El Gobierno de Iván Duque se despide con una impronta de violencia signada por el goteo continuo de asesinatos de líderes sociales y excombatientes y por la reaparición de las masacres, un fenómeno que no se presentaba desde hacía décadas en Colombia.
Si bien a Duque recibió a un país que recién se reconfiguraba tras la firma del Acuerdo de paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a finales de la Administración de Juan Manuel Santos, distintos analistas y organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran que su comprensión de esta compleja etapa de posconflicto fue insuficiente.
En todo su periodo presidencial se denunció el incumplimiento de lo acordado en La Habana, para garantizar el proceso de paz que apenas comenzaba y que debía ser acompañado por el aparato estatal. Generalmente, Duque respondió a la violencia con militarización, sin dejar espacio para la atención integral de las demandas históricas de los municipios y ciudades devorados por décadas del conflicto armado, que actualmente padecen los enfrentamientos de los grupos ilegales por el acceso a sus territorios, explica la periodista Nathali Gómez para RT.
Los líderes sociales quedaron desprotegidos en sus propias comunidades ante el poder local que ejercen disidencias de las FARC, las guerrillas y los grupos narcoparamilitares. Lo mismo ocurrió con algunos de los excombatientes, cuya reincorporación a la vida civil les costó la vida, en medio del reclamo constante de garantías para desarrollar lo que contemplaba el Acuerdo de paz.
Otro punto que quedó sobre el tintero en el periodo del abanderado del Centro Democrático fue el diálogo con los grupos armados ilegales. En 2019 se interrumpió el canal que se había abierto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y finalizando el mandato no hubo intentos por retomarlo.
Durante estos cuatro años, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) monitoreó los asesinatos de luchados sociales y exguerrilleros, además de las masacres. Esta organización no gubernamental, que lleva su propio registro de las víctimas, presentó el pasado martes el informe ‘Cifras durante el gobierno de Iván Duque-Balance de la violencia en cifras’, que abarca desde el 7 de agosto de 2018, cuando se posesionó el mandatario saliente, al 1 de agosto de 2022, a menos de una semana para que Gustavo Petro ocupe la silla presidencial.
Los números rojos en Colombia
En su gestión, Duque ha defendido su propuesta de «paz con legalidad», catalogada por sus adversarios políticos como un recurso para desconocer el Acuerdo de 2016 y desatender a los firmantes que dejaron las armas. Este plan del Gobierno, que ha manifestado sus desacuerdos con lo establecido en La Habana, no ha funcionado para abordar de manera efectiva la problemática de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes.
Los datos de Indepaz arrojan que en los últimos cuatro años 957 lideres sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados, al igual que 261 excombatientes. Del mismo modo, se contabilizan 313 masacres que dejan 1.192 víctimas.
Además, según el escrito, se han presentado 2.366 amenazas, 220 casos de desaparición forzada, 555 secuestros, 446 eventos de confinamiento, según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que pertenece a la Jurisdicción de Paz (JEP).
Los departamentos mas afectados son Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. El municipio nariñense de Tumaco es el más golpeado por el asesinato de líderes, firmantes de la paz y masacres.
Otra información, recogida por la ONG Temblores y plasmada en documento, se refiere a los homicidios atribuidos a la Policía Nacional, que ascienden a 421, en este cuatrienio. Asimismo, se contabilizan 83 muertes en el contexto del paro nacional de 2021, de las cuales 44 se atribuyen a la Fuerza Pública.
En cuanto a los homicidios nacionales, se ubican en 50.179. La cifra más alta fue en 2021, cuando se reportaron 13.873 asesinatos, según información tomada de la Policía Nacional.
¿Qué arrojan estas cifras en Colombia?
En un apartado de observaciones, Indepaz responsabiliza a los grupos armados de los asesinatos, masacres, amenazas y desplazamiento forzado en las comunidades rurales o de difícil acceso.
Las organizaciones armadas con más poder y presencia en el país son el Clan del Golfo, el principal y más peligroso grupo narcocriminal de Colombia, seguida de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras Gentil Duarte y la Segunda Marquetalia, que forman parte de las disidencias de las FARC.
En las zonas donde operan estos grupos, que se confrontan por el acceso a recursos naturales y las rentas provenientes de los negocios ilícitos, el Gobierno ha fallado en el cumplimiento de la reforma agraria, de la política antidrogas, de la sustitución de cultivos ilícitos y del Acuerdo de paz. Esto ha sido un caldo de cultivo ideal para la reconfiguración de estos grupos, que ocuparon los espacios dejados por las FARC.
La votación decisiva para el triunfo de Gustavo Petro provino precisamente de estos lugares olvidados, a los que no llega la mano del Estado pero sí los cañones de los fusiles. En estas zonas, tal como quedó evidenciado durante las protestas de 2021, los niveles de pobreza monetaria superan el 30 % y el acceso a la políticas públicas es limitado.
Aunque comúnmente se habla de líderes sociales de manera genérica, en ese grupo entran defensores ambientales o autoridades indígenas, que provienen de pueblos originarios en su mayoría; campesinos y pequeños productores; luchadores comunitarios; mujeres que desarrollan trabajo social; integrantes de las comunidades afrodescendientes y miembros de grupos organizados, entre otros. Todos ellos se centran en la acción social como una manera de suplir la ausencia estatal.
Posibles causas del los asesinatos
En su análisis, Indepaz sostiene que se considera que la «población de pequeños productores y comerciantes en zonas de economías ilegales dominadas por el narcotráfico» son «parte de la cadena criminal» y «sus reclamos son vistos con frecuencia como formas de protección de cárteles».
En esa línea, apunta que las «organizaciones sociales regionales que se han opuesto a la militarización y a la erradicación de los cultivos de coca» son vistas como «sospechosas» y como «obstáculos» por los cuerpos de seguridad estatales.
En cuanto a los firmantes del acuerdo de La Habana, la ONG considera que el «discurso gubernamental y del partido de gobierno», que no reconoce lo establecido en él, «se ha convertido en un aliciente» para que sean estigmatizados y aislados social y políticamente. «Esta falta de ambiente para la reincorporación ha facilitado la agresión criminal con centenares de homicidios de excombatientes», recoge el texto.
En sus recomendaciones, la institución de defensa de los derechos humanos sostiene que es urgente «una política de seguridad humana como gran matriz de estrategias y medidas del Estado en función de la transición a la paz total», donde estén incluidas las entidades del Estado y la Fuerza Pública.
Igualmente, se reafirma la necesidad de la implementación integral del Acuerdo de paz, la reanudación de las negociaciones con el ELN y las «conversaciones para la sujeción a la justicia de organizaciones macrocriminales armadas y desvertebración del complejo paramilitar».
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