pretexto de los amparos pendientes, pretenden ocultar las condiciones en que se presta el Servicio Público de Agua Potable, no obstante que su contenido es de interés general de la sociedad y que se vincula con un derecho humano: el agua”, señala la sentencia del Amparo 1660/2018 emitido por el Juzgado Sexto de Distrito
Antes de que se venciera el plazo para que el Amparo 1660/2018 tuviera efectos, Laura Marcela Carcaño Ruiz firmó un Recurso de Revisión en el que se inconformó contra la resolución del Juzgado Sexto de Distrito y argumentó que la sentencia que ordena transparentar el contrato de Concesiones Integrales era una “arbitrariedad de parte del juez”.
Pese a los esfuerzos de Carcaño, tribunales resolvieron finalmente que fuera público el contrato de Concesiones Integrales.
Integrantes del Colectivo Hermanos Serdán lamentaron la actuación de Carcaño y del Itaipue, la calificaron como deleznable asegurando que se olvidaron los principios de máxima divulgación cuando la información es vital para ciudadanos, pues no se trataba de cualquier información sino de información vinculada con un derecho humano: el acceso al agua.
“El Itaipue es un órgano garante, pero de ocultamiento de la información. El principio de máxima publicidad ellos lo transforman en el de ‘la máxima opacidad’. Es increíble que tengamos un instituto con esa estatura. Es un órgano garante de engaño, lo único que ha procurado es la defensa de intereses del gobierno del estado y de sus allegados”, aseguraron integrantes del Colectivo Hermanos Serdán a esta reportera en febrero de 2020.
“Ciudadanos no sólo tuvimos que pelear por la transparencia contra los sujetos obligados, sino contra Marcela Carcaño que defendía los secretos del poder”, concluyeron integrantes del colectivo que celebraron su partida.
Agria experiencia: Santisteban Maza
Rodrigo Santisteban Maza, coordinador General de Transparencia del Ayuntamiento de Puebla, calificó de agria su experiencia como sujeto obligado en la gestión de Carcaño.
Recuerda la gestión de Carcaño como una embestida constante en contra del Ayuntamiento con recursos de revisión y procesos de verificación.
“Aunque las resoluciones comenzaban dando la razón al ayuntamiento, en resolutivos se revocaba la respuesta. No había lógica en los recursos de revisión, al punto de que debimos acudir a la solicitud de amparo en donde se demuestra que las resoluciones fueron hechas con dolo, falta de táctica y sobre todo, práctica jurídica”, asentó.
Rodrigo Santisteban Maza
Coordinador General de Transparencia del Ayuntamiento de Puebla
Los amparos 888/2021, 1270/2021, 1694/2021 y el 471/2021 interpuestos en el juzgado I y el juzgado II, derivados de un proceso de verificación o recursos de revisión de Carcaño, se han acumulado en el Itaipue, entre otras decenas.
El coordinador General de Transparencia del Ayuntamiento de Puebla acusó en reiteradas ocasiones ataques políticos del Itaipue, en la figura de la comisionada presidenta, pues a pesar de que existe un “sorteo” para la asignación de los recursos de revisión, el 80 por ciento de los interpuestos contra el Ayuntamiento, caían en manos de Carcaño.
Recordó, por ejemplo, que en 70 por ciento de los recursos de revisión, a pesar de alcances de respuesta, había una resolución parcial; se registraban curiosas pérdidas de documentos, acumulación de quejas, sin sentido, e incluso quejas que ciudadanos no reconocían.
Santisteban Maza reconoció que el Itaipue exigió a sujetos obligados cumplir con recursos de revisión con más de 10 meses de retraso, con lo que demostraba su falta de expeditez.
“Se intentó perseguir al Ayuntamiento con amonestaciones públicas. Algo que no voy a permitirle al Itaipue es que se manche la reputación por algo que es falso o una apreciación mal hecha de parte del instituto”, dijo.
Condenó que municipios pequeños, alejados y sin señal de internet, han sido blanco de multas y resoluciones en su contra por incumplimientos en sus obligaciones de transparencia, cuando no hubo capacitaciones, y las que se ofrecían era virtuales o presenciales. El órgano garante nunca tomó alguna medida para paliar la falta de conectividad o incluso de señal telefónica.
El desdén por los municipios también incluyó al de Puebla capital, pues en eventos de sensibilización de transparencia organizados por el Itaipue, el ayuntamiento fue desairado. No así por el Instituto Nacional de Transparencia y otros Institutos de Transparencia de la República que condenaban el evidente hecho.
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Rodrigo Santisteban consideró que el arribo de Claudette Hanan Zehenny, familiar de Carcaño, para sustituirla en el cargo, representa un retroceso para el Itaipue, no sólo en materia de transparencia sino en la protección de datos personales.
La elección que hizo el Congreso local de Hanan Zehenny se concretó a pesar de que fue la participación más ignorante en la materia y pasando por alto que, de acuerdo con versiones periodísticas, fue cesada de la delegación del IMSS por actos de corrupción.
El Ciudadano México buscó entrevistar a Laura Marcela Carcaño sobre las acusaciones en su contra, pero hasta el cierre de esta edición no se tuvo respuesta.
Foto: Especial
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