En materia de concesiones, los gobiernos de Puebla han tenido experiencias de lo más variado.
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La actual administración se apresta a concesionar los estadios Cuauhtémoc y Hermanos Serdán, así como la nueva central de autobuses, la Estrella de Puebla y el Parque Lineal para una nueva aventura en este terreno.
Los gobiernos anteriores también echaron mano de esta figura que ahorra costos de operación y mantenimiento y además permite obtener contraprestaciones, aunque algunas de esas experiencias han sido polémicas y no ha quedado del todo claro qué tanto beneficio dejaron al estado.
Gobiernos usan la figura del comodato
La concesión no es la única vía por la cual el Estado puede ceder los derechos de un inmueble a un particular sin perder la propiedad de aquél, ya que también existe la figura de comodato.
El comodato suele entregarse a título oneroso, es decir, sin recibir una contraprestación de por medio, por lo que comúnmente se recurre a él con fines de beneficencia social.
El gobierno estatal ha dado en comodato diversos bienes, como vehículos y edificios para ayuntamientos e instituciones, patrullas para policías municipales e incluso inmuebles para aprovechamiento de particulares.
En su momento, el exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta criticó y revocó el comodato del Patio de los Azulejos, ubicado en la 11 Poniente 110, ya que el exgobernador Antonio Gali Fayad lo entregó a la asociación FIRA Barcelona, organizadora del evento Smart City Latam Congress.
Durante su mandato, Barbosa Huerta también entregó en comodato un inmueble a un particular con fines lucrativos. Se trata de la plaza de toros “El Relicario”, cuya operación y aprovechamiento fueron cedidos a título oneroso al líder sindicalista Pedro Haces Barba, a través de su agrupación denominada Asociación Mexicana de Tauromaquia.
Concesiones polémicas y vigentes
Entre las concesiones vigentes en Puebla, destaca la del agua potable en la capital, cuya vigencia es de 30 años y se otorgó al consorcio Concesiones Integrales desde 2014.
A través de la marca Agua de Puebla se encarga de la gestión, suministro y cobro del agua potable, drenaje y alcantarillado en la Angelópolis y varias colonias de San Andrés y San Pedro Cholula, Amozoc y Cuautlancingo.
El gobierno del exgobernador Rafael Moreno Valle autorizó la concesión con varias condicionantes que a la fecha no se han cumplido o se cumplieron parcialmente, como una contraprestación de 3 mil millones de pesos de inmediato; una inversión de 5 mil millones de pesos para ampliar la red de agua y drenaje en los primeros 10 años y el 5 por ciento de la recaudación anual por el cobro del servicio.
Organizaciones civiles, legisladores y vecinos han denunciado constantemente presuntos abusos de Agua de Puebla durante una década, por lo que en las campañas electorales diferentes candidatos han ofrecido analizar la revocación de la concesión.
El segundo piso de 12 mil mdp
Otra muy discutida, también avalada por Moreno Valle, fue la del segundo piso de la autopista México-Puebla, obra que costó alrededor de 12 mil millones de pesos aportados por los gobiernos estatal y federal.
La concesión se otorgó a las empresas OHL y Pinfra por un periodo de 30 años, pero desde su inauguración en 2012 la ciudadanía se ha quejado por el elevado costo de peaje, considerando que sólo tiene 15.3 kilómetros de longitud.
En octubre del año pasado, el gobierno de Barbosa Huerta licitó la concesión de 28 centros de verificación vehicular, tras revocar todas las concesiones de los que autorizaron gobiernos panistas por presuntas anomalías y actos de corrupción:
A la fecha ya operan 20 verificentros y el resto están en proceso, con empresas y particulares como concesionarios por un periodo de 20 años.
La operación de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) también fue concesionada por Moreno Valle a la empresa Conduent Solution Mexico, por un periodo de seis años, pero Barbosa Huerta la revocó por presuntas irregularidades y esto llevó a la cárcel a Rodolfo Chávez Escudero, extitular del organismo Carreteras de Cuota Puebla (CCP), encargado de supervisar la operación del sistema.
