‘Chiche Smith’ es el alias con el que se conoce dentro del mundo del narcotráfico a Emilio Enrique Martínez, uno de los delincuentes más buscados por Venezuela y que fue capturado por una comisión antidrogas en abril de este año.
Martínez es acusado de ser jefe de un grupo narcotraficante que operaba en la costa noroccidental de Venezuela y de tener vínculos con las mafias del narcotráfico colombiano y las redes internacionales. Su detención se produjo en la localidad de Lechería, estado Anzoátegui, zona costera del oriente del país con salida al Caribe, conocida por sus residencias de lujo habitadas por multimillonarios.
La detención fue realizada el 3 de abril de 2021 por una comisión de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un complejo urbanístico llamado Las Canoas. ‘Chiche Smith’ era buscado con código rojo de Interpol 00-66-0070-2020 y al momento de su captura portaba una cédula falsa a nombre de Guillermo Ramón Valera.
La primera vez que las autoridades venezolanas nombraron a Martínez fue en julio de 2020, cuando el entonces ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol –actualmente encargado de la cartera eléctrica– habló sobre la desarticulación de dos grupos del narcotráfico que operaban en los estados costeros Falcón y Carabobo.
En aquella ocasión, dijo que las bandas trabajaban junto con la oficina antidrogas de EE.UU. (DEA) para dos fines: movilizar la droga producida en Colombia –principalmente cocaína– hacia el Caribe; y atizar a la matriz de opinión contra Venezuela de ser, supuestamente, un país «permisivo» con el narcotráfico.
Esto último, dijo Reverol, ayudaría a EE.UU. a justificar sus acciones intervencionistas contra Venezuela, porque sustentarían la campaña mediática dirigida desde Washington, con redifusión en Bogotá, que consiste en calificar a Venezuela de «narcoestado» y de «Estado forajido» para justificar la imposición de medidas coercitivas unilaterales, recrudecer el llamado «bloqueo total» y generar una «guerra multiforme».
Juicio de Chiche y otros involucrados
Tras la captura en Anzoátegui, Martínez fue trasladado a Caracas el 4 de marzo. Ese día, la actual titular de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, calificó su detención como «un duro golpe al narcotráfico».
«Seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que no exista impunidad», dijo Meléndez desde la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, lugar donde, a finales de abril de 2019, Juan Guaidó y Leopoldo López intentaron ejecutar un alzamiento militar con hordas opositoras y un grupo de militares desertores que posteriormente participaron en la fallida operación Gedeón.
El traslado, explica el diario local Últimas Noticias (ÚN), se debe a que el proceso penal abierto contra Martínez en Falcón, ahora está radicado en Caracas por decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia N° 009 redactada por el magistrado Maikel Moreno y publicada el 3 de julio de 2020.
El fiscal general, Tarek William Saab, anunció que a Martínez le espera una presentación ante un tribunal de control del Área Metropolitana de Caracas, donde será imputado por los delitos de tráfico de estupefacientes, legitimación de capitales, abuso sexual a menores y asociación.
En el expediente del caso, añade ÚN, también se encuentran como procesados: Héctor Ramón Martínez, Ángel Alberto Martínez, Delso de Jesús Martínez, Beryoris Irene Martínez Valles, Mariangela Martínez Márquez, Zaidubys Omaira Marín y Jorge Luis Martínez; todos imputados por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales y asociación.
¿Qué se sabe de «Chiche Smith» y cómo operaba?
Su nombre se hizo público en 2020 cuando Reverol lo identificó como uno de los jefes narcotraficantes que trabajaban para la DEA. En su caso, operaba en Falcón; mientras que en Carabobo lo hacía Raúl Ricardo del Gallego, capturado en abril de 2020 en Caracas por camuflar envíos de drogas y el lavado de dinero a través de una empresa de chatarra que operaba en la localidad de Puerto Cabello.
Martínez era buscado por ser el cabecilla de «un clan familiar» donde actuaban hermanos, sobrinos, hijos y nietos, a través de una fundación que legitimaba capitales con la compra de empresas y otros bienes e inmuebles. Su actuación, dijo Reverol, también procuraba crear condiciones que llevaran a una intervención militar extranjera contra el país. «Esta dentro de su agenda, lo hicieron en Libia, en Irak y en otros países», comentó el entonces ministro de Interior.
En un hilo de mensajes en Twitter del medio de investigación venezolano La Tabla que compartió el fiscal Saab, ‘Chiche Smith’ hacía el lavado a través de bodegones, importación de vehículos y una Fundación de «responsabilidad social empresarial» que llevaba el nombre de su madre, Carmen Virginia Martínez, y que era presidida por su hermano, Héctor Martínez.
A través de esa fundación realizaban obras de reparación para la población de Carirubana, como reparación de calles, un ambulatorio, una iglesia y un gimnasio. También donó motores fuera de borda a pescadores y entregó motocicletas de alta cilindrada y teléfonos de última generación al departamento de policía regional PoliFalcón.
El grupo criminal se ganó la aprobación local con sus donativos. Narra La Tabla que cuando los cuerpos de seguridad realizaron un allanamiento para detener a su hermano Héctor –en abril de 2020– la comunidad se encargó de custodiar los galpones de la fundación y se enfrentaron a las autoridades.
