La llamada ‘guerra contra las drogas’, que ha dejado heridas profundas en Colombia por más de 30 años, ha sido tildada de «fracaso» por el presidente Gustavo Petro, que ha propuesto un enfoque revolucionario en su política antidrogas.
En menos de un mes de gestión, el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, sede del Gobierno, hizo una serie de anuncios que apuntan a un cambio radical en la manera de afrontar el problema de violencia que ha generado la producción y el tráfico de sustancias ilícitas en el país suramericano.
Petro, que apuesta al diálogo más que a la confrontación, plantea la eliminación de la extradición, la suspensión de la erradicación forzada, los beneficios procesales para los microtraficantes, la comercialización de la marihuana y el cese de los bombardeos, entre otras, explica la periodista Nathali Gómez para RT.
Algunas de estas medidas, que se consideraban impensables tan solo días atrás, ya entraron en vigor y han sido criticadas por el ala más opositora del Congreso, representada por el Centro Democrático, fundado por el exmandatario derechista Álvaro Uribe.
Este partido político, que dio su respaldo al anterior presidente, Iván Duque, tradicionalmente ha apoyado la visión de la ‘guerra contra las drogas’, la militarización y el uso de la fuerza del Estado como única vía para acabar con las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico.
Hasta el momento pareciera no haber sido la política más efectiva, si se toman en cuenta los datos de tráfico de cocaína hacia EE.UU. y las hectáreas de coca sembradas en territorio colombiano.
En 2021 Colombia produjo 972 toneladas de cocaína, 2,2 % menos que la cifra de 2020, y registró 234.000 hectáreas de cultivo, 4,5 % menos que las 245.000 el año precedente, según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por su sigla en inglés). Aunque los números retrocedieron, la producción sigue siendo alta.
Colombia y EE.UU.
En una reunión para tratar la estrategia de lucha contra las drogas ilícitas entre Bogotá y Washington, liderada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, estaba una delegación estadounidense compuesta por el secretario adjunto para la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), Todd Robinson, y el director de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por sus siglas en inglés), Rahul Gupta, entre otros.
Ambos países coinciden en las líneas gruesas de la nueva política antidrogas y en su preocupación por la protección ambiental y los líderes sociales ambientalistas que realizan su labor comunitaria bajo la amenaza de grupos ilegales y grandes corporaciones.
La propuesta que evalúan ambos gobiernos es la de disminuir la oferta de drogas ilícitas, a través de la implementación de la sustitución de cultivos y el abordaje del consumo como un tema de salud pública.
Del mismo modo, se habló sobre la posibilidad de desarrollar posibles alternativas de privación de la libertad para personas que consumen sustancias psicoactivas que cometan delitos.
Ya desde el mandato de Duque, la Casa Blanca había anunciado su «nueva estrategia» antidrogas que pedía el reforzamiento de la presencia estatal preventiva en las zonas rurales y de los acuerdos de paz. Esta exigencia, que es la misma de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, también forma parte del programa de Gobierno del líder del Pacto Histórico y de su visión sobre el tema.
Desde EE.UU., que suscribió con el país suramericano el ‘Plan Colombia’ en 2000, una comisión de la Cámara de Representantes también habló de «un fracaso» en el control de la producción y el tráfico de drogas. En ese país, en 2021 murieron por sobredosis unas 107.622 personas, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Giro con el narcotráfico
Los últimos años han estado signados por la violencia de los grupos armados en pugna por el control territorial para desarrollar sus actividades ilícitas, lo que ha generado la muerte de líderes sociales y exguerrilleros y el desplazamiento forzado de la población de las zonas en disputa.
El nuevo Gobierno promete combatir a los «grandes capitales» relacionados con el narcotráfico, las estructuras que soportan el tráfico de estupefacientes, los financistas de estas operaciones ilícitas, los procesadores, exportadores y los vínculos con el Estado.
Estos preceptos abren al puerta a la «negociación y el sometimiento judicial» de los grupos criminales. Con los fondos que les sean confiscados se propone llevar a cabo políticas públicas «para la reparación y la garantía de derechos de toda la población».
Salida de la cárcel para los microtraficantes
Entre los proyectos que prepara el Ejecutivo se encuentra el de descriminalización o despenalización. Según el ministro de Justicia, algunas personas podrán reintegrarse a la sociedad y «abandonar ese mundo de corrupción del que seguramente fueron artífices, pero también fueron víctimas».
Durante un foro anticorrupción en la Universidad Externado, celebrado a mediados de agosto, Osuna se refirió al microtráfico de sustancias ilícitas. «La persona que la atrapan con pequeñas dosis de estupefacientes para comerciar actúa en contra de la ley pero está siendo parte de una cadena criminal mucho más grande de la cual es víctima», sostuvo.
Frente al posible cuestionamiento sobre si el Gobierno «va a soltar presos», respondió que la administración de Petro «no quiere gastar un solo peso en construcción de nuevas cárceles» porque se busca disminuir el hacinamiento, por lo que el planteamiento es el de invertir los recursos destinados a los reclusos en otras áreas del sistema judicial.
Según el Código Penal colombiano, quien trafique con sustancias ilícitas puede tener una pena de 128 a 360 meses, más una multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos vigentes. Si la cantidad de droga no excede ciertos límites establecidos, la prisión puede ser de 64 a 108 meses.
