Después de los reveses que han tenido las propuestas legislativas del mandatario de Colombia, Iván Duque, en los últimos meses, un nuevo proyecto legislativo presidencial generó rechazo inmediato, sin que aún haya detalles al respecto. Se trata de la ‘ley antivandalismo’, que ya es considerada por la oposición como un mecanismo para criminalizar y restringir la protesta.
El presidente colombiano pidió al Congreso que en su próxima legislatura, que comienza el 20 de julio, se debata sobre una «moderna ley antivandalismo y antidisturbios», cuando se cumplen dos meses del inicio de las manifestaciones antigubernamentales que han estado signadas por denuncias de violación de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, explica Nathali Gómez en un reportaje para RT.
Durante el acto de ascenso del director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas Valencia, en la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, Duque pidió «rechazar con claridad la violencia y el vandalismo«. Días atrás, la promoción de Vargas Valencia se aprobó en el Senado con 66 votos a favor y dos en contra debido a que la oposición se retiró de la sesión por considerar que el funcionario era responsable de los excesos cometidos por la Fuerza Pública.
¿Qué se sabe sobre la propuesta?
Durante su discurso, el mandatario de Colombia pidió tener «una discusión clara, participativa, deliberativa» sobre la diferencia entre una protesta pacífica y una con actos vandálicos. Además, se refirió al ‘Proyecto de Ley de Estatuto Disciplinario Policial’, que también presentará ante el Parlamento el próximo 20 de julio, y que ha sido tildado por sus opositores como un «cambio cosmético» tardío ante el reclamo no atendido de la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuya actuación para contener las movilizaciones ha sido fuertemente cuestionada por organismos nacionales e internacionales.
«Es muy importante diferenciar qué es una expresión pacífica y qué es vandalismo y terrorismo urbano de baja intensidad«, dijo Duque, y pidió enfrentar estas prácticas que «violentan derechos» con «toda la capacidad institucional, el imperio de la ley y el apego a los derechos humanos».
Duque pidió «rechazar la estigmatización» y afirmó que «la gran mayoría de protestas son pacíficas», por lo que quien ejerza el derecho a manifestar no puede ser llamado vándalo. «Debe sentirse protegido en un Estado democrático», agregó. Sin embargo, distintos colectivos sociales que participan en las movilizaciones han denunciado agresiones por parte de autoridades y grupos civiles armados, incluso contra personas ajenas a las actividades de calle.
«A quienes destruyen infraestructura, el transporte púbico, pretenden secuestrar buses y obstruir el paso, se les llama delincuentes y se les enfrenta como son», dijo. Del mismo modo, aseveró que «quienes posan desde tribunas morales y posiciones públicas» para insultar «a quienes le sirven a la patria» deben ser investigados y sancionados, lo que pareciera abrir la puerta para acciones en contra de quienes denuncian los excesos de los cuerpos de seguridad.
Si bien Duque ha dejado esta propuesta de ley sobre la mesa, según las cifras oficiales los hechos de violencia en las manifestaciones han sido minoritarios. El registro del Ministerio de Defensa, del que depende la Policía, da cuenta de que solo hubo disturbios en 1.527 de las 13.433 actividades de calle, lo que significa que 11.906 fueron pacíficas, por lo que solo hubo alteraciones del orden público en el 12,8 % de las movilizaciones.
Por su parte, quienes participan en las protestas han reiterado que cuando no ha habido actuación del Esmad no ha habido incidentes violentos, por lo que una de las exigencias para sentarse a dialogar del Comité de Paro, principal coordinador de las manifestaciones, era su retiro de las zonas de manifestaciones.
Las reacciones en Colombia
Aunque el nuevo periodo legislativo comienza el 20 de julio, los congresistas opositores ya repudiaron el planteamiento de Duque.
Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo, compartió en sus redes un corto video donde afirma que el Gobierno sabe que en el Código Penal hay suficientes disposiciones contra los disturbios y el vandalismo y que su objetivo es «crear una norma mediante la cual se censure, se recorte e incluso se prohíba la legítima movilización social de manera pacífica».
En su opinión, el Ejecutivo de Colombia «sabe que por las vías de la violencia no ha logrado acabar con la justa indignación» y que la iniciativa debería ser el diálogo, que el Comité de Paro suspendió de forma unilateral debido a que consideró que sus exigencias para sentarse a negociar no fueron atendidas.
Sergio Marín, represente de la Cámara por el partido Comunes, surgido tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aseguró en su cuenta de Twitter que el mandatario «busca reprimir derechos constitucionales fundamentales como el de la protesta» con la finalidad de «blindar legalmente la represión violenta contra los jóvenes».
En la misma línea se expresó María José Pizarro Rodríguez, representante a la Cámara por la coalición opositora Decentes, quien tachó de «abiertamente ilegal» la propuesta presidencial y agregó que «insistir en la militarización y criminalización de la protesta social solo muestra incapacidad y falta de visión».
Te puede interesar…
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
