Más de 3000 personas se han visto forzadas durante los últimos días a salir de los asentamientos campesinos y rurales del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, ubicado al norte de Colombia, para establecerse en el casco urbano de la localidad, debido a las crecientes hostilidades entre el ejército, la policía, grupos paramilitares y frentes guerrilleros.
La situación, que ha coincidido con fuertes aguaceros en la zona, encendió las alarmas de distintas organizaciones sociales que denuncian la delicada condición humanitaria de los desplazados, así como la presunta inacción del Estado colombiano y del Gobierno de Iván Duque.
El alcalde de Ituango, Mauricio Mira, declaró a Radio Nacional de Colombia (RNC) que la «ola invernal» que desde hace dos semanas azota al municipio —conocido como » emporio agrícola»—, ha generado «graves» daños en la infraestructura de una serie de albergues temporales que se habían establecido para atender a la población desplazada por la violencia.
Según Mira, los desplazados llegaron desde zonas cercanas a Ituango, tras ser notificados por «disidencias de las FARC» de que estaban por llegar un contingente del «Ejército» y «grupos paramilitares» de los Urabeños, para iniciar enfrentamientos que amenazarían a los campesinos de las veredas Santa Lucía, Santa Bárbara, El Quindío, Alto del Limón, El Chuscal, Las Brisas, Quebrada del Medio, Los Sauces y Las Arañas.
La situación se ha visto agravada, explicó Mira, por las fuertes lluvias registradas el jueves, que dañaron techos, colchonetas y frazadas que se les había entregado a los desplazados. Además, afectaron varias viviendas y un ancianato, dejando a otras 60 familias damnificadas.
«En la historia del municipio nunca había llovido tan duro. El tema del clima es algo impredecible, y esta temporada ha sido complicada porque se supone que deberíamos estar en verano. Además, todo esto nos está afectando en el tema económico, a raíz del cierre de vías por los derrumbes», dijo Mira, quien advirtió que en las próximas horas se pueden generar más desplazamientos masivos debido a la complejidad de la zona en conflicto, así como por la falta de combustible y de recursos.
¿Qué dicen los líderes políticos y las organizaciones sociales?
Esta es la segunda vez en el año que se registra un desplazamiento masivo en esa localidad colombiana, donde entre enero y febrero se presentó una situación similar. La región, que en la propaganda oficial es llamada «Capital Energética de Colombia» por la construcción del proyecto Hidroituango, es también conocida por contar con tierras ricas para la producción de café, caña, maíz, frijoles, yuca y plátano.
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, instó al Ejecutivo colombiano a atender por vía aérea la situación humanitaria.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, aseguró que ya se han iniciado acciones para atender el desplazamiento «de algunas comunidades por presión de grupos ilegales», y que se reforzó «la presencia militar y de policía» para dar respuesta a la emergencia humanitaria.
Omar Restrepo, congresista del partido Comunes, advirtió que lo que se vive en Ituango «es un verdadero éxodo» que ha dejado a unas «1.500 personas desplazadas».
«Nadie hace nada para ayudar a esta pobre gente. Si a Iván Duque no le importa el país, hagamos que nos escuche el mundo«, señaló Restrepo en su mensaje, que acompañó con un video donde se ve a decenas de personas afectadas huyendo en unidades de transporte.
Entre tanto, Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de Antioquia, dijo a RNC que los nuevos desplazamientos demuestran «la sistemática omisión por parte del Estado colombiano para brindarle garantías a las comunidades».
En Twitter, la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia indicó que «desde el 20 de julio, campesinos de los cañones de Santa Lucia en Ituango están siendo desplazados», una situación que se registra «tras meses de tensa calma».
La activista social Isabel Zuleta denunció que la Alcaldía de Ituango «viola los derechos de las comunidades», porque «desatiende» e «intenta ocultar la realidad». Además, sostuvo que la Fiscalía de Colombia permite «la impunidad sobre el delito de lesa humanidad» y que hay inacción de todas las instancias de gobierno.
El alcalde Mira, por su parte, añadió que la situación se ha agravado porque el municipio limita con el Bajo Cauca, con el Urabá Antioqueño y con Córdoba. «Es por esto que grupos como los Urabeños, las Águilas Negras, los disidentes de las FARC y el ELN, se disputan el control territorial», dijo.
Mientras, la Defensoría del Pueblo de Colombia aseguró que está verificando en el terreno la entrega de ayudas humanitarias, por parte de la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Gobierno de Ituango, a las víctimas de desplazamiento. Además, indicó que «una comisión» se dirige a la zona para atender «la situación de de Derechos Humanos» de las comunidades afectadas.
¿Por qué Ituango es una zona en conflicto histórico en Colombia?
La región es habitada por más de 20.000 personas, entre campesinos y comunidades indígenas como los katíos y los tuangos. En diciembre de 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia indicó que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el área de influencia de la central hidroeléctrica Hidroituango, que se encuentra en construcción en el departamento de Antioquia.
La JEP dijo, en un comunicado, que estas personas desaparecieron «en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia». Además, señaló que el «gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente», y «sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades».
Las desapariciones forzadas, detalla la JEP, habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares, Bloque Mineros y Bloque Metro, los frentes 18, 36 y 5 de las disidencias de las FARC, y por unidades de la fuerza pública.
Las constantes tomas y enfrentamientos entre paramilitares, las guerrillas y el Ejército, han hecho de la zona un cementerio de fosas comunes. La región también se ha visto afectada por la colocación de minas antipersonas y la introducción de cultivos ilícitos para la producción de cocaína.
La ubicación estratégica del municipio, concebido como un corredor que conecta la costa Atlántica con la zona de Urabá, y que tiene abundancia de ríos y espacios montañosos, la han convertido en un teatro de operaciones militares y de disputas territoriales.
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