A más de dos semanas de manifestaciones masivas en Colombia, el «espacio» de diálogo propuesto por el presidente Iván Duque aún no ha podido instalarse. Las conversaciones entre ambos sectores no ha logrado su cometido. La respuesta de Duque fue más represión y por el lado del Comité de Paro, la apuesta es a continuar las masivas protestas.
Los convocantes del Comité Nacional de Paro han presentado un pliego de peticiones, que será sometido a la evaluación del Ejecutivo, cuya vocería mantiene el levantamiento de los bloqueos de vía como una exigencia para sentarse a conversar.
Sin embargo, la situación parece lejos de iniciar un proceso de desescalada, indica un reportaje de RT. La muerte de una persona la madrugada de este lunes, en la localidad de Yumbo, en Valle del Cauca, así como las crecientes denuncias de presuntos abusos sexuales de las fuerzas de orden público en contra de los manifestantes, no han hecho más que avivar los llamados a la protesta. El próximo 19 de mayo hay otra convocatoria masiva.
Ya hay analistas que empiezan a notar señales de que la coyuntura empieza a sobrepasar a la gestión de Duque y hasta su propio partido, el conservador Centro Democrático, ha tomado distancia de las posturas del mandatario. ¿Y ahora qué?
Colombia: entre los bloqueos y la violencia policial
Duque, que en poco más de dos semanas ha tenido que echar para atrás su reforma tributaria y perdido a dos ministros (el extitular Hacienda Alberto Carrasquilla y la excanciller Claudia Blum), sigue empeñado en solicitar el levantamiento de los bloqueos viales en las ciudades para sentarse a negociar. La razón de esa petición es que la obstrucción de vías genera un efecto que se evidencia en anaqueles vacíos, fallas en el abastecimiento de rubros de primera necesidad y la constatación del poder que tienen los convocantes para presionar con acciones de fuerza.
«Tenemos todos la capacidad de actuar y decir ‘sí a la posibilidad de construir acuerdos, claro que sí’, pero no con la vía de hecho, no con la amenaza, no con la afectación de los derechos de toda una nación«, dijo Duque la noche del domingo, en una reunión con los gobernadores del Eje Cafetero y Valle, ya que no asistió al encuentro con el Comité de Paro. Luego el lunes en la noche, recalcó que enviaría más tropas a Cali, ciudad considerada como el epicentro de las protestas, para desbloquear las vías, una medida rechazada por el Comité de Paro.
Duque considera que los bloqueos solo han mantenido a la sociedad «secuestrada», a pesar de que la Defensoría ha acordado abrir «corredores humanitarios» con los manifestantes para permitir el paso de alimentos, medicinas y rubros de primera necesidad. Para el mandatario colombiano, «legitimar» la implantación de estas medidas en medio de la protesta es «relativizar» los derechos de la población.
Por otro lado, las denuncias de los manifestantes por los excesos de la fuerza pública también ponen a Duque contra las cuerdas. Aunque la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia acompañan los espacios de diálogo, que no terminan de arrancar, organizaciones de derechos humanos han alzado su voz para visibilizar el nivel de violencia con el que actúan los agentes: más de 40 muertes, cientos de heridos, decenas de denuncias de presunto abuso sexual y más de 500 personas desaparecidas son la evidencia más palpable.
Brutalidad policial
La ONG Temblores, una de las más activas para documentar los actos de brutalidad de la fuerza pública y las denuncias de los manifestantes, insiste en asegurar que hay un «incremento en la violencia policial» que no solo requiere acciones puntuales, sino una reforma estructural en las instituciones de orden público.
Según esa organización, la razón de estos excesos que se evidencian en las protestas está en «haberle entregado a la policía el poder absoluto sobre el espacio público para el control del virus».
«Lo advertimos desde el año pasado cuando reportamos que los comparendos por ‘agresión a la autoridad’ se incrementaron en un 500%. (Pasamos de tener alrededor de 200.000 en 2019 a tener 1.200.000 en 2020)», detallan.
Otro de los aspectos que está puesto sobre la mesa por parte de los convocantes del paro es el cese de la violencia «paraestatal», una práctica que se ha evidenciado con la irrupción de civiles armados que atacan o amenazan a los manifestantes, con la complacencia o inacción de los uniformados.
¿Qué pasa con Duque y Colombia?
El mandatario colombiano, que llegó a la presidencia como delfín político del expresidente Álvaro Uribe, afronta estas jornadas de protestas con una popularidad golpeada por sus decisiones políticas y la deficiente gestión durante la pandemia, que ha generado más de 3 millones de nuevos pobres en un país que empieza a hacerle frente a los problemas postergados por el conflicto armado.
Sin embargo, la cercanía de las elecciones de 2022 podría poner en jaque el apoyo del que goza. Analistas citados por medios locales consideran que los aliados políticos de Duque han empezado a dejar en claro algunas divergencias, previendo que cualquier sea el resultado de las negociaciones, el Centro Democrático quede lo menos afectado posible.
De momento, el mandatario sigue sin condenar abiertamente los excesos policiales y mantiene la línea de estigmatizar a los manifestantes, a los que ha acusado de tener vínculos con las disidencias de las FARC, el ELN y hasta con los posibles presidenciables de la izquierda, por lo que el Comité de Paro ha hecho un nuevo llamado a la movilización masiva para este miércoles.
A pesar de haber asistido a la primera reunión con el Gobierno, con un único punto que exige el cese de la «violencia estatal y paraestatal», el Comité insiste en mantener la protesta en las calles, con las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín, Popayán y Pereira como principales epicentros.
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