La dramática situación humanitaria que se registra en el departamento colombiano de Arauca —región fronteriza con Venezuela— desde principios de año ha encendido las alarmas del Sistema Integral para la Paz de Colombia, que ha realizado un llamado urgente al Gobierno de Iván Duque para promover un diálogo entre los grupos armados responsables del recrudecimiento del conflicto interno.
El sistema para la paz, integrado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), emitió un comunicado en el que considera que el cese de la violencia, que se ha apoderado del Arauca colombiano, debe gestarse a través de «salidas negociadas«.
La situación, que empezó el pasado 2 de enero, se ha intensificado debido a que los grupos armados irregulares, especialmente las disidencias de las FARC y el ELN, han retomado los enfrentamientos por el control de los territorios de Saravena, Tame, Fortul, Arauquita, Arauca capital, y Cubará, región del departamento de Boyacá vecina al Arauca.
En estos territorios, que han sido los más afectados, se han registrado —en apenas 20 días— más de 1.000 personas desplazadas, mientras que otras 269 han sido víctimas de desplazamientos forzados. Además, se contabilizan 34 asesinatos contra civiles, dos secuestros, confinamientos forzosos de las comunidades indígenas, así como amenazas contra líderes sociales, presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y firmantes de los acuerdos de paz de Colombia que están en proceso de reincorporación.
«Lo que viene ocurriendo y las amenazas que se están concretando en contra de la población, exigen una respuesta humanitaria que desincentive más ataques en contra de la vida, la libertad y la integridad de los habitantes de este territorio», advierten las instituciones en su llamado.
En ese informe, las organizaciones alertan que los líderes sociales han sido los más afectados porque son víctimas de ataques directos, característica principal de este nuevo ciclo de violencia, reseña RT.
«Las voces de la comunidad se siguen silenciando»
El sistema para la paz advierte que «las voces de la comunidad se siguen silenciando», una situación que provoca que se extiendan «el miedo, el dolor, la angustia y la incertidumbre». «El impacto es muy alto para el ejercicio del liderazgo, la defensa de los derechos humanos y la participación«, denuncia.
Las organizaciones ponen como ejemplo el ataque que se produjo con un carro bomba el pasado 19 de enero, que fue detonado en el municipio Saravena, suceso que causó la muerte de un vigilante, dejó varios heridos y provocó daños en diversas edificaciones. Este hecho, según lo expuesto por el sistema de paz, fue en un edificio donde se encontraban líderes sociales y cinco de ellos resultaron con lesiones.
«Se empieza a sentir en la región la repetición de un escenario similar al vivido entre 2005 y 2011, cuando a causa del enfrentamiento entre las dos organizaciones guerrilleras, cientos de personas tuvieron que salir de sus casas, dejar su tierra, perder hijos, familia y amigos, quedando muchas de las comunidades fracturadas y divididas y dejando un saldo de mil personas asesinadas, y líderes comunales, defensores de derechos humanos, campesinos y campesinas desparecidos», advierten las instituciones de Colombia.
Abandono estatal y respeto a los «mínimos humanitarios»
Otras razones por la que se ha agudizado el conflicto en el Arauca colombiano, según el sistema de paz, han sido «el abandono estatal, la corrupción, los problemas de la tierra y el territorio, las economías ilegales y una democracia debilitada».
Para superar esta coyuntura, señalan, se deben superar «los tratamientos sintomáticos», pasar al análisis de cuestiones «más profundas» del conflicto y «abrir espacios de diálogo» para evitar las «avalanchas de hechos que fracturan las vidas, dificultan la convivencia e impiden el desarrollo a todo un territorio».
De igual forma, consideran que los actores armados deben respetar «los mínimos humanitarios», que se traducen en reducir el impacto del conflicto contra los civiles, ya que cada hecho de violencia socava sus derechos humanos y frena el desarrollo, la sostenibilidad y el futuro de las próximas generaciones.
Las instituciones exigen también que los grupos armados cesen la práctica violenta de la desaparición de personas, la colocación de trampas con minas explosivas, así como los ataques contra espacios que sirven para la educación, la salud y el encuentro.
¿Qué hacer por Colombia?
El sistema para la paz ha propuesto varias acciones para comenzar a frenar la radicalización del conflicto armado en Arauca, y señala que se debe comenzar con «una divulgación amplia y objetiva de la situación» que genere «un rechazo categórico» ante el nuevo ciclo de violencia.
Por otra parte, sugiere crear mecanismos de protección para acompañar a la población más vulnerable, como los líderes sociales, campesinos, indígenas y excombatientes en Colombia.
También sugieren que los involucrados abran, a escala nacional, «un escenario de diálogo con organizaciones que permita promover el acompañamiento de la iglesia católica en una eventual mediación».
Mientras tanto, el gobierno colombiano ha decidido incrementar la lucha armada, al ampliar la presencia de efectivos militares, aumentar las operaciones del Ejército en la región y la flota de vehículos para ejecutar los enfrentamientos.
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