El sistema judicial de Colombia está en medio de un controvertido caso que ha puesto en el centro de la polémica a un empresario y político de la región costera de Santa Marta, que habría provocado la muerte de 6 personas tras atropellarlas con su auto.
A más de una semana de haberse registrado el hecho, el caso mantiene en vilo a la sociedad colombiana porque el proceso judicial implica a Enrique Rafael Vives Caballero, un importante empresario y político de la zona.
El arrollamiento ocurrió en la madrugada del pasado 13 de septiembre, cuando Vives Caballero embistió con su camioneta a un grupo de 7 personas, entre ellas varios adolescentes, que al parecer caminaban dentro del canal izquierdo de la Troncal Caribe de Colombia, una arteria vial ubicada en el sector de Gaira de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, al norte del país.
El atropellamiento múltiple provocó la muerte de Camila Romero (18 años), Leonir Romero (17), Juan Diego Alzate (15), Laura de Lima (18), María Camila Martínez (24) y Rafaela Petit, una ciudadana de nacionalidad venezolana y de 30 años de edad. El único sobreviviente del hecho fue Bryan José Áñez (14), quien estuvo varios días en coma herido de gravedad.
Horas después del hecho, la policía local detuvo a Vives Caballero y determinó que tenía más de 2 grados de alcohol en la sangre. La audiencia de imputación de cargos se fijó para el miércoles 15 de septiembre, mismo día en que el empresario fue ingresado a una clínica por un «shock postraumático», argumento utilizado por su defensa para ausentarse de los tribunales.
Ante la situación, los familiares de las víctimas pidieron que se diera a conocer el parte médico sobre el estado de salud de Vives, temerosos de una maniobra dilatoria por parte de la defensa del acusado. De hecho, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, dijo que la hospitalización del empresario era un pretexto para eludir la justicia.
«Estado de inconsciencia»
Vives Caballero, de 40 años de edad, es reseñado como un reconocido empresario y político regional que, en 2015, fue candidato al concejo de Santa Marta por el movimiento ‘Otra Santa Marta es posible’, según refiere El Espectador. Además, es uno de los propietarios de la compañíaBananitas S.A.S., dedicada al sector alimentos.
El comandante de la Policía de Santa Marta, Jesús de los Reyes, dijo tras su captura que el empresario tenía antecedentes judiciales pendientes y uno de ellos era por exceso de velocidad.
La semana pasada, la defensa de Vives alegó que el empresario se mantenía en un «estado de inconsciencia» que le imposibilitaba comparecer ante la justicia, pero Medicina Legal se dirigió hasta la clínica donde el presunto responsable encontraba hospitalizado, y confirmó que no solo podía ir a tribunales, sino que incluso debía estar recluido de manera preventiva.
Así, el viernes de la semana pasada, la Fiscalía lo imputó por homicidio con dolo eventual. Vives no aceptó su responsabilidad, se declaró inocente y aseguró que no le estaba «huyendo a la justicia».
El empresario fue imputado, tras determinarse que su estado de embriaguez y la alta velocidad a la que conducía elevaron el riesgo del accidente y limitaron su reacción para maniobrar, desviar el vehículo y evitar el arrollamiento. La Fiscalía pidió que se le impusiera la pena máxima «por haber cometido el mismo delito seis veces», una sentencia que podría significar más de 37 años de prisión.
Procuraduría de Colombia investiga policías
Según el medio El Tiempo de Colombia, la defensa ofreció una indemnización de 4.000 millones de pesos (más de 1 millón de dólares), por medio del seguro de todo riesgo del vehículo, a cambio de que los familiares de las víctimas desestimaran los cargos por el arrollamiento.
La propuesta fue rechazada y el abogado de las víctimas pidió el embargo de los bienes del empresario para garantizar la reparación económica de las familias, así como otros 350 millones de pesos (90.000 dólares) requeridos por los afectados.
Acto seguido, el abogado de Vives señaló a las víctimas como responsables del hecho, por «invadir» la vía y poner en riesgo su vida y la de los conductores. Recurrió a «testigos presenciales» que dijeron que los arrollados estaban dentro de la carretera, que el empresario intentó frenar para evitar el impacto y que se habría bajado para ayudar a los jóvenes, pero que los habitantes del sector no lo dejaron.
En medio del proceso —adelantado el fin de semana— la Procuraduría General de Colombia, abrió una investigación «preliminar» contra los efectivos de la Policía Metropolitana de Santa Marta que detuvieron a Vives. Según RCN Radio, las indagaciones serían para «establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas a supuestas irregularidades en el procedimiento».
De momento, la justicia decidió que Vives debe permanecer en la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, al determinar que «representa un peligro para la sociedad» y que, en libertad, «puede afectar la administración de justicia», pues ya ha intentado evadir la justicia por supuestos problemas de salud. Su defensa apeló la medida y pide que el juicio se resuelva en libertad.
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