Cui bono: ¿Operación de inteligencia contra el general Hermes Soto?

Vertiginosa es la palabra exacta para definir la última semana en Carabineros. El lunes, coincidiendo con el regreso del presidente Sebastián Piñera y ad portas de que el mandatario exigiera responsabilidades de mando tras el millonario fraude y la novela de tropiezos y engaños vinculados a la Operación Huracán, el general Bruno Villalobos presentó su renuncia.

A las pocas horas se informó la salida de Gonzalo Blu, jefe de la Dipolcar que visó los presuntos documentos fraudulentos de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Temuco, en los cuales se intentó ligar a mapuches con atentados y a funcionarios del Ministerio Público y la ANI con filtraciones.

La caída de Blu permitió dejar vacante un espacio en la lista de cinco generales que debía ser analizada por Piñera y su ministro del Interior, Andrés Chadwick, para nombrar al nuevo mandamás de la policía uniformada. En el intertanto, el cargo fue subrogado por el número dos de Villalobos, el ex timonel de la Dirección de Personal Julio Pineda, quien también tenía en sus manos el sumario de Huracán.

Fue así como apareció el nombre del general Hermes Soto Isla. El jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros ya sonaba fuerte en las consideraciones del Ejecutivo para encabezar el anunciado proceso de reestructuración del cuerpo verde oliva, por lo que solo bastaron dos días para que fuera nombrado director.

A las pocas horas, el nombramiento debió enfrentar su primer contrapié. En Twitter, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) difundió un pantallazo con la hoja de vida de Hermes Soto. En ella se destacaba una sanción que el oficial había recibido el 19 de marzo de 1983 por concurrir «periódicamente a un latrocinio» y ser «amigo íntimo de la regente de un prostíbulo».

Gutiérrez fue aun más allá e indicó, en la red social, que Soto era «atendido gratis a cambio de protección». Entrevistado por Radio Biobío, el parlamentario agregó algo que llamó la atención: planteó que los cuestionamientos echaban «al tacho de la basura» los reparos realizados contra el antecesor del nuevo director, es decir, contra Bruno Villalobos.

En La Tercera preguntaron a Gutiérrez si él tenía relación con Villalobos. «Nunca he sido amigo… Lo conocí en su cargo de General Director. Un poco antes… cuando lo denuncié por interferencias telefónicas. Alguien vino a la Comisión de Derechos Humanos a informar y se comprobó que no era cierto», contestó.

En ese caso podría haber un vuelco, ya que el 13 de marzo CIPER reveló que la Fiscalía investiga posibles escuchas telefónicas ilegales realizadas por la UIOE de La Araucanía a personas «sin vínculos con comunidades mapuche».

MENSAJERO CONTRA MENSAJERO

Desde el gobierno señalaron que el propio general Hermes Soto había transparentado el episodio del prostíbulo antes de ser nombrado. El titular del Interior comentó que el mismo era «absolutamente irrelevante» para la tarea que se le ha encomendado.

Poco antes de plantear en Icare que la «modernización policial» de Soto implicará devolver el corazón de la institución a su lugar en «subcomisarías, más que en Dipolcares», Chadwick respondió que el hecho de haber notificado anticipadamente la anotación hablaba «muy bien de él (Soto)», pero mal de quienes habían filtrado el antecedente.

La polémica llevó a discutir si la información revelada por el diputado Hugo Gutiérrez era pública o no. El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, explicó a través de la prensa que, en estricto rigor, cualquier documento relacionado con el historial de funcionarios de Carabineros tiene, por ley, carácter público.

De hecho, éstos pueden ser requeridos por cualquier ciudadano a través de la Ley de Transparencia, con la salvedad de que la documentación debe proteger datos personales y sensibles de terceros. Esto se realiza aplicando un «principio de divisibilidad» con tachas de información efectuadas por cada servicio.

En el pasado, la corporación ha ordenado entregar hojas de vida pero tachando sanciones administrativas prescritas. La nota negativa de Hermes Soto, realizada hace más de 30 años, cuando era subteniente, cae en esta categoría. Ergo, el documento publicado por Gutiérrez necesariamente debió originarse de bases de datos manejadas por un estrecho número de funcionarios de Carabineros con acceso a información que por plazos ya no debiera existir.

Fuentes policiales consultadas por El Ciudadano afirman que la sanción contra Soto sería, en realidad, consecuencia de conflictos personales entre el hoy general director con el prefecto y superior de la época, Renato Rodríguez, oficial que irónicamente, en sus años de juventud, también fue acusado de cometer faltas por un diputado.

Así da cuenta la edición Nº 67 de la Revista Punto Final del 5 de noviembre de 1968, donde se informa que el representante radical por Malleco, Juan Rodríguez, denunció en la Cámara al capitán comisario de Curacautín por «burlar disposiciones municipales, con lo que consigue beneficio monetario, y de golpear a detenidos en forma ilegal y deshumanizada».

