Caso Nabila Rifo: El inesperado desenlace de la causa por obstrucción

La Corte de Apelaciones de Coyhaique dictó el cierre definitivo de la investigación desarrollada por el fiscal jefe de Magallanes en contra de sus colegas Pedro Salgado y Luis González, del Ministerio Público de la Región de Aysén. La determinación colocó una lapida a la denuncia realizada por el defensor regional Fernando Acuña sobre un eventual ocultamiento de antecedentes para favorecer la tesis que apunta a la pareja de Nabila Rifo, Mauricio Ortega, como el agresor de la mujer que perdió ambos globos oculares en mayo de este año.

En fallo unánime, los ministros Luis Sepúlveda, Alicia Araneda y Pedro Castro dejaron sin efecto la decisión del juez Mario Devaud, quien rechazó el pasado 23 de noviembre una petición de Eugenio Campos, el fiscal enviado desde Punta Arenas, que buscaba sobreseer por completo la «causa paralela» que fue abierta en julio a petición de la máxima autoridad del ente penal, Jorge Abbott.

Esta vez, accediendo a lo solicitado por Campos, el tribunal de alzada colocó paños fríos a un proceso que la familia del único acusado en la investigación del brutal ataque a Nabila Rifo seguía con detención, ya que si el persecutor magallánico demostraba que los fiscales habían cometido negligencias o actos irregulares para desviar el caso y permitir la impunidad de terceros no identificados – como apuntó Mauricio Ortega en una carta a los medios -, todo el escenario cambiaba.

«Hoy Nadia (Nabila) y yo somos víctimas del sistema judicial chileno… ¿a quiénes o a quién están encubriendo?», escribió Ortega desde la cárcel a inicios de septiembre. Para él no fue gratis: le costó una sanción de Gendarmería que restringió las visitas semanales de familiares.

Acuña, abogado defensor del interno, había denunciado en su oficio al Fiscal Nacional que Salgado y González habían omitido información proporcionada por la abuela de un menor de 14 años («P») que inicialmente declaró como «testigo clave» de la participación de Ortega en el ataque a Nabila, pero después se retractó.

La mujer indicó al perito contratado por la Defensoría Penal Pública, Francisco Pulgar, que la SIP de Carabineros interrogó a su nieto sin la presencia de un adulto. La poca consistencia de dicho testimonio, agregó, fue informada oportunamente a la institución, previo a que el tribunal dictara la prisión preventiva de Ortega en base a los antecedentes erróneos que la policía traspasó a la Fiscalía.

Tras viajar en numerosas oportunidades a Coyhaique, y lejos de analizar con profundidad el papel de Carabineros en las primeras diligencias – criticadas incluso por un juez de Garantía que exigió explicar la «intimidante» visita efectuada por dos funcionarios a Ortega en el penal de Cochrane, que motivó un sumario en la institución –  el fiscal Campos decidió solo formalizar a «P» como autor del supuesto delito de obstrucción a la investigación.

El adolescente, marcado así como el principal inculpado de Campos, terminó aceptando una salida alternativa que suspendió condicionalmente el procedimiento y obligó al menor, quien sufre problemas de aprendizaje, a poner su firma en un papel todos los meses.

«NO HA SIDO LIMPIO»

En septiembre, cuando el fiscal Campos hacía diligencias en la carpeta de «obstrucción», El Ciudadano viajó a la Región de Aysén para indagar esa arista. Y aunque no fue posible conversar con la abuela de «P», este medio logró acceder por otra vía a comentarios que efectuó a vecinos del sector, oportunidad en que reiteró sus críticas y molestia con la policía y los fiscales Salgado y González, a quienes habría buscado intensamente para consignar la falsedad del testimonio de su nieto en la causa, sin ser oída.

Ese mes hablamos también con Fernando Acuña, el defensor regional que tomó la representación del único formalizado por el cobarde maltrato a Nabila Rifo, conocida por muchos como ‘Nadia’.

Se trata de un hecho que la máxima autoridad del país, Michelle Bachelet, vinculó de forma rápida a la serie de episodios de violencia intrafamiliar y femicidios que motivan la consigna #NiUnaMenos. En Coyhaique, la opinión es dividida. Los tropiezos de una policía cuestionada generan dudas sobre la línea que ha trazado el Ministerio Público desde el comienzo, en orden a atribuir culpabilidad sin miramientos a Ortega.

Uno de los sinsabores, destaca Acuña, fue el insólito viaje que realizaron dos uniformados a Cochrane para «ver el estado de salud» del detenido (así lo explicó al menos el fiscal Luis González). «Si el oficial que hizo las primeras diligencias exhibe piezas de la investigación al imputado y lo conmina a confesar, no podemos decir que pertenece a una investigación desarrollada limpiamente», opinó el abogado, en conversación con este medio.

