La verdad sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, parece cada vez más difícil de dilucidar. Desde que ocurriera el magnicidio el pasado 7 de julio, una serie de revelaciones, versiones encontradas y filtraciones a la prensa, dan cuenta de cómo el caso salpica directamente a los países que están colaborando con las investigaciones: Colombia y EE.UU.
Un punto que llama la atención es la manera en que Bogotá ha abordado la situación, ya que después de que se revelara la participación de al menos 18 exmilitares colombianos en el magnicidio, capturados en Puerto Príncipe, el Gobierno de Iván Duque ha asegurado que los mercenarios «fueron engañados».
La principal vocera de la Casa de Nariño ha sido la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien se ha encabezado las gestiones para que los familiares de los exmilitares tengan permitido viajar a Puerto Príncipe y sea posible lograr la repatriación de los cuerpos de tres asaltantes abatidos en enfrentamientos con la policía haitiana, indica un reportaje de RT.
El foco en Haití
EE.UU. también ha estado involucrado en los hechos, no solo porque le ofreció atención sanitaria a la exprimera dama, Martine Moïse, sino porque al menos siete de los mercenarios colombianos fueron entrenados por el Pentágono. Tras esas revelaciones, tanto Washington como Bogotá informaron que enviarían equipos a Puerto Príncipe para las investigaciones del crimen.
La Casa Blanca envió a altos funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad para «apoyar» la solicitud del Ministro de Interior de Haití, Claude Joseph, quien pidió «investigadores» a Interpol y a las agencias de seguridad de EE.UU. y de Colombia.
En Bogotá, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la fuerza militar y la policía de su país prestarían «toda la colaboración en el esclarecimiento del magnicidio». La policía de ese país, mientras tanto, confirmó que los presuntos asesinos de Moïse salieron en dos vuelos desde suelo colombiano, planearon el crimen entre Haití, EE.UU. y República Dominicana, y que al menos cuatro empresas habrían sido responsables de reclutar a los comandos.
No obstante, el 16 de julio comenzó el giro discursivo desde Bogotá. Ese día, la vicepresidenta Ramírez dio unas controvertidas declaraciones sobre el envío a Haití de una misión consular que daría asistencia a los detenidos y gestionaría la repatriación de los abatidos.
Días más tarde, el Departamento de Estado de EE.UU. creó la figura del «enviado especial para Haití», a cargo de Daniel Foote, para colaborar «con los socios haitianos e internacionales«, «facilitar una paz y una estabilidad duradera», y apoyar «los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales y legislativas libres y justas».
En medio de la controversia, la viuda y exprimera dama de Haití, Martine Moïse, —la única testigo presencial del asesinato— denunció que su esposo se hizo de enemigos peligrosos y poderosos porque, a su juicio, intentó finiquitar contratos del Estado que lucran a «la oligarquía» corrupta.
«¿Es un crimen querer liberar al Estado de las garras de los oligarcas corruptos?«, se preguntó la exprimera dama durante el funeral de su esposo, donde pidió buscar a los «verdaderos responsables» del magnicidio, a quienes calificó como «aves de rapiña» que siguen en libertad, «sedientos de sangre» y con la intención de ahuyentar a cualquier otro líder que pretenda hacer reformas en el país.
Colombia: «Fueron engañados»
El viceministro colombiano Francisco Echeverri fue el encargado de tener contacto permanente con los familiares de los detenidos y con el embajador haitiano en Bogotá, Jean Mary Exil.
Mientras tanto, la vicepresidenta —exministra de Defensa entre 2002 y 2003 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez—, aprovechó ese contexto para defender «el alma de los soldados de Colombia» y aseguró que «jamás un militar colombiano» sería capaz de pensar «en la hipótesis de participar en un magnicidio».
La vicepresidenta insistió en que varios de los mercenarios, «lamentablemente» habían sido «engañados». Según ella, aunque «algunos de los colombianos que fueron a Haití sabían de qué se trataba», «la mayoría fue a otra misión», que supuestamente consistía en «apoyar las fuerzas de seguridad» de ese país.
