Las revueltas en Colombia contra el sistema político actual -encabezado por el gobierno del uribista Iván Duque- ya cumplen más de 30 días continuos, en jornadas masivas que han demostrado la verdadera lucha que emprende el pueblo, sus limitaciones y la fuerte represión que ejerce un régimen liberal que con sus medidas económicas ha desatado más desigualdad, pobreza y ajusticiamientos.
El pasado 21 de noviembre se registró el primer paro general en Colombia en décadas que demostró toda la frustración e impotencia que está enquistada en la sociedad de ese país, producto de más de medio siglo de desigualdad, odio, violencia, pobreza y maltrato del Estado.
Desde entonces, Duque ha tratado de controlar las protestas pero no ha podido, y todo en medio de una popularidad de su Gobierno cada vez más decadente y que según distintas encuentadoras apenas sobre pasa los 10 puntos.
En ese sentido, su régimen intenta llegar a un acuerdo con el Comité de Paro, proceso que ya lleva varias reuniones sin acuerdos en casi un mes de protestas. Esto en gran parte sucede porque los voceros de Duque insisten en que sea una ‘conversación’; mientras el Comité demanda que sea una negociación.
Así lo ha dejado claro la Confederación General del Trabajo a través de su cuenta en Twitter, tras el último intercambio realizado el pasado 13 de diciembre.
«Estratégicamente, Duque no reconoce las diferencias entre dialogar, conversar y negociar; usa mediadores para un acercamiento con el Comité, pero no muestra voluntad», manifestó por su parte la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.
Al respecto, Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, declaró que la negociación que aspiran alcanzar se hará sí o sí dentro del contexto de las movilizaciones que realizan en el país.
Entre las peticiones que este sector entregó a la Presidencia de la República, el Comité de Paro pidió la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios -conocido como el Esmad- y sobre el que llueven las críticas por su uso excesivo de la fuerza durante las protestas.
El Comité también pide que se realice una depuración de la Policía Nacional y que Duque no adelante proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado, independientemente de su participación accionaria.
Pero Duque insiste en beneficiar a los sectores económicamente poderosos del empresariado colombiano y, en ese sentido, emitió un decreto presidencial que le abre la puerta a la privatización de empresas públicas.
Colombianos rechazan la reforma tributaria
El Comité de Paro solicitó al Ejecutivo que inicie, con las organizaciones respectivas, la implementación y cumplimiento de los acuerdos que han sido firmados con anterioridad.
En ese sentido, abogan porque se tramite con la entidad Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en ese sector.
De igual forma, denuncian que cuando Duque decidió romper el acuerdo de paz produjo más violencia del Estado contra la población. En ese sentido, instan a tratar con el movimiento ciudadano Defendamos la Paz el proceso de cumplimiento e implementación del pacto firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Asimismo, el Comité busca que se definan las políticas ambientales y protección de páramos con los representantes de las organizaciones que se acuerden. Pero lo más puntual en este momento es el rechazo a la reforma tributaria que pretende imponer el Gobierno.
El pasado lunes -16 de diciembre- esta pretensión de reforma tributaria fue rechazada con un cacerolazo en Plaza de Bolívar, en pleno centro de Bogotá.
Los manifestantes se concentraron frente al Congreso de la República para expresar su inconformidad en una jornada que sumaron como parte de las acciones contra políticas gubernamentales, pues consideran que esa medida traerá más desigualdades a la población.
En la protesta, los presentes denunciaban que con esa pretendida reforma el Gobierno de Duque sólo busca beneficiar a «los grandes empresarios» y «perjudicar a los trabajadores».
Al respecto, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) señaló que la mencionada iniciativa tiene un impacto negativo en los ingresos para la nación por más de 9,4 billones de pesos (un dólar equivale a unos 3.400 pesos), principalmente, producto de la reducción del impuesto de renta del 32 % al 30 % para personas jurídicas.
«Es una reforma inequitativa, ineficaz y regresiva. Colombia es el cuarto país más desigual del mundo. El proyecto no es más que una disminución de la carga tributaria y generación de exenciones a quienes tiene capacidad de pago», precisó Fecode, organización que forma parte del Comité de Paro.
Añade esta Federación que la redistribución de ingresos que plantea el proyecto no corresponde a las necesidades de los colombianos, pues mientras se reducen impuestos a los más ricos, el gasto fiscal, entendido como lo que se deja de percibir, tendrá que ser asumido por todos a través de una reducción en subsidios, inversión y gasto social en general. «Así que quienes más necesitan del Estado, son quienes pagarán la carga de esta medida«.
