Colombia lamenta el asesinato de una lideresa trans que había denunciado atentados en su contra

Profunda conmoción ha causado en Colombia el asesinato de la líder social Christina Cantillo Martínez, activista de los derechos sexuales y de la comunidad LGBTI, en la ciudad de Santa Marta, departamento de Magdalena. Este homicidio estuvo precedido de varios atentados de los que había resultado ilesa, según denunció en reiteradas oportunidades, al advertir sobre las fallas en su esquema estatal de seguridad.

El ataque ocurrió el martes, cuando la directora de la ONG Fundación Calidad Humana fue abordada por dos hombres en moto, mientras conversaba con su familia en la puerta de su casa, ubicada en el barrio Ondas del Caribe. El parrillero de la motocicleta disparó múltiples veces en su contra, hasta que cayó al piso. Los presentes la trasladaron a la Clínica Los Nogales, donde falleció, describe RT.

La labor de Cantillo se centraba en el trabajo comunitario contra la violencia de género y la defensa de los derechos de las mujeres trans, principalmente de las trabajadoras sexuales. Según explica la prensa local, el liderazgo que ejercía en Santa Marta era «fuerte«, por lo que grupos armados de la zona la habían amenazado y había sufrido varios atentados. Por ello, la Unidad de Protección Nacional del Ministerio de Interior le había otorgado una medida de protección individual, que resultó insuficiente.

La lideresa social constantemente hablaba en su cuenta de Facebook sobre las dudas que le generaba la efectividad de su esquema de protección. Además, cuestionaba duramente la inacción de los cuerpos policiales frente a las denuncias de amenazas y amedrentamiento en contra de activistas locales por parte de estructuras criminales y narcotraficantes que operan en esas localidades.

¿Qué dice la Policía de Colombia?

El comandante de la Policía de Santa Marta, Jesús de los Reyes, informó en un video que fue designada una «fiscal destacada en casos especiales» para llevar el caso y que actuarán, además, el Cuerpo Técnico de Investigación y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional.

Hasta ahora, las autoridades desconocen el paradero de los responsables del crimen contra la activista. Sin embargo, se encuentran analizando las pruebas y los registros de las cámaras de seguridad.

Las reacciones

Este asesinato ha generado reacciones entre las autoridades locales y organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales.

En su cuenta de Twitter, el gobernador del departamento, Carlos Caicedo, hizo varias publicaciones donde lamentó lo ocurrido y emplazó duramente al presidente de Colombia, Iván Duque, a reforzar la seguridad en la zona.

Caicedo sostuvo que es «insostenible» la «incapacidad» de la Policía bajo el mando de De los Reyes y pidió su relevo. Del mismo modo, solicitó al mandatario que combata la criminalidad en Santa Marta «con la misma diligencia» que envió a las autoridades a reprimir una protesta en la Empresa de Servicios Públicos de esa ciudad. «Exigimos a la Fiscalía que actúe contra grupos criminales que en su Gobierno reconquistan el territorio en medio de un silencio que se vuelve cómplice«, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, rechazó el homicidio, aseveró que desde esa institución tenían activada la ruta de atención y aclaró que la protección correspondía al organismo del Ministerio de Interior. «Pedimos a las autoridades resultados y justicia«, escribió.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció para exigir «que se investigue y judicialice a los responsables».

En su cuenta de Facebook, el defensor de los derechos humanos Lerber Dimas publicó un texto donde afirmó que en Santa Marta «no se respeta la vida» y que la comunidad llora «la vida de una mujer trans, luchadora, afectiva y con sentido social».

«Apagaron la voz de una líder, de una compañera. Cristina no quería morir y pidió mil veces un esquema diferente. Había denunciado que iban a asesinarla, pero era la voz de una mujer trans, que nadie quiso escuchar», agregó.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) también lamentó «la muerte violenta» de Cantillo y pidió «investigar de forma integral este atentado (…) y su conexión con agresiones previas en su contra, a fin de esclarecer los hechos e identificar a los responsables materiales e intelectuales».

Según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con Cantillo suman 162 líderes sociales asesinados en este año y 1.276 desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016. 

¿Cuáles son las acciones inmediatas en Colombia?

El gobernador de Magdalena informó que realizó un Consejo extraordinario de seguridad donde participaron las alcaldías, autoridades y entidades nacionales «para coordinar estrategias que permitan garantizar la seguridad en la Sierra Nevada y el resto del Magdalena».

En esta reunión calificó de «inaudito» que, aunque Cantillo haya contado con la protección de la unidad especializada, haya sido «asesinada porque la dejan vulnerable en las noches». «¿Qué clase de seguridad es esa que trabaja en horario de oficina? No hay garantías de protección para los líderes y lideresas sociales del país», cuestionó.

La gobernación pidió al Ministerio del Interior la realización de una mesa territorial de garantías para evaluar el nivel de riesgo de los líderes sociales y defensores de derechos humanos de Santa Marta y el Magdalena.

Las autoridades locales ofrecieron una recompensa de 80 millones de pesos (unos 20 mil dólares) por información que lleve a la captura de los autores intelectuales y materiales del crimen.

Los avisos que no fueron escuchados

La defensora de los derechos de la comunidad LGBTI en Colombia habría presentado varias denuncias sobre los ataques en su contra y había registrado en sus redes videos para respaldarlas.

Pocos días antes de su muerte, el 4 de diciembre, escribió en su muro de Facebook sobre un «percance» en carro que la transportaba junto a sus escoltas. «No fue un atentado, aunque las autoridades no descartan que alguna persona malintencionada le hubiera hecho algo al vehículo cuando estaba fuera de mi casa, en horas de la noche», explicó.

El pasado 22 de octubre también relató que dos sicarios que pretendían atacarla a las afueras de su casa fueron detenidos por la Policía Metropolitana con ayuda de la comunidad, que quemó la motocicleta donde se desplazaban. «Gracias a Dios no lograron acabar con mi vida en este momento«, escribió en esa oportunidad.

Sobre el intento de linchamiento a los agresores y la quema de la moto, agregó: «Este acto de la comunidad es el inicio del desgaste y el cansancio por la falta de seguridad y frente a la ola de homicidios que registra la ciudad de Santa Marta y el Magdalena».

Ya en abril de este año, Cantillo había sufrido un atentado, del que resultó ilesa, donde su hermano, Luis Felipe Cantillo, fue herido. En esa oportunidad, el alto consejero para la Paz y el Posconflicto de Colombia, Vilbrum Tovar, pidió a los organismos de seguridad del Estado y a la Policía Nacional que le brindaran seguridad a la víctima.

En noviembre de 2020, su carro fue impactado varias veces en medio de una balacera, por lo que llamó la atención sobre las características del vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección que, según ella, no era «idóneo» para proteger a una líder social que «recorre el Magdalena y lugares con alto índice de violencia, donde pongo en riesgo mi vida».

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