Un duro cuestionamiento a la probidad y transparencia del general Félix Flores Santis, actual jefe de Zona de Carabineros del Maule, realizó la Contraloría General de la República en un informe que verificó la existencia de contratos irregulares por más de 300 millones de pesos, cancelados a la empresa Constructora CGM por recintos policiales que nunca fueron construidos en su totalidad.
El documento, que ya está en manos del ministro del Interior, Jorge Burgos, detalla las fiscalizaciones emprendidas por el órgano contralor a las actuaciones de los funcionarios del Departamento de Cuarteles que entregaron los fondos, personal que dependía directamente del entonces coronel Flores Santis.
“De los hechos observados en la presente investigación especial se colige que el Coronel de Carabineros Sr. Félix Flores Santis, Jefe del Departamento de Cuarteles de la época, y el Coronel Christian Bustos Morgado, Jefe de Sección del Departamento de Cuarteles L1… no ejercieron un control jerárquico permanente de la actuación del personal de su dependencia”, sostuvo la Contraloría en el informe 283/2015 que El Ciudadano tuvo a la vista para esta publicación.
Según el ente, la actuación del hoy general, antiguo jefe de la Guardia de Bachelet, infringió “el artículo 11 de la citada ley 18.575, que indica que ‘las autoridades y jefaturas dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia”.
Las irregularidades tienen que ver con el incumplimiento de cuatro contratos de obras a levantar en la Región de Aysén por la empresa CGM. De acuerdo con lo verificado por Contraloría, funcionarios de Carabineros aprobaron estados de pagos que no tenían consistencia con el avance real de las obras en lo que refiere a los proyectos Retén Villa Ortega, Retén Isla Huar, Tenencia Coyhaique Alto y Retén Lago Castor.
Según declaró el inspector técnico (ITO) Francisco Pizarro, todo era instruido por el comandante Christian Bustos, quien presentó su renuncia a las filas.
Dentro de los antecedentes que la misma institución entregó al Ministerio Público en febrero de 2014, aparece además el nombre del mayor en retiro César Rojas Gaete, involucrado en el caso de la quema de drogas incautadas al hijo de un prefecto de la PDI en 2010.
ESCANDALOSO PERJUICIO FISCAL
En numerosas visitas a terreno efectuadas en el verano de 2015 por Contraloría, se logró constatar que el avance financiero de los contratos era superior al avance físico: en el caso de Coyhaique Alto, se había entregado un avance financiero del 95%, mientras que el físico alcanzaba recién el 55,70%; en Lago Castor, el financiero era de 76,7% y el físico era de 43,40%; y en Isla Huar, el financiero era de 81,3% y el físico era de 66,10%.
Los fiscalizadores concluyeron que el ITO de Carabineros, mandatado por Bustos Morgado, “no realizó un cabal control e inspección de la correcta ejecución de las obras y, en general, no ejerció su función de velar por el cumplimiento de los contratos”.
Así también, se verificó la existencia de una boleta de garantía del Banco Security por un monto de $19.320.000, cuya fecha de vencimiento era el 24 de febrero de 2014, presentada por CGM Limitada con el fin de caucionar la correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento del contrato.
Dicha boleta fue devuelta en septiembre del mismo año al contratista por el teniente Luis Parra Ávila, con la autorización de Bustos Morgado, “sin contar con el acta de recepción definitiva de las obras o un certificado de recepción conforme emitido por la Unidad Técnica”.
Otro punto tiene que ver con la tardanza del acto administrativo que dispuso el término anticipado del contrato por incumplimiento del mismo, el cual demoró 533 días. Aquello, según la Contraloría, “vulneró los principios de eficiencia, eficacia, economía y control que debe aplicar la Administración del Estado en el ejercicio de sus funciones”.
La investigación acaba determinando el total de los pagos realizados por Carabineros en virtud de trabajos que no fueron entregados, cifrando el monto en $365.989.506, con la sumatoria de las partidas de las cuatro obras canceladas a CGM.
El Consejo de Defensa del Estado estaría evaluando iniciar acciones civiles y penales tendientes a recuperar el cuantioso perjuicio fiscal.
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