«No me parece legítimo que se diga, como se dijo, que eso corresponde a actuaciones individuales hechas al margen. Figúrese usted que en esa oportunidad tenían que desplazarse casi 300 kilómetros para preguntarle a una persona cómo se encontraba. En la jerga militar, las explicaciones tienden a agravar la falta. No me parece razonable y más parece coherente con todo el manto de sospecha que se ha prestado, precisamente, con el resto de las tergiversaciones que hemos tenido», agregó.

La defensa de la pareja de Rifo señaló haber pedido, en las etapas iniciales, «diligencias para determinar quién fue la última persona que estuvo en contacto con las famosas llaves, que habrían sido el objeto (para extraer los ojos de la víctima), y no aparecieron nunca, sino hasta que se puso la denuncia ante el Fiscal Nacional y se estableció que no fue el imputado, sino un tercero».

En ese sentido, subrayó que «habían declaraciones y gestiones que habíamos solicitado y que ni siquiera fueron respondidas», algunas orientadas a registrar «las conversaciones previas (con Nabila, en la Posta Central de Santiago) y un registro videográfico o de sonido (de la declaración de la víctima), para dar transparencia. Eso no se hizo y lo que es peor, ni siquiera fue respondido, lo cual es una obligación no solo de conducta, sino de caballeros».

Luego puntualizó: «Una cosa es investigar con acuciosidad y otra investigar con objetividad. Yo creo que (la investigación) ha sido extraordinariamente acuciosa para lo que ellos estiman necesario y conducente a establecer la responsabilidad del imputado, y extraordinariamente poco acuciosa para saber lo contrario».

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

Cuando la hermana de Mauricio Ortega habla sobre el caso que lo tiene en prisión preventiva, las lágrimas invaden sus ojos. Dice que le prometió a su madre, antes de morir, que nada la separaría del chapista de calle Lautaro. Está convencida de que es «inocente», como afirmó la propia Nabila en conversaciones por teléfono y a través de Facebook que mantuvo con la familia del padre de sus hijos.

Algunas fueron grabadas y entregadas a los medios de comunicación el 22 de agosto, provocando un aparente vuelco en la indagatoria. La víctima exculpa en ellas a Ortega y acusa a los fiscales Salgado y González de inducirla a mentir para perjudicar a su conviviente. Días más tarde, Nabila supuestamente contactó al periódico El Divisadero de Coyhaique y entregó una carta escrita en computador con su firma, donde retira lo dicho en los polémicos audios y vuelve a apuntar a Ortega como el hombre que le quitó la vista para siempre.

Comentando esto, Gladys Ortega evocó: «El día de los audios yo fui a poner una denuncia contra los fiscales y también una medida de protección para ‘Nadia’ y sus cuatro hijos. El de la PDI me dijo ‘pero eso tiene que hacerlo la familia de ella’. Le respondí que sí, pero la madre está diciendo que si declara a favor de Mauricio, la va a echar a la calle… Han ocultado pruebas.»

El Ciudadano intentó conversar con Nabila Rifo, pero en su entorno declinaron hacer comentarios a la prensa. En la carpeta constan declaraciones de la joven de 28 años ante psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales que no son concordantes entre sí. Pese a las dudas que esto genera en cuanto a la determinación de responsables, el argumento de algunos expertos apunta al perfil de una víctima de violencia intrafamiliar que estaría intentando proteger a su agresor, como ha sucedido en otros casos.

El cuñado de Mauricio Ortega es Franklin Hernández, un concejal de la UDI que se enfrentó a la directiva de su partido cuando rechazó comentarios emitidos por la excandidata presidencial Evelyn Matthei que menospreciaban a los votantes de la Región de Aysén. Tiene claro que solo a un tribunal le corresponde decidir la culpabilidad o inocencia del imputado, pero aun así reclama por el trato policial que recibieron: dice que la SIP de Carabineros entró a su parcela con una supuesta orden de allanamiento de la Fiscalía y grabó imágenes que más tarde se filtraron y aparecieron en televisión el día que se llevaron detenido a Ortega.

«Hice la denuncia a la OIRS de Santiago de Carabineros, pero no me han agarrado ni para el ‘chuleteo’. Lo quiero hacer público», indicó.

Para ambos persisten los cabos sueltos. La madrugada del 14 de mayo, testigos directos del hecho a un par de casas de distancia vieron que el atacante de Nabila era alto, delgado, vestía de negro y escapaba en sentido contrario al lugar en que vivía la pareja; en tanto Mauricio, de cuerpo grueso y baja estatura, llevaba puesta – según todas las personas que lo vieron esa noche – una polera celeste, pantalones y zapatos de trabajo que no resultaron manchados con sangre.

