Indagado por la Fiscalía Centro Norte a raíz de una querella criminal interpuesta por otro oficial, que denunció presuntos delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, cohecho y falsificación de documentos públicos, el ex jefe de la Prefectura Aeropolicial de Carabineros, Enzo Coppa Astorga, no seguirá integrando las filas de la institución a partir de este mes.
Coppa figura en la nómina de más de 30 coroneles que este año, con motivo del recambio periódico de oficiales, pasarán a retiro absoluto.
Al coronel (r) le depara un futuro incierto, ya que a fines de agosto, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió proseguir con la investigación que instruye la fiscal de alta complejidad Macarena Cañas en relación a las denuncias que presentara en 2014 el entonces mandamás de la 39º Comisaría de El Bosque, teniente coronel Cristian Cofré Tommer, por numerosas «situaciones de corrupción» que involucraban a Coppa.
Según el escrito presentado por Cofré al tribunal, en forma paralela a su cargo en la Prefectura Aérea, Coppa desempeñó funciones como «gerente de operaciones, coordinador y supervisor de vuelos para empresas privadas, proporcionando los pilotos a dichas empresas, que no eran otros que los propios oficiales de Carabineros que estaban a sus órdenes en la citada prefectura o que se relacionaban con ella».
Fue así como el denunciado habría puesto a disposición de la firma Eurocopter «un verdadero staff de pilotos» para cubrir sus «requerimientos comerciales», entre ellos, los del empresario Gonzalo Yarur Ready, para quien ordenó exhibir en Pucón las capacidades de la máquina EC-135. «Como prefecto tenía la facultad de administrar los feriados de los oficiales pilotos de esa repartición», detalló el ex comisario de El Bosque.
En su acusación agregó que el superior, mientras gestaba negocios para Eurocopter, «mantenía directa relación con el proceso de licitación vigente en nuestra institución, respecto a la adjudicación del mismo modelo del helicóptero ofertado por Eurocopter a Carabineros de Chile».
«En razón a dicha circunstancia, el día 21 de febrero de 2013 y desde Pucón le hice ver de inmediato al coronel Coppa, en forma telefónica, lo inapropiado de mantener vínculos con la empresa Eurocopter, por cuanto era de público conocimiento que se encontraba en etapa de licitación la compra de un helicóptero institucional y donde dicha empresa era una de las oferentes, para lo cual me indicó ‘Cristian, no te preocupes, ese no es un tema, tengo buena llegada con Bruno Villalobos'», relató Cofré.
Villalobos, que en esa época ejercía como Director de Fronteras y Servicios Especiales, asumió en agosto de 2015 la dirección general de Carabineros.
«Finalmente, la empresa Eurocopter el 18 de febrero de 2013 se adjudicó la licitación de Carabineros con una aeronave que presentaba rendimientos técnicos menores que su competidor y de mayor precio de venta, producto de un ajuste efectuado por la comisión técnica evaluadora (ente cuyo superior jerárquico era Coppa)», enfatiza la querella.
En defensa del hoy excoronel, e intentando impugnar la decisión del juzgado de Garantía que rechazó la petición de cierre de la causa, el abogado Víctor Venegas presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde afirmó que el resultado de las diligencias acreditaron que los hechos expuestos en audiencia por el Ministerio Público «eran falsos» y no constituían delito.
Sin embargo, el tribunal de alzada capitalino rechazó la apelación. La Fiscalía argumentó que existían averiguaciones pendientes para acreditar quién redactó las bases de licitación que beneficiaron a Eurocopter y también respecto a nuevos antecedentes que darían cuenta de una relación comercial entre el oficial Enzo Coppa y el empresario Gonzalo Yarur.
PATAGONIA HIEDE
Fuentes de El Ciudadano confirmaron que también darán un paso al costado los coroneles Sergio Alarcón Torreblanca y Miguel Ángel Ortiz Farías, quienes se desempeñaron como jefes de la Prefectura Aysén de Coyhaique.
El primero ocupó dicho cargo hasta 2014, cuando tomó el control del Departamento Cuarteles de Santiago en momentos en que la repartición era investigada por la Fiscalía Metropolitana Oriente por eventuales desfalcos en la construcción de recintos policiales en Aysén, ocurridos bajo la gestión del general (r) Félix Flores, caso judicial que tiene en prisión preventiva a dos oficiales en retiro.
Hasta el sur austral llegó, posteriormente, el coronel Ortiz Farías, quien además de arrastrar una condena por el baleo de un menor en dictadura – causa de DDHH en la que también se tuvo como sospechoso al exgeneral director Gustavo González Jure, presente en el lugar el día de los hechos – fue cuestionado por una supuesta infracción a la Ley de Casinos, tal como informó en exclusiva este medio.
Otro oficial que dejará la policía verde oliva es el coronel Leonardo Glade, encargado de hacer una investigación administrativa para sancionar al autor de los disparos propinados al pescador Teófilo Haro, quien perdió la visión de un ojo en el contexto de la movilización “Aysén, tu problema es mi problema», en 2012.
De acuerdo con declaraciones entregadas a la Justicia Militar, diversos testigos señalaron hechos falsos en ese expediente para imputar responsabilidad a un suboficial inocente y exculpar al comandante Víctor Follert, presunto atacante de Haro. Ello motivó la apertura de un proceso por eventual obstrucción contra Glade, en su calidad de instructor del sumario interno que desvió la indagatoria principal.