Desde que el pasado 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional en Colombia, se han registrado 3.155 casos de violencia policial en las protestas multitudinarias que han generado una grave crisis política para el Gobierno del presidente Iván Duque.
Así lo reporta Temblores, una organización de derechos humanos que ha concentrado las denuncias que no cesan, en vista de que las fuerzas de seguridad del país sudamericano siguen reprimiendo a los manifestantes que salen a diario a las calles para exigir un cambio rotundo de sistema político, explica un despacho de RT.
De acuerdo con los reportes, a casi un mes del inicio del Paro, 955 personas han sido víctimas de violencia física, 22 de violencia sexual y cinco de violencia basada en su género.
Un dato a destacar es que, al igual que ocurrió en las protestas de Chile en 2019, en Colombia hay denuncias de que los policías están disparando directo a los ojos de los manifestantes. Hasta ahora se han confirmado 46 agresiones oculares, según las ONG.
También se denuncian 43 homicidios, presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de Seguridad, 1.388 detenciones arbitrarias, 595 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas y 165 casos de disparos de arma de fuego.
Más desaparecidos en Colombia durante las protestas
La cifra de fallecidos que informa la organización de derechos humanos coincide con la que la Fiscalía General de la Nación publicó en su último reporte, emitido el pasado lunes. Sin embargo, la institución oficial asegura que de los 43 fallecidos, solo 17 «tienen nexo directo en el marco de las protestas», 19 «no guardan vínculo con las manifestaciones» y las siete restantes están en proceso de verificación.
La Fiscalía también informa sobre el hallazgo de 290 personas que habían sido reportadas como desaparecidas y continúa la búsqueda de otras 129.
Asimismo, según cifras de esta institución, han sido imputadas 203 personas durante las protestas, por delitos como «homicidio, violencia contra servidor público, daño a bien ajeno, obstrucción a vía pública», entre otros.
En su informe, Temblores advirtió que, a pesar de las múltiples alarmas encendidas por parte de medios de comunicación, movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, la represión y violencia policial son persistentes.
«Teniendo en cuenta el aumento de denuncias asociadas a violencia policial recibidas en los últimos días, así como de prácticas irregulares por parte de la Fuerza Pública que hemos venido documentando y comunicando desde las últimas semanas, manifestamos nuestra preocupación y desacuerdo ante la decisión del gobierno de dilatar la visita de verificación de la CIDH en Colombia», señaló Temblores.
Crisis de derechos humanos
El argumento de la canciller Marta Lucía Ramírez para postergar esta visita de la CIDH es que las dependencias de control nacionales deben concluir las investigaciones de lo ocurrido en las protestas, antes de recibir a cualquier organismo internacional.
Sin embargo, Temblores y otros colectivos consideran que, por la urgencia de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país, el arribo de la CIDH debería realizarse de manera paralela a la gestión de las entidades colombianas.
«La visita de la CIDH no representa una amenaza para la gestión de los mecanismos de control. Más bien, por el contrario, esta resultaría un apoyo y una manera de garantizar que dichas investigaciones se realicen bajo el cumplimiento de parámetros internacionales de respeto a los derechos humanos», explican las organizaciones.
Mientras se debate la llegada de misiones internacionales, las protestas se replican a diario en todo el país, ya sea con preámbulos musicales o performances para recordar a las víctimas de esta histórica etapa de movilizaciones en Colombia.
También ya comenzaron a llevarse a cabo las primeras muestras de repudio a los bloqueos de carreteras, que se han convertido en una de las principales actividades de los promotores del paro.
La víspera, por ejemplo, en Cali se realizó una Marcha del Silencio en la que una multitud vestida con ropa blanca apostó por el diálogo y por la apertura de los caminos que han entorpecido todas las actividades económicas.
El rechazo a esta forma de protesta ya quedó en evidencia en una encuesta de la consultora Invamer Poll, publicada en el sitio La silla vacía, y en el que el 60 % de las personas encuestadas se mostró en contra de los bloqueos, en tanto que el 98 % avaló las manifestaciones pacíficas.
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