La Fiscalía solo halló una pequeña mancha rojiza en la manga de un polerón que pertenecía a Ortega. Si bien ésta corresponde al ADN de Rifo, en septiembre de este año – como explicó el defensor regional Acuña – los persecutores aún no ordenaban diligencias para aclarar si la prenda fue ocupada siempre por Ortega o también por la víctima, a objeto de descartar también la posibilidad de que la sangre llegara ahí en otro contexto, como a través de un corte menor.

Otra pieza del enigma se relaciona con la presencia, en el sitio del suceso, del contenido genético (esperma) de un tercero no identificado.

DELITOS SEXUALES

Hablar del ataque a Nabila es hoy un tabú en locales nocturnos de Coyhaique. La sola mención del caso despierta sospechas sobre el interés de la consulta. «¿Usted es policía?», contrapreguntan regentes y trabajadoras del rubro. A veces, los comentarios vienen no de quien pretende averiguar si hay indicios de verdad en esta arista. «Ya saben lo que le pasó a esa chica…», dijo una dominicana que recién llegaba a la ciudad para ejercer el comercio sexual.

Tras la denuncia al fiscal nacional Jorge Abbott, acompañada de ciertas líneas de investigación aportadas por la Defensoría, el Ministerio Público se vio empujado a investigar las amistades de la víctima en el mundo de la bohemia y su eventual relación con un local pesquisado en abril, un mes antes de lo ocurrido a Nabila, por facilitar la explotación sexual de mujeres colombianas en lo que se conoció como «Operación Acapulco».

La regenta del cabaret, de iniciales N.G.M., declaró el 2 de agosto que no conocía a la mujer atacada. También prestó testimonio el funcionario de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Coyhaique, Enrique Aravena, quien descartó que Nabila hubiere sido informante de la policía y por tanto un blanco de represalias de colombianos vinculados al negocio de la prostitución.

Cabe señalar, como este medio logró establecer, que Aravena también recibió en sus manos la tarea de investigar el contenido de un video entregado a comienzos de 2016 por el ex suboficial Esteban Infante al fiscal adjunto de Coyhaique, Luis Contreras. En él aparece una testigo denunciando presuntas prácticas de pedofilia y protección policial de locales nocturnos por parte de Carabineros, en un hecho que involucraría a oficiales activos y en retiro.

En octubre, la causa seguía abierta y con diligencias pendientes. Cuando se consultó sobre el avance de las mismas a la Fiscalía de Coyhaique, señalaron que no podían referirse al caso “a fin de evitar entorpecer las diligencias de un tema tan complejo como el mencionado”. El Ciudadano también pidió entrevistas con la directora regional del Sename, Lorena Soza, y el prefecto regional de la PDI, Alfredo Espinoza, pero ambos declinaron hablar sobre el tema.

LA CARPETA CONTRA CAMPOS

Durante una breve conversación que el fiscal jefe de Magallanes, Eugenio Campos, sostuvo en agosto con este medio, el penalista afirmó que su trabajo estaría abocado a investigar puntualmente la denuncia realizada por el defensor regional Fernando Acuña, sin tener injerencia en la causa principal del caso de Nabila. Esta semana, con motivo de la decisión tomada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, solicitamos entrevistarlo nuevamente, pero no fue posible obtener respuestas concretas.

Campos no escapa a los cuestionamientos, ya que él mismo fue objeto de una investigación similar a la que llevó este año contra los fiscales Pedro Salgado y Luis González.

El 15 de octubre de 2008, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas determinó que Campos se valió de escuchas telefónicas ilegales para involucrar en una investigación de drogas al ex fiscal militar Marcos Ibacache, quien más tarde lo denunció por llevar «una carpeta apócrifa, en la cual mantuvo pruebas ocultas, como CDs conteniendo grabaciones telefónicas, las cuales… se pudo comprobar que lo favorecían y acreditaban su total inocencia, faltando el Fiscal investigador aludido a la verdad ante los tribunales de Garantía y Corte de Apelaciones de esta ciudad».

Producto de su actuación, Campos fue sometido a una investigación sumaria – ordenada por resolución N° FR/IS 01/2009 de fecha 6 de enero de 2009 – que designó como investigador a Iván Vidal, de la Fiscalía de Puerto Natales.

En sus conclusiones, Vidal propuso expulsar a Campos del Ministerio Público, sin embargo, el fiscal nacional de ese entonces, Sabas Chahuán, resolvió con una pena menor, estableciendo eso sí que el persecutor de Magallanes incurrió en «omisiones que, aún cometidas por descuido, configuran a su respecto un obrar culposo que ha de ser sancionado administrativamente».