Convenios era Piñera: Seremi de Vivienda del gobierno de Piñera, adjudicó millonario convenio a ONG sin experiencia previa ni trabajadores

Tras el destape del reconocido “Caso Convenios” y el que gatilló la renuncia del ministro Giorgio Jackson -por presiones de la oposición-, la mayoría de los cuestionamientos por la entrega de recursos a fundaciones se han centrado en el oficialismo, especialmente, hacia Revolución Democrática por la entidad Democracia Viva. 

Sin embargo, en mayo pasado, el Gobierno Regional de Antofagasta recibió 103 mil millones de pesos en aportes de SQM Salar, esto tras firmar un “Convenio de Aportes” en julio de 2021, entre la ex Intendencia de la región (RN) y la sociedad minera, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Dicho acuerdo se firmó 5 días antes de que asumiera el actual Gobierno Regional. Pero, este no es el único caso de convenios en la era Piñera.

El Ciudadano tuvo acceso a documentos que acreditan presuntas irregularidades en las transferencias realizadas por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Tarapacá (SEREMI), a la ONG Enlace Urbano; organización creada en abril de 2021 en la comuna de Las Condes, teniendo como miembros de su directorio Diego Díaz Sepúlveda, Tiffany Whittaker Hyland y Francisco Goñi Pení; y la que nace por “el explosivo aumento de asentamientos informales” -como se lee en su página web-.

Pero, dicha organización no solo tiene operaciones en la Región de Tarapacá, ya que, funciona en al menos 7 regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, Araucanía y Los Ríos. 

No obstante, durante el año 2021 y a tan solo 5 meses de su creación, esta ONG se adjudicó sus primeros convenios en la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la que estaba a cargo en aquel entonces por Carlos Prieto Rojas, militante de Renovación Nacional y quien fue designado por el ex Presidente de la República Sebastián Piñera. Incluso, en septiembre de 2021, Prieto fue foco de polémica luego de publicar en sus redes sociales, comentarios en contra de la migración, responsabilizando al Frente Amplio y al Partido Comunista de aquello -mediante una foto de Gabriel Boric y Daniel Jadue-. 

Al revisar los antecedentes de este caso, se puede constatar que el 30 de noviembre de 2021, Enlace Urbano se adjudicó el monto $33.940.000, mientras que el 23 de diciembre de ese mismo año, se recibieron la cifra de $305.460.000. Dichas transferencias de recursos fueron realizadas bajo el convenio firmado entre Carlos Prieto (SEREMI), Juan Manuel Torres (SERVIU Tarapacá), y Diego Díaz (Enlace Urbano). 

Incluso en el detalle de las resoluciones exentas de estos convenios -del 15 de noviembre de 2021-, se lee que la resolución N°610 se aprobó el convenio de transferencia de recursos del programa de Asentamientos Precarios “Transición Habitacional campamento San Martín”, por un monto de $45.000.000, mientras que en la resolución N°611 se aprobó otro convenio de transferencia de recursos, esta vez para el programa de Asentamientos Precarios “Transición Habitacional campamento Phaxi Warmi” por $25.650.000.

“Resolución exenta N°612, de fecha 15 de noviembre de 2021, se aprobó el convenio de transferencia de recursos del programa de Asentamientos Precarios “Transición Habitacional campamento Nueva Esperanza I”, por un monto de $71.000.000 (…) Resolución exenta N°613, de fecha de 15 de noviembre de 2021, aprobó convenio de transferencia de recursos del programa Asentamientos Precarios al proyecto “Implementación de loteo de campamento Caramucho”, por un monto de $197.750.000”, se detalla en la denuncia interpuesta por el diputado Matías Ramírez, ante la Contraloría General de la República. 

Respecto a estas resoluciones, es importante precisar que el 02 de diciembre de 2021, se realizó la primera transferencia de recursos del Programa de Asentamientos Precarios a la ONG Enlace Urbano, la que están desglosadas de la siguiente manera: Proyecto San Martín $4.500.000; Proyecto Nueva Esperanza  $7.100.000; Proyecto Caramucho $19.775.000; y Proyecto Phaxi Warmi por un monto de $2.565.000.

Mientras que el 27 de diciembre de 2021, se realizó una segunda transferencia de recursos del Programa de Asentamientos Precarios a la misma ONG -revelándose un incremento en el valor de dichas transferencias-, bajo el siguiente desglose: Proyecto San Martín $40.500.000; Proyecto Nueva Esperanza $63.900.000; Proyecto Caramucho $177.975.000; y Proyecto Phaxi Warmi por la cifra de $23.085.000. 