Ya antes de tomar posesión del cargo, el propio mandatario escribió en un trino que «el Estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación»
¿Desaparecerá la extradición?
La extradición del exlíder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, causó impacto en Colombia y fue mostrada por el expresidente Duque como un triunfo de su gestión en la lucha contra el crimen organizado, a pocos meses de dejar el poder. Su gestión tiene el récord de haber hecho el mayor número de extradiciones, con 660 hasta febrero pasado, según Asuntos Legales.
Ante esta práctica, que se presentaba como el fin último para hacer que los grandes capos de la droga se enfrentaran a la Justicia, Petro propuso algo distinto, que no desaparece las extradiciones de facto pero que pone sobre la mesa otra alternativa.
En líneas generales, el planteamiento es que pueden evitar la extradición los narcotraficantes que negocien con el Estado y se acojan a un programa de verdad, justicia y reparación. De llegar a un acuerdo y reincidir en el delito, perderían el beneficio y serían trasladados al país que los reclama.
Bajo las leyes actuales, no existe la posibilidad de que un capo de la droga negocie con la Justicia y deje de delinquir para evitar su extradición.
En el país suramericano rige la extradición habilitada por el Congreso en 1997, como un acuerdo por vía administrativa. Así, las solicitudes de traslado son hechas por el Departamento de Justicia de EE.UU. a su par colombiano y deben ser aprobadas por la Corte Suprema y consignadas por el presidente.
En Colombia, la extradición de los miembros de organizaciones criminales ha sido rechazada por algunos juristas que consideran que al ser enviados a EE.UU., solo son juzgados por sus cargos relacionados con el tráfico de drogas y no por los delitos de otra índole, como el homicidio, que cometieron en su país. Asimismo, estas penas no contribuyen a la reparación de las víctimas.
Por otro lado, quienes la apoyan sostienen que el traslado a otros países impide que los narcotraficantes puedan seguir delinquiendo al frente de las organizaciones que lideran.
Comercializar la marihuana
Hasta el momento, Petro se han referido a la comercialización legal en el exterior de la marihuana con fines recreativos y medicinales para generar entrada de divisas al país.
En lo que va de año, según cifras del Ministerio de Justicia, se han incautado 220 toneladas de marihuana. La cantidad en 2021 fue cuatro veces mayor y correspondió a 860 toneladas.
En febrero pasado, se anunció la regulación del uso industrial del cannabis para alimentos, bebidas y textiles.
Ya en julio de 2021, un decreto presidencial permitió la exportación de la flor seca de esta planta para uso medicinal, con el objetivo de participar en el mercado internacional de ese producto. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, la Plenaria de la Cámara de Representantes rechazó un proyecto de ley que buscaba crear una excepción constitucional para permitir la posesión y el consumo recreativo de cannabis.
¿El fin de la erradicación forzada en Colombia?
La erradicación forzada, otra política que defendió Duque a pesar de que el acuerdo de paz establece la sustitución del cultivos como uno de sus parámetros, también quedó desmontada al inicio del mandato de Petro.
En días pasados, el director de la Policía, Henry Sanabria Cely, informó sobre la suspensión de este tipo de operaciones no voluntarias para eliminar las plantas de coca.
Sanabria Cely agregó que únicamente habrá erradicación concertada con las comunidades y con acompañamiento de instituciones estatales.
En un tuit, el mandatario aclaró que suspender la fumigación aérea para cultivos ilícitos no significa que se pueden sembrar más plantas de coca y que debe implementarse «de inmediato» el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), surgido tras el acuerdo de paz y que no tuvo grandes avances durante la gestión de Duque.
En su reciente visita al municipio El Tarra (Norte de Santander), en la subregión del Catatumbo, el presidente colombiano confirmó que allí se realizará la primera asamblea de cultivadores de coca con miras a una transición a los cultivos lícitos.
No más bombardeos
Luego del anuncio del ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, de suspender los bombardeos en las zonas donde haya menores de edad involucrados o población civil, el Centro Democrático manifestó que prepara un debate de control político en el Congreso para expresar su rechazo a la medida.
El Gobierno de Duque consideraba este tipo de operaciones militares –donde murieron por lo menos 29 menores, según datos del senador Iván Cepeda–, eran parte de la lucha contra el narcotráfico.
Las líneas del programa de Gobierno de Colombia
Ya en el programa de gobierno de Petro se trazaron los pilares de su política antinarcóticos. En el texto, difundido durante su campaña, se propuso pasar de la «guerra fracasada contra las drogas» y contra las economías ilegales del cannabis, la coca y la amapola a un proceso integral de «transformación económica«.
La principal apuesta es la «construcción de la paz», el beneficio del campesinado y la transformación económica de los entornos productores «sin criminalización de los cultivadores».
El acento se pone en los protección de los pequeños productores para evitar que sean judicializados, que sus sembradíos sean fumigados o que sufran desplazamiento forzado.
Se plantea igualmente implementar «un proceso pacífico de desmantelamiento del crimen organizado» a través del diálogo y el sometimiento a la Justicia de los grupos criminales y narcotraficantes y la reparación integral de las víctimas.
Del mismo modo, se manifiesta que se articularán «los instrumentos más efectivos» del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos y del PISDA (Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo), que es un proceso de participación entre las comunidades, el Gobierno y las autoridades locales para formular e implementar los planes de sustitución.
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