La violencia armada en Colombia no para. Se suponía que tras ser firmado el Acuerdo de Paz en el país, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano, para entonces en mano del expresidente Juan Manuel Santos, el país progresaría a favor de la paz. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario y tras la asunción del uribista Iván Duque, los hechos violentos se han multiplicado.
Lo primero que hizo Duque fue romper los acuerdos establecidos en el tratado de paz y esto alentó al retorno de la lucha armada de una facción de las FARC-EP y el recrudecimiento de la violencia, enquistada en el país por más de 70 años. Esto ha provocado que el país suramericano se vea afectado, sobre todo, la población más vulnerable, incluidos los exguerrilleros y los luchadores sociales, entre los que se encuentra población afro e indígena.
Después de cumplirse cinco años de la firma del Acuerdo de paz entre el desaparecido grupo guerrillero y el Estado, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas presenta uno de sus informes trimestrales, como se estableció de común acuerdo con el Gobierno de Colombia. Este análisis de las condiciones de los excombatientes abarca el período comprendido entre el 29 de diciembre de 2020 y el 26 de marzo de 2021, explica un reportaje de RT, escrito por Nathali Gómez.
Entre sus conclusiones, que serán presentadas este miércoles por el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, se destaca la resistencia de los colombianos, «que aún esperan que se haga realidad la promesa de la paz». En opinión de Massieu, «es imposible exagerar la urgencia de frenar la violencia contra excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos».
A pesar de que el jefe de la Misión expresa que está al tanto de las medidas tomadas por los cuerpos de seguridad para garantizar la integridad física de los excombatientes y líderes sociales, le preocupa «gravemente que se sigan cometiendo estos atroces crímenes contra colombianos».
El organismo reitera su petición a «todas las entidades del Estado a que se movilicen decididamente para mejorar la prevención, la protección y la respuesta a estas amenazas». «Para hacer realidad la promesa de una paz duradera es necesario consolidar una presencia integrada del Estado en todo el país», dice Massieu.
¿Cuáles son los puntos pendientes en Colombia?
En 2020, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia propuso cinco prioridades para la implementación integral del Acuerdo de paz, establecido por el Gobierno colombiano y las FARC-EP, en 2016. Los puntos cuyo avance se revisarán en este informe son:
- Asegurar la protección y la seguridad de los excombatientes, de los líderes sociales y de las comunidades afectadas por el conflicto.
- Asegurar la sostenibilidad del proceso de reincorporación.
- Consolidar la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto.
- Fortalecer el diálogo constructivo entre las partes.
- Fortalecer las condiciones para la reconciliación.
Sobre el primer punto, el organismo internacional informa que en estos tres meses fueron asesinados 14 excombatientes, lo que suma un total de 262 desde el firma del Acuerdo de paz. Además, han registrado 59 intentos de homicidio y 21 desapariciones.
En el texto se afirma que los exguerrilleros «siguen teniendo que trasladarse por motivos de seguridad» debido a la presencia de grupos armados enfrentados por el control territorial, los cultivos ilícitos y las actividades ligadas con el narcotráfico.
Sobre la situación que ha generado la violencia, la ONU recuerda que el febrero pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz expresó su preocupación por la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y local para proteger a excombatientes.
Al respecto, la Justicia colombiana ha presentado sus cifras sobre la resolución de los casos. La Fiscalía ha reportado 35 condenas, 25 casos en etapa de juicio, 42 en fase de investigación y 47 en que se han dictado órdenes de captura.
Además, hay 275 órdenes de captura contra personas vinculadas presuntamente con estos atentados, incluidas 56 contra los presuntos autores intelectuales, de los que se ha detenido a 17.
Sobre las garantías para los excombatientes, la ONU explica que si bien hay unidades del Ejército y de la Policía en las zonas donde se encuentran los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación de firmantes del Acuerdo de paz, en las afueras «la seguridad sigue siendo un desafío«.
Por ello, la misión de organismo multilateral se encuentra en conversaciones con el Ministerio de Defensa y la Policía para determinar los posibles riesgos para la integridad de los excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación.
Entre los asesinatos de exguerrilleros, varios han ocurrido en las cercanías o dentro de los propios espacios contemplados para que vivan y desarrollen sus actividades productivas. El más reciente hecho de violencia se registró a principios de este año cuando Gyovany Claro, conocido como Gerson Piñeros, murió durante un tiroteo registrado en el municipio de Tibú, en el departamento del Norte de Santander.
Líderes sociales de Colombia: otro tema pendiente
El asesinato de los líderes sociales se ha vuelto una constante en Colombia. Con regularidad, los grupos de defensa de los derechos humanos y las comunidades afectadas denuncian el homicidio de algún luchador comunitario por parte de desconocidos pertenecientes a grupos armados ilegales en disputa.
Las cifras que maneja la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) es de 24 asesinatos en el último trimestre, de los cuales siete eran líderes indígenas.
Los departamentos con mayor número de casos son Cesar, Nariño y Valle del Cauca. Además, se documentaron diez asesinatos a gran escala y doce se encuentran en proceso de verificación.
La ausencia del Estado colombiano en las zonas de mayor conflicto también ha sido alertada por defensores de los derechos humanos, políticos y víctimas de las acciones violentas de las organizaciones armadas en disputa.
Para la ONU, «la concentración de la violencia en algunas regiones es el resultado de una presencia limitada del Estado», de los «elevados niveles de pobreza» y de «la proliferación de grupos armados ilegales y organizaciones criminales».
Desde la firma del Acuerdo final, la violencia contra excombatientes y líderes sociales se ha concentrado principalmente en 25 municipios de los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Otro dato que recoge la ONU es que la mayoría de los asesinatos de excombatientes ocurrieron en zonas rurales. Allí hay sitios de difícil acceso para los cuerpos de seguridad (o de connivencia con los grupos delictivos) donde se encuentran los cultivos ilícitos de coca y amapola y los laboratorios para su procesamiento.
Según la misión del organismo internacional en Colombia, las tres cuartas partes de los homicidios de excombatientes registrados desde la firma del Acuerdo ocurrieron en zonas rurales, y un poco más de la mitad tuvieron lugar en los 25 municipios mencionados, que albergan 10 de los 24 antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, así como nuevas áreas de reincorporación.
Proceso de reincorporación
En el informe se explica que como parte de los compromisos entre el Gobierno de Iván Duque y los excombatientes, tras la marcha por la vida y la paz, en noviembre de 2020, el 10 de marzo de este año se realizó la primera de las siete sesiones regionales del Consejo Nacional, donde se aprobó un plan de trabajo para los departamentos de Arauca, Guaviare y Meta.
Los excombatientes y las autoridades locales han destacado la importancia de la participación constante de actores a todos los niveles y de las garantías de seguridad para ellos.
Para la misión de verificación, «sigue siendo prioritario asegurar la sostenibilidad del proceso de reincorporación» y resulta «esencial garantizar el acceso de los excombatientes a medios de vida«.
En el documento se destaca que «el acceso a la tierra es fundamental» para la sostenibilidad de los proyectos productivos de los excombatientes. Sin embargo, es precisamente en estas zonas donde los grupos armados están en conflicto por el control de los negocios ilícitos.
En cuanto a la necesidad de acercamiento entre las partes, para consolidar el Acuerdo de paz, el organismo afirma que cuando se cumplen cinco años de su implementación, «el diálogo a nivel político y técnico es esencial para superar conjuntamente los desafíos».
Del mismo modo, en diciembre pasado las partes acordaron prorrogar hasta enero de 2022 el mandato de la Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del Acuerdo Final compuesta por las partes.
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