Posteriormente, se entregó la concesión a la firma Virtual Com Mexico, con una vigencia de cuatro años, así que la concesionaria anterior emprendió un litigio contra el gobierno de Miguel Barbosa y el entonces titular de CCP, Juan Carlos Moreno Valle Abdalá, hoy secretario de la Función Pública.
El transporte público urbano también está concesionado, pero hay cientos de concesionarios agrupados en diversas organizaciones, así como las redes de taxis, aunque todos los días hay quejas ciudadanas en su contra por la deficiente calidad del servicio, el mal estado de las unidades y el mal trato de los conductores.
Concesiones funcionan si se regularizan y vigilan
Al analizar las nuevas concesiones planteadas por el gobernador, legisladores de diferentes partidos coincidieron en que las concesiones pueden ser útiles y fructíferas para el Estado, siempre y cuando se regulen y vigilen adecuadamente.
Y es que luego de la polémica concesión del servicio de agua potable, por las constantes denuncias de abusos por parte de la empresa Concesiones Integrales, existen dudas sobre la viabilidad de avalar más concesiones.
Rafael Micalco Méndez, coordinador parlamentario del PAN, señaló que las concesiones de bienes existentes pueden tener menos riesgos que la de un servicio elemental y universal como el agua, pues el gobierno del estado se ahorra inversión en mantenimiento y gastos de operación.
En entrevista consideró que las concesiones de espacios de esparcimiento como los estadios y la Estrella de Puebla pueden ser exitosas mientras se cumpla la inversión y mantenimiento acordados y el gobierno estatal vigile el correcto aprovechamiento.
Si bien dijo que las concesiones no “son malas” sólo porque sí, enfatizó que su viabilidad depende de que los beneficios que obtenga el Estado, ya que debe ser rentable en términos económicos para que luego no se conviertan en una carga para el erario.
El coordinador de la bancada del PRI, Jorge Estefan Chidiac, aseveró que el proyecto gubernamental parece ambicioso y benéfico para el erario, pues las cláusulas que se impondrán a los concesionarios prevén ingresos para el gobierno por eventos y boletaje.
En entrevista por separado, destacó que las licitaciones darán certeza de que se elegirá a la empresa o particular que garantice el cumplimiento de las obligaciones, como la inversión de mantenimiento y los gastos de operación.
Como presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal lideró el pronunciamiento en el cual los legisladores dieron su aval a dichas concesiones, pues aseguró que la solicitud del mandatario está fundamentada y apegada a la ley.
Por ley, el Congreso del Estado no tenía que aprobar las concesiones, pero el gobernador Salomón Céspedes Peregrina dijo hace unos días que pidió la opinión del Legislativo por institucionalidad y como una medida de transparencia y máxima publicidad.
Las nuevas concesiones en Puebla
En una reunión con legisladores, Jesús Ramírez Díaz, secretario de Administración del estado, detalló que la concesión de los estadios establece la obligación de invertir un mínimo de 2 millones de pesos al año en mantenimiento y mejoras.
Además, se permitirá realizar eventos diferentes a los partidos de fútbol y béisbol, como conciertos, siempre y cuando el gobierno del estado reciba el 20 por ciento del ingreso bruto por cada evento.
Otra condición para conservar la concesión es que las franquicias del Club Puebla y Pericos no se vayan del estado y no desciendan de la primera división de sus respectivas disciplinas.
En el caso de la Estrella de Puebla, el concesionario tendrá la obligación de instalar un restaurante, un carrusel e instalar pantallas donde se transmitirá publicidad gubernamental relativa a acciones de gobierno y programas sociales.
El gobierno del estado recibirá también el ocho por ciento del total de los ingresos por boletaje, y la empresa tendrá que invertir en la reparación de la rueda, que en 2022 Barbosa Huerta estimó en 100 millones de pesos.
Ramírez Díaz explicó que con las concesiones se ahorrarán 30 millones de pesos anuales, ya que el mantenimiento de los estadios cuesta 23 millones y el de la Estrella de Puebla 7 millones, a pesar de que esta no funciona desde marzo de 2020.
Ilustración: Iván Rojas
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