OLOR A AZUFRE

«No hay que ser ingenuos. Esta aparición de este antecedente al mismo tiempo de su designación, sin duda es parte de una ‘operación de inteligencia’ que está promovida desde el interior de Carabineros», opinó el viernes, en conversación con Publimetro, el diputado PS y ex miembro de la comisión investigadora del «Pacogate», Leonardo Soto.

El integrante de la Cámara Baja indicó que los responsables «probablemente provienen de las redes internas de corrupción que existen en esta institución, que buscan impedir que asuma un general director que cambie estructuralmente».

Al parecer en esa línea Carabineros concurrió ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago para denunciar la acción como un delito de incumplimiento de deberes militares -contemplado en el artículo Nº 299 del Código castrense- dirigido a «empañar» la designación de Hermes Soto como general director.

Según El Mercurio, la institución planteó abiertamente la hipótesis de una «maquinación» fraguada desde el interior sus propias filas, por parte de «uno o más miembros de la policía uniformada», es decir, un acto coordinado en el que necesariamente debió existir premeditación y ánimo de enlodar a la autoridad.

Luego de versiones que apuntaban a que la institución había logrado seguir la trazabilidad del documento difundido por Hugo Gutiérrez, el fin de semana se conoció el nombre de quien sería el primer sospechoso: un comandante que se desempeñó como secretario personal del ex director Bruno Villalobos en la anterior administración.

Quienes lo conocen hablan de un oficial con «lealtad al sistema y a jefes directos», alguien que, en la eventualidad de estar envuelto en un hecho de esta naturaleza, probablemente no delataría con facilidad a aquellos que le ordenaron ejecutar la acción. El segundo componente del perfil es su especialidad de inteligencia, sello que marcó a los colaboradores más cercanos de Villalobos.

Consultado el sábado sobre la situación del uniformado, el general Hermes Soto informó que hasta el momento no hay «nadie sancionado ni suspendido del servicio» pero «no podía descartar a nadie». El jefe policial subrayó que «el comandante está trabajando en su área de trabajo de forma normal, y si él tuviera alguna implicancia en la situación veremos qué medidas se optarían».

VILLALOBOS Y LA PROSTITUCIÓN

Si se tratara de perseguir eventuales nexos policiales con latrocinios hay quienes plantean que el predecesor del general Soto dejó tareas inconclusas. Una de ellas se relaciona con la mantención en el cargo -previo ascenso- del actual director de la Academia de Ciencias Policiales (Acipol), César Bobadilla Pinilla, quien habría conocido a Villalobos en la Dipolcar.

En el año 2000, Bobadilla fue indagado por el OS7 de Carabineros de Concepción, ya que su tarjeta de presentación fue hallada en poder del traficante Manuel Hernández Delgado, alias «Mañungo», quien regentaba diversos prostíbulos en Coronel. La investigación determinó que el oficial -que hoy está encargado de instruir a los futuros generales- era vecino de «Mañungo», y compartía con él en forma privada.

Casualmente, a cargo de la Dirección de Educación de la cual depende la Acipol de Bobadilla, se encuentra el general Rafael Rojas Agurto, ex edecán de Michelle Bachelet. En 1995, Rojas fue ligado a una presunta red de protección a favor de «Mañungo» por un cabo del OS7, quien aportó su relato en el expediente judicial rol 21.600 del ex Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano.

Otra situación cuestionable que salpica a Villalobos es el hecho de no haber traspasado al Ministerio Público información relativa a presuntos delitos cometidos al interior del nigth club Acapulco, ubicado en la ciudad de Coyhaique.

En una carta recibida en febrero de 2016 por su ayudante, la sargento Bárbara Torres, se indicó a Villalobos que en la Región de Aysén existían «diversos prostíbulos, al amparo de patentes comerciales de alcoholes, bajo el rubro de restaurante… donde a puertas cerradas, a pesar de ser un lugar de acceso público, funciona en su interior el ofrecimiento sexual por parte de mujeres especialmente extranjeras, y sin ningún tipo de fiscalización policial».

De acuerdo a lo informado vía Ley de Transparencia a este medio, Villalobos ordenó «verbalmente» estudiar los antecedentes a Dipolcar. El análisis efectuado, según el ex director, no habría acreditado la existencia de funcionarios involucrados o ilícitos en el Acapulco. Ello pese a que en junio de 2016 la regente del local fue condenada por el delito de facilitación de ingreso de personas al país con fines de explotación sexual.

En la sentencia de la causa RIT 579-2016 del Juzgado de Garantía de Coyhaique se establece que el hecho que motivó la sanción penal se extendió hasta «marzo de 2016», es decir, hasta un mes después de que Villalobos recibiera la misiva.

Matías Rojas – [email protected]