Las acusaciones entre Perú y Bolivia, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, han ido subiendo de intensidad desde hace un mes, hasta escalar al punto de máxima tensión que involucra a las cancillerías de ambos países y que pone en vilo las relaciones diplomáticas.
La víspera, La Paz respondió a través de sus redes sociales a Lima, que la señala de cometer actos de «injerencia» y de intervenir en su política interna.
En un trino, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano aseguró que «respeta el derecho internacional y el principio de no intervención», reseña RT.
«No aceptamos la insinuación sobre una supuesta injerencia en asuntos internos de la República del Perú, con quien mantenemos una histórica relación entre pueblos hermanos«, dice el corto escrito.
Estas afirmaciones son en respuesta a un par de tuits emitidos por Torre Tagle donde se informa que se le entregó una nota al embajador boliviano en la que se «transmite una enérgica protesta» por las declaraciones del presidente de ese país, Luis Arce, «sobre temas de política interna».
La cuerda se tensa
Además de su queja, Lima sostiene que «la Cancillería evalúa acciones ante nuevos actos de injerencia», por lo que en las próximas horas podrían conocerse nuevos pronunciamientos.
La carta más reciente sobre el futuro cercano de las dos naciones la puso sobre la mesa María del Carmen Alva, congresista del partido derechista Acción Popular y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Tras una reunión con la canciller Ana Cecilia Gervasi no descartó una ruptura de relaciones diplomáticas con Bolivia, recoge La República.
Alva aseguró que durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realiza en Argentina, la titular de Relaciones Exteriores peruana sostendrá un encuentro con su par boliviano, Rogelio Mayta, «para tomar un decisión».
Dedos hacia Bolivia
En el convulso ambiente que se vive en las calles de Perú, sacudidas por protestas que exigen la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones, desde el Ejecutivo se apunta hacia La Paz. Hasta el momento, se contabilizan 62 muertos en las movilizaciones, según cifras extraoficiales; y 56, de acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo.
En paralelo, las organizaciones internacionales han advertido sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad presentes en las manifestaciones protagonizadas por campesinos del sur y el oriente del país, entre denuncias de violación de los derechos humanos.
Diferentes miembros del Gabinete peruano coinciden con los sectores de la extrema derecha en catalogar al país vecino como un factor desestabilizador que desde hace meses ha estado calentado el ambiente para que ocurran las manifestaciones y que, incluso, ha proporcionado las armas con los que han sido asesinados algunos de los participantes en las marchas.
Las más recientes afirmaciones en esta dirección las hizo el diputado derechista Ernesto Bustamante que planteó como salida una invasión militar contra Bolivia, si no atendía el ultimátum de Boluarte de «frenar el apoyo material y financiero a los terroristas en Perú».
Ya la semana pasada, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otálora, dijo que había «indicios y pruebas» de que se utilizaron proyectiles y armas procedentes de la nación vecina, durante las protestas.
Este martes, la presidenta Boluarte dijo ante la prensa internacional que el Gobierno ha recibido «información extraoficial» que indica que algunas de las muertes en las protestas fueron producto de impactos de balas ‘Dum Dum’, un tipo de proyectiles que «la policía no usa». En ese sentido, advirtió que ese tipo de armamento podría haber ingresado por la frontera con Bolivia «traídas por los Ponchos Rojos», un grupo de indígenas bolivianos que apoyan las propuestas políticas de Evo Morales. Por eso pidió a la Fiscalía «acelerar las investigaciones» para «saber la verdad».
Sin embargo, estas acusaciones, aún sin pruebas públicas, parecieran deslegitimar la existencia de los manifestantes que han salido de sus remotos pueblos hasta la capital peruana para exigir ser tomados en cuenta por el Estado, tras años de desatención.
¿Qué ha dicho Bolivia?
Un día antes la respuesta a Lima a través de la cuenta de Twitter de la Cancillería boliviana, los medios difundieron unas declaraciones del presidente Luis Arce, donde mencionaba los conflictos cercanos y hacía referencia a sus países vecinos.
«En el Perú, donde tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia, y también por recuperar el derecho a elegir un Gobierno que los represente», manifestó el mandatario boliviano.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano esto es «una injerencia inaceptable en asuntos que sólo competen a los peruanos», según sus trinos recientes.
El pasado 7 de diciembre, Arce también se pronunció en contra de la destitución de Castillo y le expresó su respaldo, a través varios tuits donde escribió que «desde un inicio» la derecha peruana había intentado «derrocar a un Gobierno democráticamente electo por el pueblo».
Aunque este ha sido el intercambio más directo tras la agudización de la crisis política peruana, desde que el maestro rural alcanzó el triunfo en las elecciones de 2021, los sectores opositores y, más recientemente, el primer ministro de ese país han catalogado al expresidente boliviano, Evo Morales, como el «cerebro» de una operación de desestabilización que se ha afinado con cada visita que ha hecho al territorio vecino.
Tantas fueron las acusaciones en su contra, que a principios de enero se le prohibió al líder del Movimiento al Socialismo (MAS) el ingreso a Perú porque se consideraba que su presencia afectaba la seguridad nacional y el orden interno. No obstante, los seguidores de Castillo iniciaron las protestas apenas se supo la decisión declarar la vacancia y ya en 2021 habían tomado Lima para esperar que se conocieran los resultados que lo dieron como triunfador.
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