En junio pasado, El Ciudadano publicó un reportaje que revelaba que el registro de aportes recibidos por la Municipalidad de Antofagasta de parte de las empresas mineras SQM y Albemarle, ascendía a $11.457.178.193, entregados entre los años 2018 y 2023, de los cuales $10.937.178.193 correspondían a transferencias realizadas de SQM Salar. Todo lo anterior en el contexto de firma de convenios de aportes entre el municipio y la litrífera.
“SQM se comprometió a aportar de manera anual una suma de dinero cuyo monto dependería de las ventas de los productos elaborados a partir de la salmuera (…) para ser destinados a proyectos de inversión dentro del área de influencia del Salar del Carmen (…) los aportes se entregarán por SQM en el mes de mayo de cada año”, se lee en dicho convenio, el que fue firmado por Gerardo Illanes (SQM Salar S.A), Gonzalo Aguirre (SQM Salar S.A), Pablo Terrazas (vicepresidente ejecutivo de Corfo y ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera), y la ex alcaldesa Karen Rojo, quien en los últimos meses de su gestión -mientras era investigada por fraude al Fisco-, recaudó más de mil millones de pesos.
Pero, la Municipalidad de Antofagasta no ha sido el único municipio que ha recibido millonarios aportes por parte de litríferas, que explotan en el Salar de Atacama.
El pasado 13 de julio, El Ciudadano recibió vía Transparencia la respuesta de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, respecto a los aportes o convenios vigentes entre la comuna y litríferas, en donde señalaron que el “Departamento de Educación Municipal no tiene aportes ni convenio vigente con empresa minera explotadoras de litio del Salar de Atacama”, lo que llama la atención debido a que, según antecedentes revisados previamente por este medio, dicho municipio si recibió aportes por parte de empresas mineras.
Por lo que, se reiteró en el envío de una nueva solicitud de Transparencia para “confirmar” la primera información emitida por la Municipalidad. Como era de esperarse, la respuesta cambió.
El 17 de agosto, este medio recibió un “Informe de Transparencia Pasiva”, realizado por César Díaz, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, el que revela que entre los años 2019 y 2023, el municipio recibió $22.905.248.029 en aportes recibidos por parte de SQM Salar y Albemarle.
Según el desglose de las transferencias de Albemarle -empresa minera estadounidense, explotadora de litio-, realizó tres aportes entre los años 2019 y 2021: $332,252,998 (2019), $344,366,263 (2020) y $354,272,382 (2021); sumándose un total $1.030.891.643. En el caso de SQM Salar, se realizaron cinco transferencias entre el 2019 y 2023: $1.209.673.675 (2019), $1.298.410.621 (2020), $826.889.210 (2021), $2.556.173.616 (2022), y $15.983.209.264 (2023); avaluandose la cifra total de $21.874.356.386.
Además, al revisar la ejecución de los gastos en proyectos municipales, se identifica que sobre el ingreso de SQM Salar de 2020 se han gastado $232.105.324 -de los $1.298.410.621-, del aporte de 2021 se han ejecutado $302.326.866 -de los $826.889.210-, del ingreso de 2022 se han gastado $687.395.998 -del monto total de $2.556.173.616-, y de la transferencia del 2023, aún no se han registrado gastos.
En cuanto a la ejecución de gastos de los aportes recibidos en el año 2019, no se entregó un desglose en qué fueron gastados los $1.209.673.675.
Sobre este convenio de aportes, en el sitio web de CORFO se informó -en noviembre de 2019- que “la Municipalidad de Antofagasta, San Pedro de Atacama y María Elena recibirán aportes anuales hasta el fin del contrato de SQM en 2030. La Municipalidad de Antofagasta, San Pedro de Atacama y María Elena firmaron los convenios que determinan las condiciones para la entrega de recursos de SQM anualmente hasta el término de su contrato con Corfo en el Salar de Atacama, en 2030”.
“El acuerdo contempla que el monto de los aportes es un porcentaje de las ventas de SQM, y corresponde al 0,2% en el caso de San Pedro de Atacama, y 0,1% en Antofagasta y María Elena, respectivamente. En este ejercicio esto equivale a 1.545.494 dólares en el caso de San Pedro de Atacama, y 772.747 dólares en el caso de las otras dos Municipalidades”, se lee en la nota de prensa de CORFO.
