El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que su política está «totalmente alineada» a la «nueva estrategia» antidrogas anunciada recientemente por EE.UU., que ha significado un cambio discursivo del abordaje tradicional del tema por parte de Washington, y que pide a Bogotá el reforzamiento de la presencia estatal preventiva en las zonas rurales y de los acuerdos de paz.
Sin embargo, la solicitud de EE.UU., con la que Colombia muestra su acuerdo total, pareciera chocar con lo que reflejan los medios cuando reseñan hechos de sangre en el país suramericano. Es común encontrarse con declaraciones de grupos de defensa de los derechos humanos, cuyas denuncias suelen tener tres factores en común: la ausencia institucional en las zonas más apartadas y vulnerables donde han ocurrido asesinatos de líderes sociales, de excombatientes y masacres; incumplimiento de lo establecido por el Gobierno en los acuerdos de paz y la respuesta armada del Estado como única vía para resolver el conflicto.
Además del tema del narcotráfico, la Administración de Joe Biden, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, que estuvo recientemente en territorio colombiano, se ha referido a la necesidad de «rendición de cuentas» sobre los abusos de los derechos humanos cometidos allí, explica un reportaje de Nathali Gómez para RT.
Este requerimiento desde la Casa Blanca también pende sobre el Gobierno de Duque, que ha sido señalado por entes internacionales –como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– de permitir el «uso excesivo de la fuerza» por parte de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales de este año, que se saldaron con alrededor de 80 fallecidos, según la ONG Indepaz (la Fiscalía recoge solo 20 muertos).
¿Qué responde Colombia?
El lunes pasado, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) dio a conocer la nueva «estrategia holística antinarcóticos» entre EE.UU. y Colombia. Tras la publicación de un comunicado donde establecían las tres líneas gruesas del trabajo conjunto, que se centra en la «reducción de la oferta de drogas», la «seguridad y desarrollo rural integral» y la «protección ambiental», el mandatario colombiano afirmó que los abordajes al respecto hechos por Bogotá y Washington estaban «totalmente alineados».
En unas breves declaraciones a los medios, Duque se refirió a la erradicación y sustitución de cultivos y al uso de «mecanismos de precisión donde corresponda», que podría relacionarse con la polémica aspersión con glifosato para erradicar la coca, que en 2020 alcanzó la cifra récord de 245.000 hectáreas sembradas y 1.010 toneladas métricas, según la propia ONDCP.
El mandatario también hizo referencia a la ‘Ruta Futuro’, una política gubernamental para enfrentar el «problema de las drogas» que va desde el consumo hasta la elaboración y la distribución, y dijo que gracias a esta hantenido «las mayores incautaciones de droga en el país»,que superanlas 500 toneladas junto con destrucción de laboratorios».
¿Qué es el «enfoque holístico»?
Distintos medios se han referido a un cambio de abordaje de la política antinarcóticos estadounidense en territorio colombiano, casi un año después de que una comisión de la Cámara de Representas catalogara de «fracaso» el ‘Plan Colombia’, una medida de EE.UU. para controlar la producción y el tráfico de drogas, tras 20 años de acciones infructuosas que le han costado a ese país unos 11.600 millones de dólares.
En esta «nueva estrategia» de la ONDCP, hay un «enfoque holístico que reconoce la importancia de la seguridad, la justicia, el desarrollo económico y la protección ambiental», según la directora interina de Política Nacional de Control de Drogas, Regina LaBelle.
Sus tres líneas transversales son:
- Reducción de la oferta y la demanda de drogas, a través de la erradicación, destrucción de laboratorios, esfuerzos contra el lavado de dinero y enjuiciamiento de los narcotraficantes.
- Seguridad y desarrollo rural integral, que incluye la implementación del Acuerdo de Paz, inversión en desarrollo rural, seguridad ciudadana y acceso a la justicia, protección de los líderes sociales y ampliar la formalización de la tierra, entre otros.
- Protección ambiental, lo que contempla monitorear y contrarrestar los delitos ambientales que sostienen a los narcotraficantes, «la negación de un santuario para los grupos armados ilegales» y un «sólido elemento de vigilancia y patrulla de seguridad».
Las peticiones de Blinken
Lo planteado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas ya había sido delineado la semana pasada por Blinken durante su primera visita como secretario de Estado de EE.UU. a Colombia, país al que Biden considera uno sus aliados más importantes en la región para «hacerle frente» a los «múltiples retos» que «enfrentan» las democracias dentro y fuera del hemisferio.
A grandes rasgos, Blinken se refirió a temas que han estado entre los reclamos de varias organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, que han afirmado reiteradamente que no han tenido eco en el Gobierno de Duque. Una constante en sus demandas es el cumplimiento de los acuerdos de paz establecidos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que consideran como piedra angular del actual conflicto entre grupos armados por el control territorial y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales.
Blinken pidió «atacar las raíces del narcotráfico» como «la inequidad, la corrupción, la impunidad» para «invertir en la prevención y la recuperación de quienes están luchando contra la adicción». Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, después de Brasil.
El espinoso tema de los derechos humanos en Colombia
Para el jefe de las Relaciones Exteriores de EE.UU., el «nuevo enfoque» no solo pasa por mantener la «cooperación y reforzar el cumplimiento de la ley para reducir la violencia», sino en tener «los derechos humanos como núcleo».
Al referirse a «la rendición de cuentas» de los derechos humanos, mencionó las «violaciones y abusos» cometidos durante el conflicto, «en respuesta a las protestas a principios de este año» y contra defensores de los derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales.
Sobre los derechos humanos y las protestas ya hubo controversia entre Duque y la CIDH debido a que el mandatario afirmó que «nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad» en correspondencia con los señalamientos del Gobierno que apuntaban hacia deslegitimar las protestas porque en ellas se cometían «actos vandálicos y terroristas» y bloqueos de las vías.
En su diálogo con Blinken, Duque insistió en que su Administración tiene una política de «tolerancia cero» con cualquier tipo de violación y con el «vandalismo, los ataques a la Fuerza Pública y cualquier agresión a la institucionalidad».
A pesar de estas peticiones de Blinken sobre los derechos humanos de los manifestantes durante las movilizaciones, en su oportunidad la respuesta de Washington no fue inmediata, como sucede cuando ocurren protestas en otros países de la región, y fue tildada de tibia por sectores del Congreso que pedían acciones contundentes contra el Gobierno colombiano.
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