En plena crisis mundial por la pandemia del coronavirus COVID-19, el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) formuló el jueves una acusación criminal contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios y exfuncionarios de la nación caribeña, por asumir presuntamente un papel de liderazgo en el tráfico de drogas ilegales.
Las acusaciones suponen una nueva escalada de la presión que ejerce la administración del mandatario norteamericano, Donald Trump, para tratar de derrocar a Maduro, y que hasta el momento no ha dado frutos.
Luego de calificar como «ilegítimo» y «dictador» al presidente constitucional de Venezuela, promover acciones desestabilizadoras, apoyar y patrocinar al autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó, orquestar golpes de Estados frustrados y aplicar sanciones económicas, ahora el inquilino de la Casa Blanca optó por acusar a Maduro como líder de un cartel de drogas.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, fue el encargado de presentar los cargos formales de narcoterrorismo, tráfico de armas y corrupción contra el presidente venezolano.
Las acusaciones también están dirigidas contra 13 altos funcionarios de Venezuela, como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el titular de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; y el ministro de Industria y Producción, Tareck El Aissami.
En la lista también constan el general (retirado) Hugo Carvajal Barrios, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela (DGCIM); y Clíver Alcalá Cordones, General Mayor (retirado) del Ejército de Venezuela.
Barr indicó que Maduro podría afrontar una pena mínima de 50 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.
La acusación formulada sostiene que el mandatario venezolano «ayudó a dirigir y, finalmente, lideró» una organización criminal conocida como el Cártel de los Soles.
Según las autoridades de EE. UU., bajo su liderazgo, el cártel «buscó no solo enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también inundar Estados Unidos con cocaína e infligir los dañinos y adictivos efectos de la droga a los usuarios de este país».
El texto afirma que Maduro y otros miembros del cártel «priorizaron el uso de la cocaína como arma contra los Estados Unidos de América e importaron la mayor cantidad de cocaína posible a Estados Unidos».
«El régimen de Maduro está inundado de efectivo y criminalidad», dijo Barr, y señaló que el mandatario «ha permitido usar Venezuela como un lugar seguro para el narcotráfico» en la región.
Planteó que existen rutas, que incluyen Venezuela, por las cuales trasladan entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína al país norteamericano y otros territorios.
«Esas 250 toneladas métricas equivalen a 30 millones de dosis letales«, afirmó.
También acusó al mandatario y a sus altos funcionarios de supuestamente haber conspirado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) «para inundar los EE. UU. con cocaína, para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación».
Según Barr, en su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro negoció envíos de toneladas múltiples de cocaína producida por las FARC.
También se encargó de coordinar «asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y de solicitar asistencia del liderazgo de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles».
Barr informó que en las investigaciones para presentar los cargos participaron funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
$15 millones por Maduro
Posterior a la formulación de cargos, al mejor estilo del “viejo oeste”, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció en un comunicado de prensa que Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares a cambio de información sobre Maduro, y 10 millones por información que conduzca a la detención de los otros dirigentes, algo que llama la atención teniendo en cuenta que el mandatario venezolano se encuentra gobernando en Venezuela y está totalmente ubicable.
“Esperamos eventualmente poner bajo custodia a esos acusados, y vamos a explorar todas las opciones para hacerlo (…) Algunos de ellos viajan y podrían proveer una oportunidad (para su detención)”, indicó el comunicado.
El texto también destacó que Washington tomó estas medidas porque está «comprometido» a «restablecer» la democracia en el país sudamericano «mediante elecciones presidenciales libres y justas».
La tercera recompensa más alta
La recompensa que ofrece el Departamento de Justicia norteamericano por Nicolás Maduro es la tercera más alta en la historia de EE. UU. por el arresto de una persona.
La primera corresponde a la de Osama Bin Laden, fundador de Al Qaeda, y por quien se ofrecieron 25 millones de dólares, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001
La segunda corresponde a la del jefe actual de al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, por quien se ofrece la misma cantidad (25 millones de dólares).
También figuran el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, con 10 millones de dólares, y el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, con 8,5 millones de dólares.
Asimismo, bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado, la nación norteamericana «ha pagado más de 130 millones de dólares en retribución por información sobre unos 75 narcotraficantes, desde que se creó en 1986″, reseñó RT.
¿Qué busca Estados Unidos?
Cada acción de Estados Unidos responde a una estrategia, por lo que los cargos contra Nicolás Maduro no son una medida al azar.
La acusación se generó días después de que el Gobierno venezolano anunciara la captura de una persona, de nacionalidad colombiana, con un cargamento de armas que venían de esa nación hacia Venezuela, para ser utilizadas en ataques a figuras claves en cargos del Estado. Unas acciones criminales de las que estaría al tanto el Gobierno estadounidense.
También se produjo, luego de que algunos dirigentes de la oposición señalaran la necesidad de algún entendimiento con el Gobierno para hacer frente a la emergencia de la pandemia de coronavirus, que ya registra 107 casos positivos y un fallecido en Venezuela, a lo que Maduro respondió, como es habitual en él, con un llamado al diálogo.
“Propuso la sede de la Conferencia Episcopal como lugar de la reunión y señaló específicamente a Capriles Radonski (ex candidato presidencial en 2013), Henri Flacón (ex candidato presidencial en 2018) y Henry Ramos Allup (diputado y líder de Acción Democrática), sin mencionar a (Juan) Guaidó”, reseñó Izquierda Diario.