«Sé perfectamente que los militares de Colombia no son, jamás y bajo ninguna circunstancia, mercenarios que vayan a ir de oficio a cometer ningún crimen en ningún lugar», indicó Ramírez, a pesar de conocerse que una gran cantidad de soldados retirados terminan contratados por empresas extranjeras de seguridad para actuar en conflictos armados.
La canciller, que se ha mostrado preocupada por la «imagen negativa» de su país por estos hechos, ha informado que el cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio César Santa, visitó a los reos y verificó que han recibido «valoración médica» y se encuentran «en mejores condiciones».
De hecho, ha sido insistente en prometer que su gobierno dará «asistencia consular» a los 18 detenidos, «para que tengan garantías humanitarias y se les respete el debido proceso». Este jueves, anunció que les buscarán un abogado para defenderlos y que, si tienen la posibilidad de llevar el caso a un organismo internacional, lo harán.
Colombia busca desviar la atención
Para el activista de Derechos Humanos y de migrantes Juan Carlos Tanus, el magnicidio de Moïseha puesto en evidencia la compleja situación a lo interno del Ejército colombiano, «convertido en el mayor exportador de mercenarios para las empresas militares de seguridad privada».
En entrevista para RT, Tanus aseveró que cada año salen del Ejército colombiano «unos 15.000 soldados que cuentan con una alta preparación militar», que terminan siendo «muy apetecidos» por las contratistas militares privadas como la británica G4S o la estadounidense CTU Security LLC (investigada por el magnicidio a Moïse).
Por esas operaciones, los soldados reciben grandes cantidades de dinero a través de empresas legalizadas en Colombia que, según Tanus, guardan vínculos con el paramilitarismo y las redes del narcotráfico.
De hecho, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada —quien introdujo la semana pasada un documento ante el Consejo de Seguridad para que se investiguen «las operaciones mercenarias» que vinculan a EE.UU. y Colombia— denunció que los mercenarios colombianos formarían parte de una red de crímen transnacional narcoparamilitar, que presuntamente cuenta con el apoyo del Estado colombiano y «su aparato de propaganda» para lavar sus actos criminales.
«Se trata una operación de desinformación en desarrollo contra Haití», dijo Moncada, quien aseguró que el Gobierno de Colombia y los medios de comunicación en ese país buscan «imponer la narrativa» de que los mercenarios son «héroes» y «caballeros militares», que «supuestamente fueron engañados por haitianos corruptos«. Para el diplomático venezolano, esta versión es «una segunda agresión contra Haití».
Al respecto, Tanus coincide: «El Gobierno de Colombia salió muy rápidamente a pretender organizar el proceso de investigación de los hechos en Haití e intentó producir un manto que le permitiera desviar la atención y encubrir lo que está ocurriendo». Según el activista colombiano, las empresas de mercenarios también están asociadas «con actores políticos gubernamentales actuales», y guardan una «estrecha relación» con actores económicos de EE.UU, Israel y Reino Unido.
Por ejemplo, comenta, a esos países seles hace «muy rentable» contratar a exmilitares colombianos, cuestión que queda en evidencia con los «graves antecedentes» de su participación en los conflictos en Irak, Siria, Afganistán o Yemen. «Marta Lucía Ramírez y otros funcionarios están ligados y comprometidos con el segundo producto de mayor exportación que tiene Colombia, el paramilitarismo, que se ha convertido en mercenarismo internacional», denuncia Tanus.
Para él, es evidente que la rapidez con la que ha reaccionado Colombia tras el escándalo por el magnicidio, ha sido porque buscan «darle otro rumbo a la historia para que no se indague el origen de la expresión mercenaria y la exportación del paramilitarismo, que genera más de 50.000 millones de pesos [unos 13.000 millones de dólares] anuales, que solo supera el narcotráfico de cocaína».
Mientras se desarrollan los hechos, el discurso de Colombia y de algunos medios de comunicación en ese país sigue orientado a tratar como víctimas a los mercenarios, que en la víspera admitieron su responsabilidad en el magnicidio a través de unos audios que difundió de manera inédita Noticias Caracol.
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