La Audiencia Nacional de España aprobó este viernes la extradición hacia EE.UU. de Claudia Patricia Díaz Guillén, por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal para favorecer al empresario Raúl Gorrín y al exmilitar y extesorero venezolano Alejandro Andrade, en una presunta trama de corrupción que se habría ejecutado a partir del ganancias fraudulentas a través del cambio de divisas extranjeras y la comisión de sobornos.
De acuerdo a medios locales, los magistrados consideran que en el caso de Díaz Guillén se dan todos los requisitos para proceder a la solicitud de extradición realizada por el Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida, por presuntos delitos que en EE.UU. están tipificados como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y de instrumentos monetarios, equivalentes en España a blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
Díaz Guillén, quien fue jefa de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela entre 2011 y 2013, y secretaria ejecutiva del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) en el mismo período, es una ciudadana de nacionalidad venezolana que también se encuentra prófuga de la justicia de ese país.
En Venezuela, la exfuncionaria es solicitada por la presunta comisión de delitos de lavado de activos, asociación ilícita y malversación, al igual que su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, un antiguo miembro de la guardia de honor presidencial durante el gobierno de Hugo Chávez.
La exfuncionaria es una militar que paralelamente se graduó en Enfermería y Derecho; y que en 2001 entró al equipo de la seguridad presidencial venezolana. Esto le sirvió para incorporarse luego como enfermera en el equipo médico del presidente Chávez, un cargo que ocupó entre los años 2003 al 2011.
La Fiscalía venezolana había solicitado una orden de captura con alerta roja de Interpol contra Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, quienes aparecen vinculados al escándalo de corrupción de los Panamá Papers. La pareja fue capturada en España en 2018 y ese mismo año la justicia española aprobó la de extradición ambos a Venezuela.
En 2019, la Audiencia Nacional española revirtió la decisión y dijo que los exfuncionarios no serían extraditados a Venezuela porque consideraban que su integridad estaba en peligro, razón por la que se mantienen prófugos de la justicia de su país. De momento, queda pendiente la audiencia que debe enfrentar Velásquez Figueroa, en la que se decidirá su posible extradición a EE.UU.
Detalles de la sentencia contra Díaz
En su resolución, la justicia española rechazó los argumentos de la defensa de Díaz Guillén para oponerse a la extradición. Uno de ellos era que la exfuncionaria ya estaba siendo investigada por los mismos hechos en España; y otro, que había obtenido la nacionalidad española en abril de 2021.
Sobre el primero, los jueces concluyeron que no se trata de los mismos hechos, debido a que en España la investigación se centra en la adquisición de una vivienda en el centro de Madrid por 1,8 millones de euros con dinero procedente de Suiza, mientras que el reclamo de EE.UU. se refiere a la constitución de una organización para delinquir y dos presuntos delitos de blanqueo para comprar un yate y una firma de moda.
Además, indican que en el caso hay otros imputados que se han declarado culpables en EE.UU. y que están colaborando con las autoridades, por lo que los jueces españoles consideran que todos deben ser procesados en conjunto. Sobre el argumento de la nacionalidad española, los magistrados consideran que eso no es suficiente para rechazar la extradición.
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