La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó interpelar a Juan Ernesto Villamayor, asesor del presidente Mario Abdo Benítez. El llamado es para que explique por qué se reunió con Javier Troconis, miembro del grupo sedicioso de Juan Guaidó. Este último personaje es acusado de robar recursos de Venezuela en el extranjero, especialmente bienes y dinero relacionado a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales.
Varios medios paraguayos reseñan que la interpelación se realizará el próximo miércoles 20 de enero. Allí, Villamayor deberá responder las inquietudes de los diputados sobre sus contactos con el «emisario» de Guaido. Entre otras cosas, se abordará la mil millonaria deuda que mantiene Petróleos Paraguayos (Petropar) con PDVSA, utilizando como excusa que Guaidó es supuestamente «presidente interino» de Venezuela. El exdiputado inventó ese cargo con apoyo de Donald Trump. Desde entonces, Estados Unidos ha secuestrado y robado recursos y bienes de la refinería CITGO.
La interpelación se aprobó este miércoles, «tras un extenso debate». Villamayor deberá comparecer por «acusaciones en torno al fallido acuerdo para saldar la deuda de Petropar», reseña un comunicado de la Cámara.
Varios diputados del Frente Guasu, la mayor fuerza de izquierda en Paraguay, solicitaron la interpelación. Luego, los respaldaron la mayoría de las bancadas, incluida la oficialista que responde al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), antecesor de Benítez.
Las objeciones se deben «a la falta de transparencia en las negociaciones bilaterales en las que no se contó con la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores ni del Ministerio de Hacienda», dice el comunicado.
Durante el debate se escucharon duras críticas a Villamayor, muchas de ellas procedentes de diputados oficialistas. Por ejemplo, Tadeo Rojas, solicitó su renuncia por «empañar la imagen del Gobierno».
Paraguay quiere aprovechar la farsa Guaidó
Sobre este caso, Villamayor ha ofrecido dos ruedas de prensa. En ellas declaró que los «contactos partieron del entorno de Guaidó», con la participación de Javier Troconis. Este último asegura ser «comisionado» de Guaidó «para la gestión y recuperación de activos» de Venezuela en el extranjero.
De acuerdo con Villamayor, «se trataba de una oferta generosa para Paraguay», luego de que Benítez decidiera reconocer a Guaidó «como presidente encargado de Venezuela». Este hecho es público y notorio desde que Benítez estuvó presente en el intento de invasión paramilitar a Venezuela desde la frontera colombiana.
Según Villamayor, las negociaciones con Troconis no habrían prosperado. Alegó que no existen garantías «de que fuera validada por la Corte de Arbitraje Internacional, con sede en París. Esto porque allí llevó el caso el Gobierno de Venezuela que preside Nicolás Maduro.
Al asesor de Abdo Benítez dijo que el borrador estudiado en Asunción con Troconis -en noviembre de 2019- preveía una «rebaja sustancial». Ese benefició sería del 50% del capital que adeuda Petropar a PDVSA, dejando el pasivo en 132.940.000 dólares.
Además, explicó que Troconis prometió que Venezuela «renunciaría a todos los intereses moratorios, compensatorios, judiciales y extrajudiciales». Eso quiere decir que, si llegaban al acuerdo, el grupo de Guaidó se robaría recursos que pertenecen al Estado venezolano.
Negocio redondo
El negocio comprometía, además, a Venezuela, porque asumía pagar $ 26 millones al equipo del abogado argentino Sebastián Vidal. Este fue quien acompañó a Troconis en la reunión con Villamayor.
Este tipo de negociaciones han sido denunciadas ampliamente por el Gobierno venezolano. En Paraguay se conocieron tras una publicación del diario estadounidense The Washington Post. Inmediatamente surgieron críticas desde partidos de oposición y dentro del oficialismo, por no haberse informado públicamente de esas gestiones.
El reportaje detalla un contrato «prospectivo» con el Gobierno paraguayo que prevé un robo de al menos 26 millones de dólares. Esto, luego de que Guaidó decidiera condonar -sin atribución legal- la mitad de la deuda que tiene Petropar con PDVSA.
La comisión de 26 millones, por descontar la mitad de la deuda de 269 millones, sería destinada al abogado argentino Sebastián Vidal. Este personaje integra la trama delincuencial que gira en torno a Guaidó.
Medios paraguayos advierten que la interpelación a Villamayor puede iniciar una serie de procesos contra miembros del Gobierno de Benítez. Incluso, el Frente Guasú espera realizar un «impeachment» o juicio político al presidente, por sus negociaciones con emisarios de Guaidó y demás negocios secretos que pretendían ejecutar con el dinero que Petropar adeuda a PDVSA.
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