Es importante precisar, que este convenio de aportes entre la Municipalidad de San Pedro de Atacama y SQM, se firmó cuando el alcalde de la comuna era Aliro Catur (independiente-UDI).
No obstante, El Ciudadano tuvo acceso a un “Informe de Auditoría Externa”, realizado a la gestión de Catur, el que evidenció que la Municipalidad de San Pedro de Atacama no mantiene una práctica financiera-contable que permita establecer confianza en la razonabilidad de los estados financieros, y el que también reveló que el municipio al cambio de gestión -en junio de 2021-, poseía una deuda de $4.430.165.426.
Respecto a estos aportes recibidos por la Municipalidad de parte de empresas privadas, y cuál es la postura de la Contraloría General de la República, es importante precisar los dictámenes de los años 2010 y 2020, relacionados a esta problemática.
“Los referidos Municipios, deberán arbitrar las medidas que correspondan a fin de abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia, de que se trata, circunstancia que será verificada por este organismo contralor en las futuras fiscalizaciones que se dispongan sobre el particular”, resolvió Contraloría el 5 de marzo de 2010, respecto a las Municipalidades de Cochrane, O’higgins y Aysén.
El 2 de octubre de 2020, Contraloría también dictaminó que “no procede que municipalidades y gobiernos regionales celebren convenios o reciban aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en la calificación ambiental de proyectos o actividades, a menos que se realicen como consecuencia de esa evaluación y en las condiciones que se indican. Se desestima la reconsideración del dictamen N° 7.213, de 2020, y se complementa en la forma que señala”.
Cristián Vargas, abogado, profesor de derecho tributario, y ex subdirector jurídico del SII, sostiene que las empresas mineras no están obligadas a donar dinero a las Municipalidades, por el contrario, como ha dicho la Contraloría General de la República en diversos dictámenes, los Municipios deben abstenerse de suscribir convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas.
-Asunto distinto es que las empresas pueden efectuar gastos o desembolsos en favor de la comunidad y que supongan un beneficio de carácter permanente, tales como gastos asociados a la construcción de obras o infraestructuras de uso comunitario, su equipamiento o mejora, el financiamiento de proyectos educativos o culturales específicos y otros aportes de similar naturaleza. En esos casos, los gastos o desembolsos deben constar en un contrato o convenio suscrito con un órgano de la administración del Estado-, aclara el experto tributario, en conversación con este medio.
Sin embargo, Vargas también es enfático en señalar que si bien la Contraloría ya ha resuelto el asunto por vía interpretativa, la ley puede, para evitar cualquier hipótesis de conflictos de interés, establecer expresamente la prohibición de convenios y aportes o donaciones a las Municipalidades por parte personas naturales o jurídicas, que tengan o puedan tener interés en asuntos que deben ser resueltos por la misma Municipalidad; lo que dejaría entrever la inexistencia de una normativa que regule este tipo de donaciones de privados a entidades gubernamentales.
En cuanto a estos aportes, Mauricio Daza, abogado querellante en el caso SQM, cree que más allá de los cuestionamientos sobre la legalidad de los aportes que reciben las Municipalidades de forma directa por parte de grandes mineras, como SQM, se trata de una situación que abre dudas sobre la probidad de las autoridades comunales, ya que, son empresas que están sujetas a varias normas cuya definición y fiscalización se hace a nivel local.
-Si bien es necesario que las comunas desde donde se sacan las riquezas mineras del país reciban una parte importante de los beneficios de esa actividad, dejando de ser vistas como simples zonas de sacrificio, también es necesario evitar que las autoridades comunales sean capturadas a partir de lógicas de clientelismo, especialmente por parte de una empresa como SQM, la cual ha sido imputada por graves hechos de corrupción a partir de los cuales habría generado una red transversal al interior del Estado para beneficiar sus intereses y la de su controlador histórico, Julio Ponce Lerou-, explicó Daza en un reportaje anterior, pero quien al ser nuevamente consultado por esta problemática, mantuvo sus dichos.
Además, Daza tiene la convicción de que se debe establecer por ley un marco tributario transparente, el cual incluya un royalty minero de verdad, y que se haga una distribución equitativa de los beneficios que genera la minería para las regiones y comunas donde se desarrolla.
El Ciudadano contactó a la Municipalidad de San Pedro de Atacama para conocer su versión, respecto a los aportes recibidos de parte de empresas explotadoras de litio en el Salar de Atacama. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje siguen sin emitir respuesta.
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