Debido a la revisión de estos convenios entre el ex Seremi de Tarapacá y Enlace Urbano, y como se mencionó anteriormente, el diputado Matías Ramírez presentó un oficio -el pasado 9 de agosto- dirigida al contralor general de la República Jorge Bermúdez, con el objetivo de iniciar una investigación administrativa para determinar la existencia de actos u omisiones de carácter ilegal, y la responsabilidad administrativa de los funcionarios que participaron del proceso de autorización de las transferencias de recursos públicos.

“Dentro de los antecedentes y rendiciones revisadas, llama la atención que los primeros montos utilizados por la ONG corresponden al pago de honorarios de los propios directores de la fundación. En cada una de las rendiciones se puede observar que tanto Diego Díaz Sepúlveda, Tiffany Whittaker Hyland y Francisco Goñi Pení, todos directores de la ONG, emiten boletas de honorarios. Es más, a la fecha, muchos de los citados proyectos no han sido ejecutados pese a que el tiempo original de los convenios se encuentra notoriamente vencido”, se lee en dicho oficio, y al que El Ciudadano tuvo acceso. 

Respecto a lo anterior, este medio contactó al diputado Ramírez, quien sostuvo que tras el destape de la situación de las transferencias a fundaciones, particularmente en Antofagasta, en Tarapacá hicieron un levantamiento rápido respecto a la información, e inmediato resultó evidente la situación de la ONG Enlace Urbano.

-En Tarapacá no tiene experiencia previa, puesto que, fue creada 5 meses antes del primer trato directo, por lo que se consultó sobre otras transferencias anteriores y no había. En cuanto al personal, en las rendiciones se da cuenta que personal fijo no tienen, boletean los directores de la fundación y subcontratan en algunos casos a empresas o a honorarios a personas por cuestiones específicas-, explicó Ramírez. 

Además, en la denuncia a Contraloría se revela que entre los funcionarios involucrados -más allá de las responsabilidades del ex seremi-, está la encargada de asentamientos precarios Natalia Velásquez Rodríguez (quien hasta la fecha ejerce dicho cargo) y Alonso Velásquez Rodríguez -ambos hermanos-, siendo este último militante RN y quien se desempeñaba como jefe de gabinete de Carlos Prieto a la fecha de las transferencias. 

-Logramos revisar las rendiciones de los distintos proyectos en los cuales ha estado involucrado Enlace Urbano y nos damos cuenta que la gran mayoría solamente se han rendido con boletas de honorarios de los propios dueños de la ONG, del propio directorio de la ONG, cuestión que ya es ilegal, y que al final da cuenta de un sistema de pagos por proyectos que jamás se ejecutaron (…) estamos evaluando la presentación de una querella criminal que nos permita también determinar, a raíz de la investigación iniciada por el Ministerio Público, las responsabilidades que puedan existir en ese ámbito por delitos funcionarios, sea por fraude al fisco o algún otro. Acá hay una situación que se instala en el año 2021 con el gobierno de Sebastián Piñera, y que no solamente sucede con Enlace Urbano sino también con la fundación ENRED-, afirmó Matías Ramírez, diputado por la Región de Tarapacá. 

Finalmente, el monto total de transferencias recibidas por Enlace Urbano en el año 2021 es de $339.400.000, aunque el diputado Ramírez explicó que dicha cifra podría aumentar, debido a que se realizó una transferencia en octubre de 2021 de $103.900.000, la que no posee una resolución exenta, lo que para el parlamentario debe ser aclarado. 

Es importante precisar que Contraloría no está fiscalizando a las fundaciones, sino que las transferencias de fondos públicos recibidas desde  organismos públicos, mientras que el Ministerio Público es el encargado de investigar organismos y fundaciones.

Además, la ONG Enlace Urbano emitió un comunicado refiriéndose a la denuncia en contra de ellos, afirmando que “es una organización independiente, sin colores políticos ni fines de lucro, creada con el objetivo de generar e implementar soluciones para ayudar con la crisis habitacional que vive nuestro país. Cuenta con dos oficinas (Santiago y Tarapacá) y un equipo de más de 40 profesionales quienes trabajan para visibilizar la precariedad de miles de familias; acercar la oferta pública a comunidades postergadas y mejorar su calidad de vida”. 

“Enlace Urbano ha cumplido con el marco legal definido en cada adjudicación y ejecución de convenios que son parte del “Programa de Asentamientos Precarios”.  Es decir, cuenta con giros y actividades ante el SII, asociados a la actividad que realiza; entrega boletas de garantía correspondiente a cada proyecto que lo ha solicitado y, cumple con la entrega mensual de las “Rendiciones de cuentas para Entidades Receptoras”, las que dan cuenta del uso de los recursos destinados para cada proyecto, y las cuales son revisadas y aprobadas por cada SERVIU Regional”, se defendió Enlace Urbano. 

Actualmente, Enlace Urbano está en el listado de fundaciones investigadas por Fiscalía.