La Federación advierte también que esta reforma beneficiará a las familias que tengan capacidad de ahorro y excluye a los colombianos que no cuentan con medios financieros para realizar las compras, pues «el pago se debe hacer en entidades comerciales y electrónicamente, lo cual servirá a los grandes empresarios, quienes dinamizarán sus ingresos mientras que el comercio informal, del cual dependen millones de personas, no tiene ningún beneficio».
Otro punto a resaltar es la reducción gradual de la cotización a salud que hacen los pensionados, quienes tienen un salario mínimo de unos 877.000 pesos colombianos (261.25 dólares). La Federación indica que a pesar de que eso «es lo único bueno de esta reforma (…) no corresponde al compromiso del Estado colombiano con todos los pensionados, por tanto, quienes quedan por fuera de este tope seguirán en espera del cumplimiento integral».
Proponen eliminar el Esmad de Colombia
Luego que la oposición denunciara a los altos mandos de la Policía Nacional por el asesinato del joven Dilan Cruz, pidiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigar este caso y los excesos de la Fuerza Pública durante el paro nacional, y adelantara dos debates de control al actuar de las autoridades en las recientes manifestaciones; ya hay un borrador del proyecto de ley que pretende disolver el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Precisamente, este lunes el senador Antonio Sanguino, autor del proyecto, adelantó una audiencia pública para compartir las razones de por qué se debe de desmontar este cuerpo especial de la Policía y recoger sugerencias para nutrir el proyecto que será radicado en marzo de 2020.
La iniciativa, por el momento, está compuesta por seis artículos que dictan la eliminación y desmonte del Esmad; la derogación de las resoluciones que crearon a este grupo especializado y toda aquella normativa que le diera vida a su funcionamiento; obligan a las autoridades regionales y municipales a garantizar la protesta pacífica y a crear mecanismos mediadores entre la ciudadanía y Fuerza Pública; y clarifica que el uso de la fuerza de la Policía solo tiene cabida en hechos graves de alteración de orden público o en situaciones de conmoción interior.
Para el senador de la Alianza Verde, el actuar del cuerpo móvil ha incumplido su misión en cuanto a que, considera, “las acciones del Esmad a lo largo de las últimas semanas muestran que sus intervenciones no son proporcionales ni preventivas, sino ejecutadas con el fin de provocar a civiles y propiciar caos. Son acciones que no garantizan la protección de los derechos humanos, sino su vulneración mediante el daño físico, moral y emocional de manifestantes y no manifestantes».
«Sus procedimientos no contribuyen a restaurar el llamado ‘orden público’, sino a degradarlo y enrarecerlo. En suma, ha actuado fuera de la ley, viola los derechos fundamentales y se constituye en un perpetrador que profundiza el conflicto social”, se explica en la justificación del proyecto.
Y junto a su análisis, le suma hechos con los que ratifica, a su juicio, los argumentos suficientes para la eliminación de este comando. El parlamentario recoge un informe de noviembre de 2018 de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia que denunció 18 casos de víctimas fatales en Bogotá en los pasados años, incluido el joven de 15 años, Nicolás Neira, por uso desmedido de la fuerza por parte del Esmad.
Además de las lamentables muertes en Colombia, se suman casos por violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, hostigamiento, amenazas y lesiones producidas por este cuerpo especializado.
Y ahí no termina el grueso de los argumentos con los que se buscará convencer más adelante al Congreso sobre la necesidad, en voz de la oposición, de desmotar el Esmad. El proyecto también recopila datos de un estudio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) durante el paro agrario de 2013. De 837 personas capturadas, el 23 % eran menores de edad, y de ese total 57 % fueron judicializadas por el delito de obstrucción a las vías públicas, herramienta, según explica el documento, funcionó como mecanismo de represión.
También se advierte que entre 2002 y 2012 hubo en Colombia 512 detenciones arbitrarias, 596 heridos y 73 casos de totura.
“Esto da muestra de la necesidad inminente de su reestructuración, en la que se incluyan mecanismos de verificación del uso de la fuerza, y el cumplimiento de los protocolos institucionales que garanticen realmente el goce y disfrute del derecho constitucional a la huelga”, se lee en la justificación del proyecto.
Desde ya se prevén discusiones fuertes sobre el tema, pues los partidos de Gobierno en Colombia, como el Centro Democrático, son acérrimos defensores de la Fuerza Pública. Por su parte, voces de la independencia dicen que la solución no es el desmonte, sino la restructuración del Esmad.
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