Nexos de Chiche con la actividad sediciosa opositora
La conexión de ‘Chiche Smith’ con los sectores radicales de la oposición venezolana quedaron expuestos en abril de 2020 cuando fue capturado Edison Segundo Oviedo Quero, quien era coordinador de organización en Carirubana de Vente Venezuela, una agrupación opositora de extrema derecha creada por María Corina Machado, quien ha pedido la intervención militar extranjera para derrocar al Gobierno venezolano.
El procedimiento incluyó la detención de Edison José Oviedo Vargas, hijo del opositor y quien aparece relacionado a un bodegón de productos de consumo importados, una empresa de servicio de encomiendas y una fábrica de paletas que serían utilizadas para el lavado de dinero.
Las conexiones de Martínez se entrelazan con las de Raúl Ricardo del Gallego, quien tiene nexos en Colombia y EE.UU. Uno involucra al militar desertor Cliver Alcalá Cordones, prófugo de la justicia venezolana. Dice La Tabla que Raúl del Gallego es, además, primo de la esposa de Alcalá Cordones, referida en medios con dos nombres: «Martha Ojeda Paz» y «Martha González». Ella, a su vez, es vinculada como «familiar» de dos miembros del Cartel de La Guajira de Colombia.
Uno sería su tío, Hermágoras González Polanco alias «El Gordito González» o «Armando González Apushana»; quien fue jefe del grupo criminal y terminó capturado por Venezuela en 2008. El otro sería Elkin Javier López Torres, conocido como alias «La Silla» o «Doble Rueda».
Tanto Alcalá como «La Silla», negociaron en Colombia su extradición con la DEA, luego de fracasar la operación Gedeón. Venezuela señala que Alcalá coordinó los campamentos de mercenarios en Colombia y fue clave en la organización del plan invasor; mientras que «Doble Rueda» se encargó de financiarla y prestar los espacios para entrenar a los asaltantes que intentaron entrar a Venezuela en mayo de 2020 a través de la costa, con la misión de secuestrar y asesinar, si fuera necesario, al presidente Nicolás Maduro y otros miembros de Poderes del Estado.
La fallida operación, organizada en territorio colombiano, estuvo a cargo del estadounidense Jordan Goudreau, un veterano de guerra en Oriente Medio que trabajó como escolta del expresidente Donald Trump y que asegura haber sido contratado por Juan Guaidó bajo el consentimiento de la Casa Blanca.
Desapariciones y red de empresas en EE.UU.
Además, detalla La Tabla, que del Gallego es señalado como importador de cascos y máscaras antigás utilizadas en la violencia callejera promocionada por la oposición radical en 2017 y que fueron localizadas por el cuerpo de inteligencia venezolano Sebin junto a un lote de niples, armas y municiones dentro de un apartamento en la parroquia caraqueña de El Valle.
Este sujeto también aparece implicado en la desaparición de dos ordeñadores de ganado, Alberto José Jiménez Díaz y Antonio Rafael Bracho Morillo, quienes fueron a trabajar el 30 de diciembre de 2019 a la finca «Santa María», propiedad de del Gallego, ubicada en Yaracal, estado Falcón, y desde entonces no se sabe de ellos.
Del Gallego también fue directivo de al menos ocho compañías creadas al sur de la Florida, EE.UU. entre 2008 y 2010. Tres de las empresas se dedicaban a administrar inmuebles.
Al momento de su detención, también fueron capturados Orlando Silva Moreno y Jesús Blanco Goitía, quienes supuestamente eran sus escoltas.
Sobre Silva Moreno aparece como «técnico en telecomunicaciones» en la dirección de seguridad privada de los gobernadores de Carabobo desde el año 2001 cuando fue contratado por la administración del ex gobernador Henrique Salas Feo. De Blanco Goitía se dice que es un criador y propietario de caballos premiados en el mundo hípico. Junto a su hermano, Andry Blanco, armaron -en junio de 2018- la compañía King Angelus Corp, con domicilio al sur de Florida.
¿Venezuela es un «narcoestado»?
En julio de 2020, cuando el entonces ministro de Interior, Néstor Reverol, informó sobre la captura de Raúl del Gallego, la busqueda de «Chiche Smith» y la desarticulación de la red de narcotraficantes, tambie´n ofreció un balance sobre la lucha antidrogas de Venezuela.
Reverol dijo que a Washington le molestan los buenos resultados de Venezuela en antinarcóticos, que mejoraron sustancialmente, luego que el entonces presidente Hugo Chávez rompiera -en 2005- con los convenios antidrogas de EE.UU. y expulsara a la DEA, señalada de apoyar a las mafias de narcotraficantes.
En su reseña, Reverol resaltaba que en los primeros 6 años, tras la expulsión de la DEA, Venezuela incrementó en 44 % los decomisos de estupefacientes. Luego dijo que hasta 2020 se han incautado 773.532 toneladas métricas de drogas, con 158 capos capturados, 21 de ellos extraditados a EE.UU. y 38 a Colombia.
Resaltaba que en varias oportunidades la ONU ha ubicado a Venezuela como el cuarto país del mundo que más decomisa y desmantela laboratorios de droga; y mencionó la destrucción de 368 laboratorios en la zona fronteriza con Colombia; la neutralización de 200 aeronaves, la incautación de otras 62 y la inhabilitación de casi 400 pistas de aterrizaje ilegales.
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