En febrero de 2015, tomando una decisión audaz, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago falló en contra de la Policía de Investigaciones en una demanda por acoso laboral interpuesta por un oficial en retiro de la institución.
Los dardos apuntaban al entonces prefecto Luis Sandoval Monteiro, quien llegó a liderar la Jefatura Nacional de Homicidios. Se afirmaba que Sandoval había tenido «motivaciones ocultas» para que el demandante no participara en la investigación por la muerte del senador de la UDI Jaime Guzmán, reactivada en 2010, abriendo un sumario administrativo lleno de vicios para expulsarlo de la policía.
El juez David Gómez Palma consignó en su fallo que el sumario abierto en contra del ex subprefecto Gilberto Opazo Aravena por Sandoval «no cumplió totalmente con el mandato que le dio origen», el cual tenía relación con aclarar las denuncias de hostigamiento hechas por el primero a su superior. El magistrado indicó también que con ello se vulneró el derecho a la libertad de opinión del oficial, quien terminó sancionado por decir que el jefe policial «mentía».
En las declaraciones realizadas ante el tribunal del trabajo se conoció, en virtud del interrogatorio hecho en audiencia al subdirector administrativo de la época, Víctor Donoso Diez, que múltiples declaraciones tomadas por la Fiscalía Administrativa que instruyó el sumario contra Opazo habían sido «simuladas».
Lamentablemente para el denunciante, la resolución del juez Gómez fue anulada por la Corte Suprema, no en el fondo sino en la forma, puesto que el Fisco alegó caducidad en la acción de tutela emprendida por el afectado, sin valorar nuevamente las pruebas de vulneración laboral aportadas en el juicio.
EL CONTRATO
Al interior de la PDI llama la atención que Luis Sandoval, justamente el oficial denunciado por acoso, mantenga un puesto en la institución. No sólo por el caso que lo vincula con la salida del subprefecto (r) Opazo, sino por el episodio que terminó en 2013 con la renuncia del ex oficial Benjamín Cerda Barake a raíz de insultos y amenazas proferidas por Sandoval tras un procedimiento de drogas realizado por la Brigada de Investigación Criminal La Cisterna.
Sandoval es mencionado, también, como supuesto torturador en una querella presentada al ministro Mario Carroza por el ex detective Ricardo Bopp Negrete, quien exigió indagar los apremios que habría recibido en 1982 en su calidad de alumno de la Escuela de Investigaciones bajo las órdenes de un instructor de nombre Miguel Bravo Boado.
El Ciudadano accedió por Ley de Transparencia a una copia del contrato a honorarios que el nuevo director general de la PDI, Héctor Espinosa, firmó con el ex prefecto Sandoval en diciembre de 2015.
En el documento, el contratante encomienda al prestador la realización de «asesorías en el diseño de un programa académico, validado por el Centro de Capacitación Profesional, orientado a modelar capacitaciones durante el año 2016, en la que gestará talleres en las diferentes brigadas de investigación criminal, que permitan un correcto desempeño en sitios del suceso, como asimismo, reforzar la dinámica de la entrevista policial, para desempeñarse en la Subdirección Operativa».
Se indica que Sandoval «realizará una prestación de servicios de 22 horas semanales, las que serán distribuidas por el contratante, según sus necesidades, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, o hasta cuando sean necesarios sus servicios», fijando una remuneración de 12 mensualidades de $1.500.000, con la obligación de emitir informes trimestrales al director.
CANASTA FAMILIAR
En diciembre de 2010, al momento de ocurrir el fatal incendio en la Cárcel de San Miguel, la esposa de Luis Sandoval, Soraya Bilbao Opazo, ejercía como jefa Metropolitana subrogante de Gendarmería de Chile. Ambos se hicieron presentes en el sitio del suceso: él en su calidad de jefe nacional de Homicidios y ella en el cargo que subrogaba.
Según fuentes de El Ciudadano, al vislumbrar una eventual responsabilidad de su mujer y otros oficiales del servicio penitenciario, Sandoval, lejos de inhabilitarse, tomó directo mando del equipo investigador y pidió que se le informara todo cuanto ocurriera en la investigación, especialmente cualquier antecedente que afectara a su cónyuge o a funcionarios cercanos a la misma.
Bilbao se retiró de Gendarmería en 2012, pero su nombre volvió a aparecer vinculado a posibles actos irregulares cuando El Ciudadano publicó un listado de oficiales de Gendarmería que recibían pensiones millonarias, superiores al tope de 60 UF y por tanto ilegales, según el criterio aplicado este año por la Contraloría General de la República, ya que se habrían inflado de manera artificial con asignaciones improcedentes.
En efecto, a diciembre del año 2015, el monto de la jubilación percibida por Soraya del Carmen Bilbao Opazo era de $4.044.249. Su nombre fue incluido en la lista de pensiones abultadas que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó investigar como un posible fraude al Fisco, en conjunto con los pagos a la esposa del diputado Osvaldo Andrade, Myriam Olate, ante una querella interpuesta por el abogado Roberto Ávila.
Otro hecho que genera molestia es que una hija de Luis Sandoval, que se tituló de abogada en mayo de 2015, fuera inmediatamente enrolada en la PDI en julio del mismo año para desempeñar funciones en la Jefatura Jurídica.
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