El fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, José Antonio Villalobos, se refirió al rumbo está tomando la investigación por eventual cohecho, malversación de fondos públicos y negociación incompatible, que dirige contra dos ex oficiales de Carabineros desde 2014.
Esto, a raíz de presuntos ilícitos cometidos en licitaciones de cuarteles de la institución e irregularidades en pagos por obras sin terminar en el sur del país, principalmente en la Región de Aysén.
El persecutor llegó hoy al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para solicitar que se ampliara el plazo de la indagatoria en 120 días. Sin embargo, la audiencia no se pudo concretar, ya que el abogado de uno de los imputados no se presentó en el tribunal.
Hasta el momento han sido formalizados los ex funcionarios de alto rango César Rojas Gaete y Christian Bustos Morgado, el representante legal de la empresa Constructora CGM, Cristian Gutiérrez Martínez, y el ITO encargado de fiscalizar los proyectos, Francisco Pizarro Dasso.
Al salir de la sala, el fiscal Villalobos dijo tener nuevos antecedentes que podrían motivar imputaciones formales contra más involucrados, que se sumarían a los que cumplen medidas cautelares de arresto domiciliario.
«Hay nuevas aristas que se han abierto en la Fiscalía en esta causa en particular, que dicen relación con otras empresas que estarían vinculadas a los hechos ilícitos que hemos formalizado», expresó, aludiendo a información que está pendiente de ser entregada por la policía en torno a otras defraudaciones que habrían ocurrido en la Dirección de Logística.
Respecto a las pistas que apuntarían a la supuesta responsabilidad penal del ex jefe del Departamento de Cuarteles, el hoy general en retiro Félix Flores Santis – cuyo actuar como superior de uno de los inculpados fue duramente reprochado por Contraloría -, el persecutor fue cauto, aunque dijo estar evaluando su formalización.
«También se van a tomar determinaciones en ese sentido (de formalizar o no a Flores). Los antecedentes están en la investigación», explicó.
Cabe señalar que el general director Bruno Villalobos Krumm, en su reciente intervención ante la Cámara de Diputados por la indagación de robos de Finanzas que se inició en Punta Arenas y que la semana pasada motivó la detención de 17 funcionarios, se refirió también al caso cuarteles, comentando que el perjuicio fiscal ascendería a «100 o 200 millones de pesos».
Según lo expuesto a la justicia por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en septiembre de 2016, la cifra real estimada por desfalcos asociados a recintos policiales superaría con creces el monto aludido por la máxima autoridad de Carabineros.
En el Alto Mando preocupó enormemente la declaración en calidad de imputado que ofreciera en la carpeta el ahora ex general Flores Santis, oficial amigo de la presidenta Michelle Bachelet. En su defensa, el retirado jefe de Zona del Maule señaló que no intervino a favor de la empresa indagada, CGM, porque en la época de los trámites ofició como encargado de seguridad de la CELAC.
En ese período lo subrogó el ahora general de la Dirección de Abastecimiento e Infraestructura, Edgardo Osses Cotroneo. Pero según fuentes consultadas por El Ciudadano, habría sido éste y no Flores quien dio aviso de las irregularidades.
De hecho, el ITO Pizarro declaró a la Fiscalía que el entonces coronel Osses, una vez detectada la anomalía, impidió que el mayor (r) César Rojas, a cargo de las platas de CGM, volviera a entrar al Departamento de Cuarteles, donde habitualmente conversaba con el ex general Flores.
Sumado a lo anterior está la arista que compromete al segundo hombre de Carabineros, general Marcos Tello Salinas, quien como director de Logística habría dispuesto el uso de personal institucional y recursos del Estado para finalizar una obra inconclusa de CGM en la Región de Aysén.
El Ciudadano usó la Ley de Transparencia para aclarar la intervención específica de Tello, compañero de promoción del general director, en el Acta de Entrega Nº 766 del Departamento de Cuarteles, relativa a materiales de construcción, pero se indicó que «no es posible entregar copia de la misma toda vez que forma parte de una investigación de carácter penal… cubierta por la reserva».
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