Un amplio respaldo tuvo la decisión de la ministra del Deporte, Natalia Riffo, de suspender el paso del Rally Dakar programado en nuestro país para 2016. La determinación fue tomada en conjunto con la francesa Amaury Sports Organisation (ASO) y se debe principalmente a los aluviones que arrasaron los poblados del árido norte chileno.
Sin embargo, la actividad internacional no ha estado exenta de críticas que llaman a terminar indefinidamente con el evento. Si bien el gobierno optó por cancelarlo en vista de los problemas de conectividad que generó la tragedia, la autoridad ministerial no se cerró a continuar con la prueba en 2017.
El diputado radical Marcos Espinosa instó a la ministra Riffo evaluar todos los antecedentes entregados por el Consejo de Monumentos Nacionales que dan cuenta que no sólo en la Región de Antofagasta se ha afectado un 25% de los sitios patrimoniales de alto valor arqueológico e histórico que existen.
En enero de este año, la PDI detuvo a dos pilotos europeos, el italiano Matteo Casuccio y el holandés Kees Koolen, por provocar daños a rutas patrimoniales durante el Rally Dakar. Los corredores se desviaron del trazado hacia una ruta protegida que fue utilizada por el Ejército durante la Guerra del Pacífico.
En 2013, el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Emilio de la Cerda, ofició al Consejo de Defensa del Estado para que tomara medidas por los patrimonios milenarios que estaban viéndose afectados con el paso de vehículos de carga pesada, daños que estaban siendo ignorados por el entonces titular del Instituto Nacional del Deporte, Gabriel Ruiz-Tagle.
Pero sobre el Dakar han trascendido otros hechos deleznables. El año recién pasado, la policía francesa detectó un cargamento de 1,393 kilos de cocaína adheridos a las ruedas de un camión de abastecimiento que participó en la competencia y zarpó desde el puerto de Valparaíso pese a los controles del Servicio de Aduanas.
En la investigación interna que realizó la Aduana chilena, a la que tuvo acceso El Ciudadano, funcionarios del Departamento Antidrogas del servicio representaron las dificultades logísticas que habían tenido para controlar el ingreso y seguimiento de vehículos de la carrera, y para coordinarse con autoridades de gobierno.
El sumario concluyó que no había ninguna responsabilidad administrativa de aduaneros, aunque la investigación continúa adelante en la Fiscalía de Valparaíso sin que se conozcan resultados oficiales.
En diciembre de 2014, el Consejo para la Transparencia manifestó su “preocupación” por la nula existencia de registros escritos en poder del Ministerio del Interior de Andrés Chadwick, relativos a las acciones tomadas por la administración de Piñera luego del hallazgo de la cocaína en Europa.
En conversación con la prensa, Chadwick había indicado que pediría un informe completo a la Policía de Investigaciones de Chile sobre la red que había sido descubierta en Francia, pero la respuesta oficial entregada este año por el subsecretario Mahmud Aleuy – relata la Decisión de Amparo C1143-14 del CPLT – es que el Ministerio no intervino de forma alguna en el caso, y que Chadwick sólo conversó por teléfono con la jefatura de Investigaciones sin dejar registro.
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