Contraloría da tirón de orejas a general de Carabineros de Los Ríos por mal uso de recursos fiscales

Verificando más de una irregularidad, la Contraloría General de la República terminó este mes su investigación contra oficiales de la XIV Zona de Carabineros de Los Ríos, abierta a petición del ex cabo Hernán Leiva a inicios de este año, en orden a aclarar el pago improcedente de un dinero para remodelar la casa del general Pedro Larrondo Borsotto y el mal uso de vehículos y alumnos del Grupo de Formación Valdivia.

Según el Informe Final de Investigación Especial Nº 493 de 2016 al que accedió El Ciudadano, la indagatoria evidenció una falta de supervisión de los bienes a cargo de la entidad fiscalizada y un débil control para adoptar medidas oportunas frente a anomalías y actuaciones contrarias a la probidad.

En primer lugar la Contraloría constató, luego de un reconocimiento hecho por la misma institución, que el comandante de la Escuela de Formación Policial con asiento en la ciudad de Valdivia, Richard Gutiérrez Lamilla, efectivamente usó a dos cabos, 15 estudiantes del plantel y un camión fiscal para mover sus muebles de un lugar a otro en el contexto de una mudanza particular.

Como informó El Ciudadano en el mes de junio, este hecho fue inexplicablemente «perdonado» por el mando institucional, sin que Gutiérrez fuera sancionado. Lo anterior podría cambiar tras la intervención de Contraloría, ya que el ente ordenó a Carabineros instruir un proceso disciplinario para establecer responsabilidades en un plazo no mayor a 15 días.

El órgano expresó que «la falta de sanción en el asunto que se objeta, contraviene el artículo 11 de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que previene que es deber de las autoridades y jefaturas… ejercer un control jerárquico permanente de los organismos y actuación del personal de su dependencia, lo que en la especie no ocurrió, por cuanto tales infracciones no se observaron ni representaron en su oportunidad».

Otro asunto que aparece en el documento, y que también salpica al mayor Gutiérrez Lamilla, tiene que ver con la exigencia de dinero a alumnos de la Escuela de Carabineros para gastos ya cubiertos en los descuentos de sus remuneraciones.

Según la propia institución, es efectivo que un sargento cobró un total de $296.000 para reponer «destrozos y pérdidas de diferentes utensilios de menaje de la cocina», pero, más tarde, la orden habría sido anulada por el comandante a cargo del establecimiento.

Analizado el caso, a juicio de la Contraloría resultó improcedente solicitar recursos a estudiantes para reponer los bienes mencionados, «sin perjuicio de la instrucción posterior de restituir los fondos recaudados, debiendo el servicio en lo sucesivo velar por evitar cobros no normados».

Más adelante, el informe centra su mirada en el jefe de zona, Pedro Larrondo, especialmente en los millonarios arreglos que tuvo la vivienda fiscal que habita en calle Bueras Nº 740.

De acuerdo a lo informado por Carabineros, el inmueble fue «remodelado» en el marco de un proyecto de inversión que la misma jefatura zonal diseñó por un monto $11.480.239. Lo irregular de esto es que la licitación, costeada con fondos públicos, contempló mantenciones que el general debía pagar de su propio bolsillo, tales como la pintura exterior de la vivienda, la reparación de la techumbre, el recambio de canaletas, entre otros.

En virtud de aquello la institución deberá, lo antes posible, establecer fundadamente «los gastos que son de cargo del arrendatario y remitir los antecedentes que acrediten las gestiones relacionadas con el descuento por el pago de las mantenciones que realizó Carabineros».

Finalmente, respecto al presunto uso de una lancha institucional para el paseo de dos mujeres ajenas a la institución (acorde a lo denunciado por el ex cabo Hernán Leiva, quien destapó el caso), el ente sólo comprobó que la nave LP-003, entregada en ceremonia oficial por el entonces ministro del Interior Jorge Burgos a Carabineros, fue indebidamente facilitada a Zorka López Franco, cónyuge del general Larrondo.

El servicio argumentó que el uso de la lancha el día 19 de febrero de 2016 por López, quien ejerce como vicepresidenta zonal de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros, se realizó en el cumplimiento de un rol de «comodidad pública». No obstante, la Contraloría discrepó con ello y ordenó evitar que irregularidades de este tipo vuelvan repetirse.