“Queremos paz, justicia, democracia, libertad”, ratificó el jefe de Estado venezolano.
Izquierda Diario también planteó que la escalada de Washington “tiene que ver con una movida con objetivos domésticos para consolidar por la derecha su electorado”, o si busca “responder por arriba” a la acusación de que EE. UU. estaría involucrado en el plan develado de agresión militar a funcionarios del Gobierno venezolano desde Colombia».
Otro objetivo sería “dinamitar el posible escenario de un diálogo y acuerdos entre Maduro y gruesos sectores de la oposición”, lo que dejaría como un cero a la izquierda al debilitado Guaidó, “el peón de la política de Estados Unidos hacia Venezuela en el último período”.
Los cargos contra Maduro también se presentaron el mismo día en que salió a la luz que Estados Unidos con más de 80 mil casos reportados, es el país con mayor cantidad de contagiados de coronavirus en todo el mundo.
No sería ninguna sorpresa que Trump decidiera arreciar su ataque contra el Gobierno venezolano, para distraer la atención sobre su criticada gestión frente al brote de COVID-19, y sobre el hecho de que la nación norteamericana se convirtió en el nuevo foco principal de la pandemia.
Modalidad de golpe de Estado
El Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó las acusaciones de «narcoterrorismo» de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos de su Gabinete, y las calificó como «una nueva modalidad de golpe de Estado«.
«Venezuela denuncia que en momentos en que la humanidad se encuentra enfrentando la más feroz de las pandemias, el Gobierno de Donald Trump vuelve a arremeter contra el pueblo de Venezuela y sus insistituciones democráticas utilizando una nueva modalidad de golpe de Estado sobre la base de acusaciones miserables, vulgares e infundadas«, manifestó.
De acuerdo con un comunicado difundido por Arreaza, el Gobierno de Donald Trump intenta minimizar el alto reconocimiento que posee la nación sudamericana «en la lucha contra el narcotráfico demostrado plenamente en distintos ámbitos multilaterales».
«La política de cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela está destinada al fracaso. Ofrecer recompensas al estilo de los vaqueros racistas del lejano oeste demuestra el desespero de Washington y su obsesión con Venezuela«, afirmó Arreaza, quien planteó que el nuevo ataque de Trump solo busca conquistar más votos en Florida.
«La política de cambio de Gobierno por la fuerza en Venezuela está destinada al fracaso; ofrecer recompensas al estilo de vaqueros racistas del lejano oeste demuestra el desespero de la élite supremacista de Washington y su obsesión contra Venezuela para alcanzar réditos electorales en el estado de La Florida», aseveró Arreaza.
Asimismo, consideró que estas acciones también develan la profunda frustración de la Casa Blanca por la paz que hay en Venezuela, y el manejo que ha hecho el Gobierno del presidente Maduro frente a la pandemia del coronavirus.
Confirmación del golpe de Estado
Algo que no figuraba en los planes de Donald Trump es que, a pocas horas de anunciarse los cargos contra Nicolás Maduro, Clíver Alcalá Cordones, uno de los acusados por integrar la supuesta red de narcotráfico, ofrecería declaraciones a una emisora colombiana en las que confesó que fue él quien organizó, desde la nación neogranadina, el plan denunciado por el Gobierno venezolano que incluía una serie de asesinatos selectivos, entre ellos el del presidente Nicolás Maduro.
De acuerdo con Alcalá, las armas incautadas por Venezuela eran parte de un plan para acciones militares dentro del país, y que habría sido un plan aprobado por Juan Guaidó y financiado con los “recursos del Estado venezolano” de los que dispone gracias al respaldo del Gobierno de Estados Unidos.
El mayor general retirado señaló que él mismo era el jefe de esa operación, en la que contrataron a “asesores estadounidenses”, en un contrato al que el propio Guaidó habría puesto su firma, de lo cual, afirmó, tiene pruebas en su poder.
Afirmó que pasadas horas de que el Gobierno venezolano anunciara la incautación de las armas, él mismo se puso en contacto con el Gobierno colombiano para ponerlo al tanto de la situación.
«No queda claro tampoco si estas declaraciones de Alcalá Cordones son una respuesta al hecho ‘extraño’ de haber sido incluido en la lista de los acusados. O si su inclusión en esa lista obedece al hecho de que el Gobierno venezolano haya develado el plan que involucraba al mayor general y a los contratistas norteamericanos», indicó Izquierda Diario.
Alcalá señaló que se encuentra en su casa en la ciudad colombiana de Barranquilla, tal y como es del conocimiento del Gobierno de Iván Duque, y que está a la disposición de Washington y Bogotá, por lo que “nadie tiene que cobrar 10 millones de dólares por información sobre mí”.
Sin embargo, el presidente venezolano denunció que la DEA era la encargada de dirigir los planes conspirativos confirmados por Alcalá Cordones.
“Los EE. UU. puso a la DEA a dirigir la operación con Cliver Alcalá. Él dice que firmó un contrato. El contrato lo firmó para que la DEA y EE. UU. se comprometieran a exculparlo, dejarlo quieto y no perseguirlo judicialmente”, advirtió.
Por lo pronto, indicó que en las próximas horas se presentarán pruebas de esta aseveración, mientras que la Fiscalía abrirá una investigación a Juan Guaidó y a Clíver Alcalá Cordones por el «confeso delito de intento de golpe de Estado”.
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